La libertad no necesita ninguna regeneración

No deja de ser un sarcasmo que en un país como el nuestro, donde el Poder Ejecutivo se reserva el derecho absoluto en la concesión de las licencias de uso del espacio radioeléctrico, es decir, de Radio y Televisión, y dispone de la potestad sancionadora, el Gobierno de turno, en este caso el que preside Pedro Sánchez, pretenda establecer «normas de transparencia» a los medios de comunicación privados para el conocimiento público de unas circunstancias empresariales que ya están reguladas por la ley. Pero nada más absurdo que la aducida pretensión de conocer el destino de las ayudas públicas, cuando son las propias administraciones quienes las conceden y, por lo tanto, no sólo deberían saber el montante de las mismas y la identidad de sus destinatarios, sino hacerlas de público conocimiento a la población en general.

En realidad, ese proyecto de «regeneración» que, en principio, se aprueba en la sesión del Consejo de Ministros de este martes, tiene más de señalamiento de los medios, sus empresarios y sus periodistas que disgustan al Gobierno, en la misma línea de las «cacerías públicas» de la extrema izquierda contra los profesionales de la Comunicación que no se ajustan a sus deseos, aunque se empleen maneras menos groseras.

Porque la cuestión medular, lo único que de verdad importa en estos momentos, es que la libertad de expresión, opinión e información no necesita de medidas de regeneración de ningún tipo, sólo que se respete desde el poder político como uno de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución. Por supuesto, entendemos las tribulaciones del jefe del Ejecutivo por las informaciones poco edificantes que afectan a su círculo familiar más íntimo e, incluso, a meros efectos dialécticos podemos conceder que se hayan producido excesos rechazables en el tratamiento informativo de los procesos judiciales abiertos, pero en ningún caso se justifica el establecimiento de un nuevo cuerpo legislativo que, so capa de la transparencia, busca el amedrentamiento.

Sin duda, la nueva «sociedad de la información», surgida de un mundo marcado por la globalización, aconsejan reformas para la mejor protección de la intimidad y el honor de las personas ante los excesos inherentes a la masificación de las redes sociales, las nuevas técnicas de difusión y, sobre todo, el acceso a la población general de la producción de contenidos –aspectos, dicho sea de paso, ya contemplados en el proyecto legislativo de la Unión Europea–, en la misma línea de la lucha contra los delitos informáticos. Pero buscar la confusión entre ese fenómeno de las redes sociales y los medios de comunicación profesionales, no importa el formato o el ámbito de difusión, es una manera de inducir a la censura, además, muy poco original. Tenemos sobrada experiencia.