Rescate de Plus Ultra: una juez investigará al ex presidente de la SEPI y a 14 altos cargos de nueve ministerios

Un juzgado de Madrid investigará el rescate de la aerolínea Plus Ultra. La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de la capital, Esperanza Collazos, ha admitido a trámite la denuncia de Manos Limpias contra el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, actual vicepresidente, y los miembros de su Consejo de Administración por la ayuda de 53 millones de euros que inyectó a la compañía.

A este organismo pertenecen en la actualidad, en calidad de vocales, catorce altos cargos de nueve ministerios, desde secretarios de Estado a subsecretarios y directores generales: Hacienda, Transición Ecológica, Defensa, Economía, Transportes, Trabajo, Industria y Presidencia. Entre ellos, las “número dos” de Hacienda y Economía, Inés Bardón y Ana de la Cueva, respectivamente.

En la resolución, adelantada por El Español y a la que ha tenido acceso este periódico, la magistrada centra la investigación en la existencia de un posible delito de malversación, obviando el de tráfico de influencias que también imputa a Lora el colectivo denunciante.

Y es que para la instructora los hechos “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”. Y dado que no están determinadas “la naturaleza y circunstancias” de los mismos “ni las personas que en ellos han intervenido”, añade, procede abrir diligencias previas para esclarecerlos.

En esa línea de identificar a las personas que tomaron la decisión de conceder la polémica ayuda, Collazos reclama al SEPI que identifique a los integrantes de su Consejo de Administración. Del mismo modo, acuerda que se pida a la sociedad estatal “el expediente completo tramitado para la ayuda pública” otorgada a Plus Ultra.

La denuncia: el Consejo, “cooperador necesario”

En la denuncia, Manos Limpias considera a los miembros del Consejo de Administración de la SEPI “cooperadores necesarios” de la conducta supuestamente delictiva que les atribuye, pues tenían a su cargo “la administración, dirección y gestión” del organismo y la administración de los fondos de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, de 10.000 millones, del que se benefició la aerolínea. Unas ayudas que, según la UE, deben ser de carácter estratégico y para empresas que atraviesen dificultades financieras que amenacen su supervivencia.

El colectivo que dirige Miguel Bernad -que se sienta en el banquillo del “caso Ausbanc” acusado de supuestas extorsiones a entidades bancarias a cambio de retirar denuncias judiciales- hizo hincapié en que la aerolínea operaba solo “con el 0,03% de los vuelos en España” y arrastra números rojos desde su fundación en 2011, con unas pérdidas de diez millones de euros. “Solo tiene un avión en activo, con 17 años de antigüedad”, que además “solo ha hecho un vuelo a Venezuela”, señalaba en la denuncia ahora admitida a trámite.

Manos Limpias -que también llamó la atención sobre el hecho de que Plus Ultra transporta únicamente al 0,08% de los pasajeros internacionales “y aporta menos del 1% de las conexiones aéreas” en Barajas- reclamó que se instase a la SEPI a facilitar el plan de viabilidad de la compañía aérea en manos venezolanas y que se solicitase a la aerolínea los informes económicos y jurídicos sobre su situación elaborados por las consultoras DC Advisory y Deloitte. Unas diligencias sobre las que, por ahora, la juez que investiga los hechos no se ha pronunciado.

Fuentes cercanas al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas han expresado la plena disposición a colaborar con la Justicia y, por tanto, a actuar “con la máxima transparencia y rigor” ante posibles requerimientos orientados a esclarecer cualquier tipo de dudas que puedan suscitarse en relación con este procedimiento.

“Motivación política”

El pasado abril, Manos Limpias amplió su denuncia. Tras apuntar a “una motivación política, y no económica” en la polémica ayuda, añadió otros dos delitos, corrupción en los negocios y contra el mercado y los consumidores (por alteración de precios que impidan la libre competencia), y sumó otros tres denunciados: el presidente de la aerolínea, Fernando García Manso, y sus máximos accionistas -a través de las sociedades Snip Aviation y Flyspain- José Reyes Rojas y Raif El Airigie Harbie.

En ese escrito, subraya el fondo de ayudas a la solvencia a empresas estratégicas se dirige a compañías que no estuvieran en dificultades financieras antes del 31 de diciembre. Sin embargo, subraya, Plus Ultra “tenía acumulada una deuda de más de diez millones de euros”.

Para el colectivo de funcionarios se ha vulnerado, además, “la proporcionalidad de la ayuda”, pues señala que la Unión Europea establece, en el punto 54 del marco temporal de medidas de ayuda estatal en respaldo de la economía en la actual situación pandemia sanitaria, que para garantizar esa proporcionalidad, la ayuda “no puede superar el mínimo necesario para garantizar la viabilidad del beneficiario”.

En esa ampliación de su denuncia, Manos Limpias asegura asimismo que tres bancos, Santander, BBVA y Bankinter, “rechazaron financiar a la compañía Plus Ultra, aunque hubiera aval del ICO”.