La cuestionable vía de ilegalizar partidos

La proposición de ley de amnistía, que comienza la fase de enmiendas, es, sin la menor duda, un error político y una grave distorsión de nuestro ordenamiento jurídico. Supone, además, una ruptura del contrato electoral del PSOE con sus electores, puesto que votaron bajo la promesa explícita de que esa medida nunca se aceptaría por un gobierno socialista, y conduce inevitablemente a un forzamiento ilegítimo de los límites constitucionales, tal y como advirtieron los letrados del Congreso cuando se planteó en 2021.

Es decir, nos hallamos ante un claro ataque a la igualdad de todos los españoles y a la independencia del Poder Judicial que es necesario evitar. Asimismo, la peripecia personal del presidente del Gobierno, que ha transigido con las exigencias de los separatistas para mantenerse en La Moncloa, ha dejado al Estado prácticamente inerme frente a conductas que buscan la ruptura constitucional y que tienen su máximo exponente en la supresión del delito de sedición y en la modificación de los ilícitos referidos a la malversación de caudales públicos.

De ahí, que se pueda llegar a entender la reacción del Partido Popular, con sus propuestas de reforma del Código Penal contenidas en la enmienda a la totalidad de la ley de amnistía que, ayer, presentó su portavoz parlamentario, Miguel Tellado. Ahora bien, comprender no significa, necesariamente, que tengamos que estar de acuerdo con unos planteamientos cuestionables, por cuanto inciden directamente en uno de los derechos fundamentales de nuestra Constitución como es el de la representación política.

No es, por supuesto, un debate nuevo, puesto que ya se suscitó con la Ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna, pero convendría no equiparar una situación de complicidad manifiesta con la violencia terrorista con el momento actual. No significa que la sociedad española deba quedarse de brazos cruzados ante unas conductas que buscan la destrucción de la Nación, pero la vía de ilegalizar partidos siempre es de doble dirección y debe abordarse con mucho tiento y, sobre todo, desde unos consensos políticos amplios, que hoy no existen.

Nada tendríamos que objetar si la propuesta del Partido Popular se dirigiera a la actuación personal de los representantes públicos, como son los diputados y miembros de los gobiernos locales, autonómicos y nacionales, que sí deberían responder de unas conductas tipificadas en el Código Penal, como proponen los populares. Porque, en un estado de Derecho como es el español, son las responsabilidades personales las que deben juzgarse y no las colectivas. Trabaje, pues, el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo en la vía del refuerzo legal de la defensa de los principios constitucionales y no caiga en la manida fórmula de los brindis al sol, que es más propia de las formaciones de izquierdas.