En las sociedades occidentales del siglo XXI puede haber distintas interpretaciones sobre el concepto del feminismo e, incluso, corrientes de pensamiento que consideran superada la dicotomía hombre-mujer y que entienden menosprecio del género femenino las leyes que discriminan positivamente por razón de sexo porque, en libre interpretación, consideran a la mujer como un ser desvalido que necesita una protección especial. Sin embargo, la inmensa mayoría comparte la convicción de que la igualdad de derechos civiles entre las personas ni está sometida a discusión ni, por supuesto, es negociable.

De ahí, que la conmemoración del 8 de marzo, con el recuerdo no tan lejano de unas sociedades que mantenían a la mujer en condición de inferioridad frente al hombre en aspectos fundamentales de la vida pública y, aun, privada, debería convocar a todos los ciudadanos, desde el convencimiento de que la defensa de los derechos de la mujer es un afán que concierne más allá de la ideología y la posición social.

No ha sido así, desafortunadamente, en el caso de España, al menos desde que la izquierda se apropió de los movimientos feministas, radicalizando muchas posiciones y negando al adversario político cualquier legitimidad, como si desde el ámbito conservador no se hubieran gestado medidas legislativas y reformas legales en pro de la igualdad. Naturalmente, esta apropiación del feminismo como herramienta ideológica y política ha alcanzado una dinámica propia, destructiva, tras la aparición de unas doctrinas pretendidamente superadoras de la «tiranía» del sexo biológico, que preconizan la libre elección del género mediante la simple voluntad del individuo, potestad sancionada por unas leyes progresistas que, entre los países pioneros, están en franca revisión, especialmente, en lo que se refiere a la protección de los menores.

Esta evolución del feminismo, que una buena parte del mismo, considerada «clásica», equipara directamente con el borrado de las mujeres como tales, ha llevado a una grave fractura del movimiento feminista, incapaz de consensuar una postura común. Con un problema añadido, que la radicalización y la división han expulsado del marco reivindicativo a una parte mayoritaria de la sociedad, que no está dispuesta a aceptar el trágala de la ideología «queer», por más que comparta los mismos ideales de igualdad y libertad. Si, además, añadimos que la «bandera» del feminismo ha sido enarbolada por unos dirigentes políticos sobre los que recaen serias sospechas de rechazables comportamientos con las mujeres y le sumamos las posiciones equívocas frente a sociedades y regímenes que todavía reprimen los derechos de las féminas, como hoy sucede en la mayor parte del ámbito del islam, se entenderá la creciente renuencia a considerar el 8M como una fiesta de todos.