Villarejo reconoce que se embolsó 12 millones en un pelotazo urbanístico

El comisario jubilado José Manuel Villarejo reconoció haber pegado un pelotazo de 12 millones de euros, según consta en un grabación realizada el 15 de febrero de 2017 e incluida en el sumario de la “Operación Kitchen”. En el audio, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el ex mando policial habla con un periodista sobre el informe que realizó en 2015 el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre su fortuna oculta, cuyo origen el propio Villarejo sitúa en un pelotazo urbanístico que habría dado en Córdoba.

“Es un informe hecho ‘ad hoc’, totalmente falso”, asegura Villarejo al informador, al que explica que había comprado unos terrenos en 1992, para los que hizo un proyecto urbanístico que le “boicotearon”. El comisario sostiene, además, que Sandokán, en referencia al constructor Rafael Gómez Sánchez], “con la alcaldesa del Partido Comunista [Rosa Aguilar], que luego se pasa al PSOE, me hacen la envolvente para echarme. Me intentan joder para echarme, y yo peleo, le gano los juicios, que provocan la ruina que tiene Sandokán. Y en un momento determinado; no Sandokán, que me hace la opción de compra y tal, que nunca me pagó, sino un grupo muy serio que se llama Tremon, que me paga una pasta, pues sí, pero una pasta por un terreno que yo había comprado, y que ellos habían recalificado y yo estaba en medio”, especifica.

“Y una cosa que compro, a los 15 años lo he multiplicado por diez. ¡Vivan mis huevos! Seis no, me llevé casi 12 kilos, macho, casi 2.000 millones de pelas, de puta madre”, prosigue Villarejo, que asegura después que una parte de ese dinero lo invirtió en Uruguay: “Era un sitio que yo ya lo conocía por los años 80, pero claro, todo declarado, en transacciones exteriores, y claro al cabo de los años, cojo y bueno, ya empieza esto a tener otro tal, y me vuelvo a traer la pasta para aquí. ¿dónde está el problema?”, concluye el comisario, a quien se le atribuía en 2015 una fortuna de 16 millones, una cantidad que según el propio Villarejo no era ni el 10% del dinero que tenía escondido.

La Brigada de Asuntos Internos ha descubierto que Villarejo es propietario de dos palacetes en Uruguay valorados en más de un millón de euros. Además, la investigación desarrollada por los fiscales de Anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano ha puesto de manifiesto que la Policía rechazó investigar el patrimonio de Villarejo, pese a que el Servicio de Prevención del Blanqueo alertó de las actividades del ex comisario.

En concreto, el inspector jefe de la Policía Manuel Morocho declaró el 21 de febrero de 2019 al juez que investiga en la Audiencia Nacional el “caso Kitchen”, Manuel García Castellón, que la cúpula de la Policía del Gobierno de Mariano Rajoy rechazó investigar en marzo de 2015 a Villarejo. Según este agente, en esos momentos ya había indicios suficientes de que podía estar cometiendo delitos de blanqueo de capitales con sus empresas.

Morocho aseguró al instructor que el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, eludió a estudiar un informe que él había realizado sobre Villarejo, que se basaba en la información facilitada por el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Según explicó este agente, la cúpula policial no quiso investigar a Villarejo, pese a que “existían una serie de elementos que, puestos en común, como por ejemplo transferencias de fondos desde el exterior justificadas en unos préstamos a personas físicas que luego se cancelan con entregas de inmuebles, daban lugar a que desde el punto de vista del blanqueo se pudiera conceptuar como operaciones de riesgo”.

El ex comisario, siempre según este testigo, había creado “estructuras empresariales holding en las que se ponían como personas titulares de las acciones a terceros”, como si fueran fiduciarios o testaferros.

El que fuera jefe de gabinete y hombre de confianza de Eugenio Pino, José Ángel Fuentes Gago, había sido elegido para investigar el patrimonio de Villarejo, que había salido a la luz gracias a una información publicada el 10 de marzo de 2015 en El País, en la que se aseguraba que este ex comisario participaba en 12 sociedades con un capital de 16 millones de euros. Pero Fuentes Gago se negó a abrir un expediente disciplinario al ex mando policial.

“Yo analicé el documento [del Servicio de Prevención del Blanqueo] e hice un esbozo del blanqueo”, declaró también Morocho, quien concluyó: “Se producían una serie de elementos indiciarios que apuntaban a que se estaban generando unas estructuras societarias, unas operaciones inmobiliarias y unos flujos de dinero, algunos en efectivo, y se utilizaban territorios que eran considerados no cooperantes en materia de información financiera”.

Otra grabación del propio Villarejo del 25 de octubre de 2005, adelantada por “Vozpópuli”, aporta más información sobre el pelotazo urbanístico del ex comisario en Córdoba. En este caso explica a su compañero Enrique García Castaño que había denunciado al Ayuntamiento de Córdoba ante la Fiscalía Anticorrupción durante la alcaldía de Rosa Aguilar, que se negó a recalificar unos terrenos en el municipio para crear un parque temático.

Villarejo relata a García Castaño que la Fiscalía de Córdoba, ciudad de la que es originario, había admitido a trámite la denuncia que había presentado contra Rafael Gómez Sánchez, conocido con el alias de ‘Sandokán’, pero en la que también incluyó a la entonces regidora de la ciudad andaluza, Rosa Aguilar.

“Lo de Córdoba, me ha admitido la querella la Fiscalía Anticorrupción”, relata en la grabación Villarejo a ‘El Gordo’, que asegura que su intención es que se “acojone toda Córdoba”, para que le dejaran construir. “Un tío dice, ¿esto que es rústico? Y hace 50.000 metros cuadrados de naves, y a mí no me dejan hacer ni una tienda de campaña al lado. Y dicen que no tiene licencia porque lo ha hecho ilegalmente y le vamos a imponer una multa: yo quiero esa multa hijoputa, yo quiero hacer lo mismo”, completa el ex comisario.

Sin embargo, Villarejo explica algo que no le gusta, que es la presencia de un antiguo compañero suyo en la Audiencia Provincial de Córdoba: “Yo le conozco del sindicato, Martín-Caro. Yo tuve con él malas relaciones porque... aunque luego cuando monté lo del parque temático, me vino a pedir curro para su hija. Pero como al final no abrí el parque...”. José Antonio Martín-Caro fue fiscal jefe provincial de Córdoba hasta 2015.