Por mucho que el secretario de Estado se empeñara en asegurar que «no hay una objeción de peso» para que la patronal CEOE firme la senda de reducción de la jornada laboral de las 40 horas semanales a las 37,5 horas en 2025, lo cierto es que aún perdura la misma disparidad que existe entre las implicaciones que tienen para unos y para otros.

Para los sindicatos, pasar de las 1.760 horas anuales a las 1.712 horas que fijaría la reducción de jornada, son solo 48 horas al año. Visto así, los sindicatos afean a la patronal, a la que amenazan con movilizaciones en septiembre si no accede, que bloquee el acuerdo por 48 horas al año: «No parece que les vaya a generar la gran crisis de la que hablan».

Para los empresarios, sin embargo, la visión es la opuesta. Aplicar por decreto la reducción de jornada implica «regalar 12 días de vacaciones pagadas por las empresas», como aseguró en la Asamblea de la CEOE su presidente, Antonio Garamendi, una postura que sigue manteniendo la patronal, que se acoge a la negociación colectiva para determinar la jornada y sigue sin ver claro el objetivo de blindarla por ley sin la flexibilidad necesaria.

Como los sindicatos no ven con malos ojos que la aplicación de la reducción se negocie en los convenios colectivos que vayan venciendo, lo que permitiría un aterrizaje acompasado para todos los sectores, las partes se citaron el próximo 29 de julio para cerrar o dejar en el aire hasta después de las vacaciones de agosto los plazos y las diferentes aplicaciones que pide la patronal por actividad.

Lo que sí parece claro es que la aplicación no será todo lo rígida que pretendía de partida la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para evitar una «reducción de jornada fake», y las 37,5 horas en que debería quedar no entrará en vigor a 1 de enero de 2025 sino a lo largo del año, lo que podría ocurrirle también a las 38,5 horas previstas para este 2024 desde que se apruebe la reducción.

Para dar cabida a esta flexibilización, se introducirían lo largo del año permisos adicionales, más vacaciones u otro tipo de medidas.

Lo que no contemplan los sindicatos es que las medidas se vayan a 2026 y mucho menos a 2027. «Esto tiene que empezar a andar. Se tiene que ver que las medidas anunciadas en el acuerdo de Gobierno empiezan a favorecer la conciliación. Podemos ser flexibles con las transitoriedades, pero no estamos dispuestos a aplazar ni a suspender. Podemos ser flexibles a la hora de adaptar convenios», dijo el vicesecretario general de política sindical de UGT, Fernando Luján.

Trabajo está dispuesto a incluir la posibilidad de distribuir irregularmente el tiempo de trabajo a lo largo del año, como ya se adelantó en la anterior reunión que tuvo lugar la semana pasada, lo que puede beneficiar, por ejemplo, a los sectores con elevada estacionalidad o a los temporeros agrícolas. La reforma laboral de 2012 elevó del 5% al 10% el número de horas anuales que las empresas pueden distribuir de forma irregular de forma unilateral, sin necesidad de acuerdo con los trabajadores, para concentrarlas en los picos de actividad. La opción que baraja Trabajo es que ese 10% se aplique a la jornada que tienen pactada las empresas antes de la entrada en vigor de la reducción de jornada, lo que amplía la bolsa de horas extra.

Asimismo, la norma contempla el derecho a la desconexión digital, que ya se encuentra en el reglamento laboral, pero en el que quieren profundizar en plena época de transición digital. «Se trata de trabajar menos y de no ser molestados cuando no trabajamos», indicó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quien incidió en que «aún hay margen» en la negociación, que puede alargarse un poco más con el objetivo de conseguir incluir a todos los agentes sociales.

De lo contrario, como advirtió la secretaria de acción sindical de Comisiones Obreras, Mari Cruz Vicente, si persiste el actual «bucle negociador» en el que no hay propuestas concretas y las partes no avanzan, los sindicatos se lanzarán a la movilización. «Sentimos que hay un cierto atasco en el desarrollo de esta mesa de negociación», aseguró la negociadora de CC OO. En este sentido, los sindicatos ya se aventuran en su amenaza y avisan de que de no avanzar de una manera sustancial y concreta en la próxima reunión que se celebrará el próximo día 29 de julio, convocarán para principios de septiembre una batería de movilizaciones, aunque seguirán negociando. El habitual amago de todas las negociaciones del diálogo social parece improbable pero no imposible de concretar.