Turquía entregará en breve a España restos biológicos que supuestamente pertenecen a militares que fallecieron en el accidente del Yak-42 en 2003, en el que perdieron la vida 62 uniformados españoles que regresaban de Afganistán. En concreto, se trata de un fémur que se descubrió hace algo más de un año en un cementerio de la localidad de Maçka y 23 frascos con restos biológicos que estaban almacenados en el Instituto Anatómico Forense de Estambúl, que los había guardado tras llevar a cabo las primeras identificaciones tras el siniestro.

La historia de esta entrega se remonta a mayo de 2018, cuando los padres del sargento del Ejército del Aire Francisco José Cardona Gil (fallecido en el accidente) preguntaron al Ministerio de Defensa si podía confirmar que en Turquía ya no quedaban restos de efectivos españoles para, en el caso de que quedase alguno, intentar repatriarlo. El departamento que dirigía entonces María Dolores de Cospedal trasladó esa pregunta al Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía, que confirmó que el 24 de julio de 2003, apenas dos meses después del siniestro, enterró en el cementerio de Maçka, «una extremidad inferior cuya identificación no pudo determinarse en su momento». Por ello, Defensa solicitó a la Audiencia Nacional que abriera un proceso de cooperación judicial con Turquía para verificar la existencia de esos restos. Lo asumió la magistrada del Juzgado de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional, María Tardón. Ella será la encargada de recibir los restos, que llegarán a España por valija diplomática custodiada.

El Departamento que en la actualidad dirige Margarita Robles en funciones y la Audiencia Nacional llevan más de un año haciendo las gestiones necesarias tras la aparición del fémur y a través de comisiones rogatorias se ha conseguido finalmente que sean entregados a nuestro país.

Ha sido esta mañana cuando, tal y como confirma el Ministerio de Defensa, el cónsul de España en Ankara ha viajado a Maçka, en la provincia de Trebisonda, para estar presente en la exhumación del fémur, el cual será trasladado al Instituto Anatómico Forense de la ciudad turca. Los otros 23 botes que permanecen en dicho centro también se entregarán a las autoridades españolas “en el más breve plazo” para “su repatriación a España”, explica Defensa.

Una vez estén en manos de las autoridades españolas, está previsto que sea el agregado militar, coronel César Gutiérrez, el que los traiga a España en una valija custodiada para no romper la cadena de pruebas, pues el caso está judicializado y ahora han de hacerse los pertinentes análisis para la identificación.

Una vez en territorio español no serán trasladados al Instituto Anatómico Forense al carecer de los medios necesarios para una identificación de estas características, por lo que serán llevados al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, un órgano técnico adscrito al Ministerio de Justicia.

De esta forma, podría ponerse fin a la lucha de algunas de las familias, las cuales mantenían que seguía habiendo restos de militares españoles en suelo turco. Ahora, una vez concluyan las pruebas de ADN, se confirmará a quién pertenecen exactamente, pues podría tratarse de miembros de la tripulación, de nacionalidad ucraniana, como el aparato en el que se estrellaron.

Orden de la juez Tardón

Fuentes de la Audiencia Nacional han asegurado a LA RAZÓN que los restos aún no han sido puestos a disposición de las autoridades españolas. De hecho, según esas mismas fuentes la titular del Juzgado de Instrucción número 3, María Tardón, ha recibido esta misma mañana la confirmación oficial de que se ha procedido ya en el cementerio de Maçka a la exhumación del fémur que podría pertenecer a una de las víctimas españolas.

Fue precisamente este hallazgo la primera comunicación que llegó a la Audiencia en relación a este asunto procedente de las autoridades turcas, lo que hizo a la magistrada tramitar la oportuna comisión rogatoria (petición de auxilio judicial a otro país) solicitando esos restos para proceder a su identificación genética.

Posteriormente, explican esas mismas fuentes, el Ministerio de Exteriores confirmó la existencia de restos biológicos -que se utilizaron en su día para la identificación del ADN de los cadáveres- en el Instituto Anatómico de Ankara. Fue el propio consulado español el que informó a la Audiencia de que esos restos estaban a disposición del tribunal, lo que llevó a la juez Tardón a ampliar su petición reclamando también esos restos.

La pasada semana, Exteriores confirmó a la instructora que las autoridades turcas habían accedido a la petición española, por lo que se ponía en marcha el mecanismo para la entrega de esos restos por vía diplomática, algo que se comprometían a hacer “lo más rápidamente posible”.

Hoy mismo, Tardón ha dictado un oficio ordenando la inmediata puesta a disposición de los restos (cuyo número exacto por ahora desconoce el tribunal), una vez estén en España, al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para su análisis. En caso de que coincidan con el perfil genético de alguna de las víctimas españolas, aseguran, se entregarán a sus familiares, un proceso que se quiere llevar a cabo “con toda la prudencia y delicadeza para no ocasionar más dolor a sus familiares”.

Este caso, sin embargo, no tiene ningún recorrido penal, pues todo hecho punible ya ha sido juzgado. Por las falsas identificaciones de los fallecidos en el accidente fueron condenados en 2009 el general Vicente Navarro (que no entró en prisión, pues falleció al año siguiente), el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez. Estos dos últimos se beneficiaron en 2011 de un indulto parcial con el visto bueno de la Audiencia Nacional.