Montero cambia de criterio y pagará este año los atrasos a los antiguos mutualistas

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dado un giro de 180 grados en la gestión de la deuda con los antiguos mutualistas y ha decidido cambiar de criterio sobre la devolución a plazos hasta 2028 de las cantidades adeudadas por las antiguas mutualidades, y ha confirmado que "aquellos que lo soliciten recibirán íntegramente el importe debido" en este ejercicio 2025.

Montero ha explicado en la rueda de prensa del avance de la ejecución presupuestaria que, "tras escuchar al colectivo y a los sindicatos, vamos a impulsar un cambio normativo para acelerar al máximo estas devoluciones y que se reciban en un solo pago a lo largo de 2025. La Agencia Tributaria está en condiciones de poder atender estas solicitudes en ese solo pago", ha confirmado la vicepresidenta.

Según ha expresado, la cantidad total que será devuelta "ya está contemplada en el déficit público del 2,8 % del PIB del ejercicio 2024", por lo que no impactará en posible un incremento adicional.

Montero ha recordado que esta es una sentencia que deriva de una situación que se vivió al principio de la democracia, en la etapa tardía postfranquista, donde la cobertura del sistema de mutualidad alcanzaba de forma limitada a un conjunto de ciudadanos. Este tema se venía litigando por parte de los afectados desde hace muchísimos años y fue en el año 2024 cuando ha recaído esa sentencia del Tribunal Supremo que les daba derecho a estas devoluciones.

Asimismo, Montero ha cargado contra el PP porque, según ha dicho, "el Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a tener que asumir la mala praxis legislativa de los anteriores Gobiernos de Mariano Rajoy", y que la ministra ha asegurado que ha costado ya más de 11.000 millones de euros "por actuaciones indebidas", de los que 8.000 millones son gastos que no se reflejarán en el futuro en el déficit. Se refiere la ministra a las sanciones que deben asumir por el recorte a las primas de las energías renovables establecido por el Gobierno de Rajoy en el año 2013, por el que las empresas inversoras en este sector han reclamado indemnizaciones.

Esta misma semana, la Comisión Europea ha ordenado este lunes que España no abone "ninguna indemnización» a Antin, el fondo luxemburgués, por los cambios en las primas a las renovables. Bruselas considera que este pago supone una ayuda de Estado ilegal que discrimina a los inversores españoles quienes no pueden recurrir a los laudos de arbitraje internacionales en este tipo de situaciones.