La limpieza, un sector indispensable que necesita la colaboración de todos

En marzo se cumplen cinco años desde que la Organización Mundial de la Salud designó el brote de coronavirus como pandemia. El COVID-19 nos ayudó a entender la importancia y el valor de empresas en sectores estratégicos, entre ellos, el de la limpieza.

Fue en la pandemia cuando vimos la dedicación y el coraje de cientos de miles de trabajadores de la limpieza, desinfectando nuestros hospitales, nuestras escuelas y nuestros aeropuertos y comprendimos verdaderamente la labor tan fundamental que desempeña el sector.

Más allá de su importante aportación social, las empresas del sector representan un motor para la economía nacional. En total, nuestro sector emplea a más de medio millón de personas y es uno de los sectores de la economía que más empleo genera en España.

En ese sentido, las compañías que somos parte de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) entendemos a nuestro capital humano, nuestros más de 139.000 trabajadores, como nuestro principal activo. En nosotros recae la responsabilidad de cuidar y mejorar continuamente sus condiciones.

Sin embargo, nuestro sector se ve sometido a una serie de amenazas que ponen en peligro su sostenibilidad financiera y la supervivencia de sus trabajadores. Por ejemplo, el Anteproyecto de Reducción de Jornada Laboral que aprobó el Consejo de Ministros o la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una decisión que ha sido tomada sin tener en cuenta la perspectiva de las empresas del sector.

El sector no está en contra de que se trabajen menos horas, pero sí procura que sus empresas -que son el principal sostén de miles de familias en España- operen en condiciones que garanticen su sostenibilidad. La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas va a tener un gran impacto, con mayor gravedad aún en aquellas empresas pequeñas y medianas que no pueden costear este tipo de ajustes en materia laboral.

Y este impacto será particularmente severo en el sector de la limpieza, porque las nuestras son empresas formadas por personas. Los salarios de nuestros trabajadores representan más de un 85% de nuestro presupuesto. Esta particularidad representa una vulnerabilidad ante las medidas que impulsa el Ejecutivo.

Todo esto se produce, además, en unas circunstancias adversas para el sector.

Por ejemplo, a nuestras empresas no se les permite revisar el precio de los contratos que tiene con el sector público, producto de la Ley de Desindexación y la Ley de Contratos del Sector Público que limitan la capacidad de ajustar los precios para poder hacer frente a los costos que suponen medidas como la reducción de la jornada.

Se da el caso de que una empresa tenga un contrato firmado hace años con unas condiciones de entonces y que no pueda actualizar los precios cuando en ese periodo no ha dejado de incrementarse el SMI, los costes de Seguridad Social o la eventual reducción de jornada, con lo que todos esos costes los ha asumido la empresa.

Y, además, se ven obligadas a ejecutar prórrogas forzosas con los mismos precios (sin ningún tipo de ajuste por inflación o cambios en el marco normativo), llevando a las empresas a enormes tensiones que pueden llevar a la quiebra.

Esta dinámica no beneficia ni a los trabajadores, ni a las empresas, pero tampoco al Estado, quien está llevando a sus proveedores al límite. Pudiera llegar un momento en que las administraciones públicas no van a encontrar quien les preste servicios -tan esenciales como la limpieza- debido a la presión regulatoria sin precedentes que experimentan las empresas, o a los bajos precios que reciben.

Por ejemplo, acabamos de ver cómo el Gobierno ha tenido que actualizar las condiciones de la licitación de Muface, dotando al contrato de una financiación adicional de 330.500.000 euros como resultado de una primera licitación ausente de participantes.

Por ello, confiamos en que Gobierno y oposición sean sensibles a las necesidades de este sector tan importante para la sociedad.

¿Y cómo se podría hacer? Por un lado, la reducción de la jornada a 37,5 horas no debería aprobarse como ha decidido el Gobierno, sino ser parte de la negociacióncolectiva entre empresarios y trabajadores; este diálogo social ha sido uno de los secretos del despegue económico de nuestro país en los últimos 40 años.

Por otro, debe permitirse a las empresas renegociar los precios de sus contratos atendiendo al incremento de los costes laborales que resultan de iniciativas como esta o el incremento al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Porque los costes de un contrato de limpieza en 2025, más allá de los cambios en el marco regulatorio, no son comparables con aquellos antes de la pandemia.

Queda un largo recorrido de consultas y tramitación parlamentaria para que la reducción de la jornada laboral sea una realidad en España y hacemos una llamada a los grupos en el Congreso para rechazar esta medida para que sindicatos y organizaciones empresariales puedan decidir este tema y otros muchos en el ámbito del diálogo social. Este proceso exige una reflexión sosegada y un diálogo entre todos los actores involucrados, ya que la supervivencia de un sector como el de la limpieza, tan indispensable, tan necesario para la economía y tan presente en nuestro día a día, está en la cuerda floja.