Sólo 80.000 empresas se beneficiarán de las bonificaciones para reducir la jornada laboral a 37,5 horas

Las bonificaciones a micropymes para compensar los efectos de la reducción de jornada no convencen a los autónomos ni a las empresas por ser insuficientes y cada vez más restrictivas. De hecho, el Ministerio de Trabajo estima que sólo 80.000 microempresas y autónomos se acogerán al plan "Pyme 375", una iniciativa orientada a promover la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales mediante la bonificación de contrataciones en empresas con menos de 10 empleados.

Según la propuesta presentada por Trabajo a los agentes sociales, el programa podría beneficiar a 1,2 millones de pequeñas empresas, de las cuales el 40% corresponden a autónomos. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo estima que sólo un 6,7% de los potenciales beneficiarios aprovecharán este incentivo, lo que equivale a unas 80.000 empresas, principalmente del sector de la hostelería y el comercio. Estas compañías generarían unos 65.000 empleos equivalentes a contratos a jornada completa.

Tras la reunión del pasado viernes entre Gobierno, patronal y sindicatos, el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, explicó que dichas bonificaciones serán mayores o menores "en función del tiempo de trabajo que se añade", es decir, de si se aplican a un nuevo contrato indefinido creado o a una ampliación de jornada, de parcial a completa.

En concreto, la bonificación a las cotizaciones por contingencias comunes alcanzará a una sola contratación indefinida -a tiempo completo o parcial, siempre que supere el 50% de la jornada- por empresa o autónomo o, alternativamente, a la conversión de un contrato a tiempo parcial en contrato a tiempo completo y se aplicará a los contratos o conversiones que se realicen en los primeros seis meses desde la entrada en vigor de la reducción legal de la jornada, con una duración de un año.

Además, en caso de nueva contratación, deberá suponer un incremento del empleo neto de la plantilla y tendrá que mantenerse durante tres años. La bonificación que se establezca, cuya cuantía aún se debe fijar con los agentes sociales, se verá incrementada en 55 euros cuando la contratación se realice a mujeres, jóvenes menores de 30 y personas mayores de 55 años, pudiendo acumularse las ayudas.

Además de los incentivos económicos, el plan "Pyme 375" ofrece a las empresas un apoyo integral, que incluye puntos de información y formación a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), una guía sectorial, cursos formativos, y programas de asistencia. También se pretende fortalecer el registro horario y asegurar la desconexión digital de los trabajadores.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) denuncia que las medidas propuestas por el departamento de Yolanda Díaz son cada vez más restrictivas, no servirán para que las pequeñas empresas hagan nuevas contrataciones, apuntó el presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, y son insuficientes para asegurar la supervivencia de las pymes tras la reducción de la jornada por el incremento de costes, que rondará el 6,2%. Amor asegura que la reducción de jornada será "la puntilla" para las empresas y autónomos de uno y dos trabajadores, mientras que solo supondrá "un impacto residual" en la gran empresa.

Por su parte, los sindicatos manifiestan su frustración por la lentitud de las negociaciones y advierten de que la próxima reunión podría ser la última para intentar alcanzar un acuerdo después de más de nueve meses de negociaciones. De no conseguir el visto bueno de la patronal, los sindicatos instan a que el Gobierno aplique la reducción de jornada lo antes posible.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere llegar a un pacto tripartito con la patronal y los sindicatos, pero también ha advertido de que la reducción de la jornada laboral se aprobará como "anteproyecto de ley en trámite de urgencia", para cumplir con los plazos establecidos para que "a 31 de diciembre de 2025 la jornada laboral sea de 37,5 horas semanales", pudiendo llevar a cabo la reforma sin el apoyo de los empresarios en caso de no acuerdo. Los sindicatos se inclinan también hacia un pacto que excluya a la patronal si las negociaciones no avanzan.