Función Pública

Óscar López cede a la presión sindical y cubrirá las bajas por jubilación parcial de los funcionarios, firmará un acuerdo plurianual y negociará la subida de 2025

Los sindicatos no se fían, temen que se quede en una "mera declaración de intenciones" y no descartan volver a las movilizaciones

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Óscar LópezEuropa Press

El Ministerio de Función Pública retomó ayer la negociación en las Administraciones públicas para la mejora de las condiciones laborales de los funcionarios forzado por la presión sindical, tras las movilizaciones que se han producido en los últimos meses y la amenaza de protestas más duras, que incluían paros parciales. CSIF, CC OO y UGT acudieron a la cita con una larga lista de reivindicaciones, de las que ya han sacado varios compromisos por parte del ministro de Función Pública, Óscar López, como la implantación de una tasa adicional de empleo para que el personal laboral pueda seguir jubilándose anticipadamente, la negociación de un nuevo acuerdo plurianual y que se aborde ya la subida salarial del presente ejercicio, con los complementos extraordinarios correspondientes.

López ha dado luz verde a que se cree una tasa adicional de plazas de oposición que facilite el acceso a la jubilación parcial del personal laboral antes del 1 de abril, cuando debe entrar en vigor oficialmente la nueva normativa para que los empleados públicos recorten su jornada laboral y accedan antes al retiro. Además, se ha comprometido a elevar el número de plazas de la oferta pública de empleo para evitar que la jubilación de trabajadores públicos reduzca las plantillas de la Administración e impedir que los porcentajes de temporalidad sigan disparados. Según fuentes sindicales, esta tasa adicional de empleo "no computaría sobre el porcentaje de tasa de reposición que se haya acordado", para que así se puedan sacar más plazas y se pueda aplicar la jubilación parcial con contrato de relevo.

Tras la reunión, tanto CC OO como UGT han confirmado que el ministro también ha confirmado que se firmará un nuevo acuerdo plurianual que "garantice subidas salariales que puedan permitir recuperar el poder adquisitivo perdido en el sector público en los últimos años y avanzar definitivamente en una mejora retributiva integral, además de lograr nuevos derechos que mejoren la conciliación y condiciones laborales", como ya se hizo en el anterior Acuerdo de Función Pública firmado en octubre de 2022. Dentro de esta negociación de la subida salarial, la correspondiente a 2025 debe negociarse "de forma independiente y desligada de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado".

Los sindicatos han advertido a López que se deben acometer estos compromisos a la mayor brevedad para que "no queden en una mera declaración de intenciones", entre ellos la subida salarial del 0,5% pendiente, con efectos retroactivos a 1 de enero de 2024, para los empleados públicos. También han reclamado la plena implantación del modelo de clasificación profesional conforme al actual Marco Español de Cualificaciones Profesionales y la negociación de las modificaciones normativas para el pleno establecimiento y desarrollo de los planes de igualdad y los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo. Si no se cumpliera con los compromisos adquiridos, las movilizaciones volverían a ser convocadas.

Por su parte, CSIF -que ha sido convocada de forma independiente por la tarde, al no firmar el primer acuerdo marco y tras liderar las movilizaciones durante los últimos meses- han vuelto a poner encima de la mesa un nuevo acuerdo salarial, hacer efectiva ya la subida del 0,5% adicional del pasado año y que la subida salarial se aplique de manera automática todos los años, al igual que las pensiones o el SMI; una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición y la jornada de 35 horas.

El Ministerio ha asegurado que convocará la comisión de seguimiento del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI "para culminar los asuntos pendientes", entre ellos la aplicación de la jornada laboral de las 35 horas, así como la garantía de atención presencial de los servicios públicos y un plan específico de digitalización para las zonas de menor población o en riesgo de exclusión.