Ley de Startups, un año de luces y sombras

El 21 de diciembre de 2022 se publicaba en el BOE la conocida como Ley de Startups , materializando así una vieja reivindicación del ecosistema emprendedor español. El mismo que ahora apunta alto y reclama una ley de scale ups (o empresa de alto crecimiento). ¿Qué ha cambiado durante el primer año de vida de esta norma? ¿Qué balance se puede hacer de su aplicación?

Hemos hablado con emprendedores, aceleradoras, inversores, asociaciones y expertos para pulsar la opinión sobre este primer año de vida. Todos, absolutamente todos, se congratulan de la puesta en marcha de esta ley, que califican como una buena noticia para el ecosistema.

«Que todos (emprendedores, inversores y, después, el sistema político) se pusieran de acuerdo y de forma unánime (debió de ser de las pocas leyes en la legislatura anterior en la que todos los partidos se pusieron de acuerdo para aprobarla) fue un paso importante», expresa César Tello, director general de aDigital, quien asegura que con esta norma se reconoce explícitamente «que hay que impulsar empresas basada en la innovación y que tienen, por tanto, un mayor riesgo y una forma diferente de crecer».

Consenso inédito

La norma fue fruto de un consenso y de un diálogo entre todos los actores por lo que, tal y como recuerda Rosa Serra, responsable de jurídico en Marina de Empresas, el texto definitivo recoge algunas de las reivindicaciones del sector, como reducción de plazos y costes de inscripción de sociedades. No ha ocurrido lo mismo con otros temas. «El plazo de cinco años de vida para acreditarse como startup es muy escaso», pone como ejemplo.

Además, Paloma Castellano, directora de Wayra Madrid, destaca que se pusiera el acento en aspectos importantes y que este sector esté llegando más a la sociedad. «Era un sector olvidado y ahora todo el mundo entiende el desarrollo económico y de sostenibilidad que juega», con unas 18.000 personas empleadas de forma directa (y otras 800.000 de forma indirecta) de alta cualificación en el 94 % de los casos. Por tanto, regulación, fiscalidad y talento son algunos de los principales logros.

Tras esta primera valoración positiva, más pronto que tarde salen a relucir algunos de los «pero» que se encuentran en la ley y en su aplicación. Muchos de los interlocutores contextualizan que hay que dar más tiempo a la ley para que se vaya desarrollando y cogiendo velocidad de crucero. Pero los puntos débiles son varios.

Nacho Más, CEO de Startup Valencia, siente que aún están a la expectativa para ver cómo se desarrollan muchos de los temas que la ley recoge. «Lo más difícil está hecho (que era tener una ley de consenso). A partir de ahora, hay que desarrollarla y trabajar en mejorarla con el tiempo y, por qué no, ampliarla», explica.

En estas zonas más oscuras, cada interlocutor arrima el ascua a su sardina. Iñigo Laucirica, Investment Manager en Smaipata, explica que uno de los objetivos era «generar miles de pequeñas startups para que de ahí salieran grandes compañías innovadoras. Pero cuando los umbrales, tanto temporales como de volumen de negocio, son tan cortos, se acaban como en un precipicio, en un punto demasiado temprano».

Como fondo de inversión, considera que la fiscalidad es uno de los puntos más logrados porque «se alinea bastante con el resto de Europa», pero advierte de que las empresas en crecimiento «son las que más sufren de los huecos que tiene la ley».

Pedro Antonio Gil, directivo de BigBan Inversores Privados, se alinea con esta posición. «Uno de los principales problemas del régimen de los incentivos que propone la Ley de Startups es que no ha previsto cómo diablos se pasa de ser una startup a ser una empresa más escalable, más madura», detalla, ahondando en que «casi todos los incentivos que propone la ley tienen una aplicación que va a ser muy difícil de llevar a la práctica».

Los números no cuadran

Las empresas que quieran acogerse a los beneficios de esta ley deben estar reconocidas oficialmente por ENISA. A día de hoy, solo hay 600 empresas. Un dato que contrasta fuertemente con las voces que calculan que en realidad debe de haber entre 11.000 y 35.000.

Dani Dacuña es uno de los emprendedores que ha conseguido esa certificación para Carina IA. «El periodo de creación de la sociedad es más corto», reconoce, aunque lo que más alaba es la posibilidad de inversión privada. «Son los primeros que se interesaron en nosotros y que tengan ese incentivo fiscal de reducción en el IRPF nos ha ayudado», asegura.

No obstante, en su opinión y experiencia, uno de los puntos de mejora sería que las startups no tuvieran que pagar impuestos hasta que la empresa no tuviera ingresos, como ocurre en otros países. «Me centro en las etapas muy iniciales porque es donde he tenido más experiencia, pero creo que esas exenciones ayudarían a muchos emprendedores a crear sus proyectos», asegura.

Mientras, desde asociaciones como aDigital o Spain CAP se apuesta por demandar ya una ley de Scale Ups, con el fin de que se dé respuesta a las necesidades de las empresas de alto crecimiento (diferentes a las startups), que están llamadas a liderar el Ibex35 del futuro. Algo que ha ocurrido ya en otras economías.

Todo a la grande: la Ley de Scale Ups

El ecosistema reclama dar los siguientes pasos y apostar a la grande más que a la chica.

Alberto Tornero, de PwC, habla de «empresas de alto crecimiento» más que de scale ups, pero cree que es fundamental regular y ayudar a estas empresas, que crecen un 20 % (en facturación o empleo) durante tres años seguidos. «Tenemos que ser ambiciosos porque esto puede mover la aguja de la economía de nuestro país», insiste.

Andrés Dancausa, general partner de The Venture City y vicepresidente de Spain CAP, cree que se debe apoyar a las startups en expansión con esta ley. «El espíritu emprendedor en España existe, pero hay que aplicar ese modelo a las scale ups», aunque reconoce que no tenemos muchos fondos que estén invirtiendo en series grandes.