Pactos de gobierno, desde la normalidad

El giro verbal de la candidata popular a la Junta de Extremadura, María Guardiola, no sólo tendiendo la mano a Vox, sino reconociendo que se trata de un partido inscrito en el ámbito constitucional, es, sin duda, un primer paso necesario para reconducir la crisis del centro derecha en la región, aunque no signifique, a la postre, la constitución de un gobierno de coalición entre dos formaciones que parecen en el ánimo de sus electores obligadas a entenderse, pero que divergen legítimamente en muchos de sus planteamientos políticos e ideológicos.

Por lo tanto, el resultado dependerá de la lógica negociadora, es decir, de los usos normales en los sistemas democráticos, poco inclinados a favorecer los maximalismos, y no de sobrevenidos arrebatos que, además, no responden a la percepción de la mayor parte de la opinión pública española, suficientemente vacunada de «alertas antifascistas» y de llamamientos al voto del miedo.

Vaya por delante nuestro convencimiento de que no es aceptable alcanzar el poder a cualquier precio, máxima que reza tanto para Extremadura como para el conjunto de España, y que la candidata popular está su derecho a la hora de marcar las líneas de un acuerdo político que tenga en cuenta la proporcionalidad de los escaños obtenidos por cada formación y un mínimo común denominador en la acción de gobierno, que garantice la futura gestión, al menos, si consideramos que es preciso abordar un cambio de las políticas de izquierda que han marcado a Extremadura, prácticamente, desde la Transición y cuyos resultados acaban de ser impugnados por la mayoría de los electores.

Porque hay otras opciones, como la repetición de las elecciones autonómicas o un gobierno en minoría parlamentaria, igualmente legítimas desde la normalidad democrática, pero que, a nuestro juicio, responden mal a la voluntad expresada por los ciudadanos. En cualquier caso, la decisión no puede venir condicionada por la estrategia del adversario político, en este caso el PSOE, promotor de «cordones sanitarios», pero siempre que redunden en su propio beneficio, sino por trasladar en lo posible la voluntad de las urnas.

Es lo que está sucediendo en las distintas comunidades y ayuntamientos donde es factible el entendimiento del centro derecha y la derecha conservadora, con la general aquiescencia de los votantes de ambas formaciones. En este sentido, la posición del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, responde a la realidad de los hechos, que es el veredicto de las urnas, sin que nadie en su sano juicio pueda alegar riesgos sistémicos para la democracia española y su sistema constitucional, afirmación que, sin embargo, resulta de dudosa aplicación para otras ententes políticas, como las que hemos vivido en los últimos cinco años.