El rescate de Plus Ultra llega al Tribunal de Cuentas

El sindicato Manos Limpias ha presentado un escrito en el Tribunal de Cuentas en el que reclama al organismo auditor que examine las cuentas de los tres últimos años de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, a consecuencia de la polémica ayuda de 53 millones de euros concedida a la aerolínea Plus Ultra.

En el documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el secretario general del colectivo, Miguel Bernad, considera que el desembolso de dinero público destinado a la compañía en manos de empresarios venezolanos es solo la «punta del iceberg» de lo que considera un supuesto uso fraudulento de esas ayudas a empresas consideradas «estratégicas».

De ahí que Bernad –que se sienta en el banquillo en el «caso Ausbanc» por supuestas extorsiones a entidades bancarias– reclame al Tribunal de Cuentas «se proceda a auditar», mediante un informe contable, «las ayudas públicas concedidas por esa entidad pública», que según expone dispone de un fondo de 10.000 millones de euros para estos fines, durante el último trienio.

«Existe una presunción más que razonable de que ese fondo ha sido utilizado fraudulentamente –mantiene Manos Limpias– siendo el primer caso detectado, la concesión de 53 millones de euros a la aeronáutica Plus Ultra», investigado por un juzgado de Madrid, «la punta del iceberg del resto de ayudas públicas concedidas presuntamente con fraude».

Investigación judicial por malversación

La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, investiga por esa ayuda a Plus Ultra al vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, ex presidente en funciones del organismo, y a los miembros de su Consejo de Administración –catorce altos cargos de nueve ministerios, entre ellos, las secretarias de Estado de Hacienda y Economía, Inés Bardón y Ana de la Cueva, respectivamente.

La semana pasada, la instructora admitió a trámite una denuncia de Manos Limpias contra Lora y su Consejo de Administración por malversación de caudales públicos y tráfico de influencias al considerar que los hechos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».

La magistrada ya ha reclamado a la SEPI que identifique a los integrantes de su Consejo de Administración y que le remita el expediente completo tramitado para la ayuda pública» otorgada a Plus Ultra.

Una compañía “estratégica”

Manos Limpias considera a los miembros del Consejo de Administración de la SEPI «cooperadores necesarios» de esa supuesta malversación por la gestión de los fondos de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas –destinados a sociedades que atraviesen dificultades financieras que amenacen su supervivencia–, de los que 53 millones fueron a parar a la aerolínea.

El colectivo de funcionarios cuestiona el carácter estratégico de una compañía que, según expone en su denuncia, opera solo «con el 0,03% de los vuelos en España» y arrastra números rojos desde su fundación en 2011, con unas pérdidas de diez millones de euros. «Solo tiene un avión en activo, con 17 años de antigüedad», que además «solo ha hecho un vuelo a Venezuela», señalaba.

De hecho, Plus Ultra transporta solo al 0,08 por ciento de los pasajeros internacionales «y aporta menos del 1% de las conexiones aéreas» en el aeropuerto de Barajas. El sindicato pidió a la juez que reclamase a la sociedad estatal el plan de viabilidad de la compañía y los informes económicos y jurídicos sobre su situación elaborados por las consultoras DC Advisory y Deloitte. Por el momento, la juez no ha accedido a esa petición.