Los gurús económicos se rebelan contra el perdón de la deuda

El «regalo envenenado» que el Gobierno de Pedro Sánchez ha querido hacer a los gobiernos autonómicos –con el trasfondo de las exigencias del independentismo catalán– ha sido rechazado en bloque por las regiones gobernadas por el PP –a las que se ha unido Canarias– en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que acabó aprobando la propuesta de perdonar 83.252 millones de deuda únicamente con el apoyo de Cataluña y las dos regiones con mando socialista, Castilla-La Mancha y Asturias.

Un repudio explícito que ha sido secundado por expertos y analistas de todo tipo de instituciones y organismos económicos y financieros, tanto públicos como privados, incluida la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que considera que no se ha tenido en cuenta la «condicionalidad fiscal» para que no se vuelva a acumular deuda y déficit; que provoca «problemas de azar moral»; y que compromete y no garantiza el cumplimiento de las reglas fiscales, lo que debe llevar a limitar la cantidad perdonada. Ha alertado también de que «no tiene sentido hacer una quita de deuda si no se garantiza que no se va a seguir acumulando endeudamiento a futuro por encima de lo que permiten las reglas fiscales». Además, esta condicionalidad fiscal exigible debería tener en cuenta tanto la «posición de partida» de cada comunidad como su «posición relativa» respecto a un vigente sistema de financiación cuya reforma «todavía no se ha resuelto».

Por su parte, Fedea considera que la propuesta del Ministerio de Hacienda tendrá un previsible impacto negativo sobre los incentivos de las comunidades para mantener «una mínima disciplina fiscal», además de considerar «muy discutible el reparto territorial» de las ayudas. El director de Fedea, Ángel de la Fuente, duda de que separar la cuestión de la deuda de la negociación sobre la reforma del sistema de financiación sea una buena estrategia negociadora. «Cualquier quita no sujeta a condiciones estrictas de ajuste tenderá a confirmar la percepción que ya tienen las comunidades de que pueden gastar sistemáticamente más de lo que ingresan porque al final el Estado las rescatará de una forma u otra sin coste alguno para ellas y constituye, por tanto, una invitación a la indisciplina fiscal».

De la Fuente califica la quita que propone Hacienda como «una pésima idea que agravará los serios problemas de incentivos que ya sufre el sistema de financiación autonómica». Por ello, cree que cualquier condonación de la deuda, no sujeta a condiciones estrictas de ajuste, «tenderá a confirmar la percepción que ya tienen los Gobiernos regionales de que pueden gastar sistemáticamente más de lo que ingresan porque al final el Estado los rescatará sin coste para ellos».

En este sentido, apunta que esta propuesta, y su justificación para compensar los problemas adversos de un «shock» financiero, «la convierten en un seguro gratuito contra el riesgo cíclico a la baja que eliminará cualquier tentación que pudieran tener las comunidades de ahorrar algo para los malos tiempos e incrementará también el gasto del Estado». También critica la distribución territorial de la quita de la deuda por ser «muy cuestionable en sus criterios tanto de equidad como de eficiencia». El perdón de la deuda podría «tener sentido si se utilizase para corregir inequidades pasadas, compensando la infrafinanciación acumulada a lo largo del tiempo por determinados territorios».

Desde esta perspectiva, el criterio lógico a la hora de repartir estas ayudas sería la infrafinanciación que «se ha acumulado al menos durante la vigencia del actual modelo de financiación». Por ello, defiende que la forma más razonable sería repartir las ayudas en proporción a la población ajustada porque «cualquier intento de afinar el cálculo utilizando la acumulación observada de deuda en cada territorio como indicador de reparto plantearía serios riesgos de introducir penalizaciones a la buena gestión». Un cálculo que reconoce que Hacienda ha tenido en cuenta, «pero de una forma peculiar en el caso de la infrafinanciación, puesto que la prima por este concepto no refleja la magnitud del problema».

Por su parte, el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) también advierte de que la propuesta muestra problemas de diseño y ejecución que puede poner en peligro la estabilidad económica y la equidad fiscal. De esta forma, cree que la aprobación de esta quita impactará de lleno en la credibilidad económica del país ante los mercados internacionales, «al estar inicialmente vinculada a un acuerdo con Cataluña». Así, opina que se han visto obligados a extenderla a otras regiones «para evitar posibles cuestionamientos de constitucionalidad, lo que ha generado un debate sobre su equidad y transparencia». Respecto a la metodología aplicada critican que tiende a «favorecer a las regiones que han acumulado mayores niveles de deuda, como Cataluña, mientras que comunidades con una gestión fiscal más estricta, como Madrid, podrían verse menos beneficiadas».

Recuerdan que «la deuda perdonada no se elimina, sino que se transfiere al Estado». Ello implica que los contribuyentes de todas las regiones financiarán, a través de sus impuestos, «las deudas de las comunidades más beneficiadas», con unos efectos redistributivos regresivos, «ya que contribuyentes de regiones con rentas más bajas, como Galicia, Murcia o Castilla y León, podrían subsidiar indirectamente a regiones con rentas más altas, como Cataluña». Asimismo, creen que la condonación podría enviar «señales mixtas a los inversores, quienes podrían cuestionar la capacidad de las comunidades para gestionar su deuda». Esto podría tener repercusiones en el coste de financiación de la deuda española a largo plazo, especialmente si el BCE reduce su respaldo a la deuda soberana.

En otro orden, alertan de que la medida podría generar «desequilibrios en los incentivos fiscales, premiando a las regiones que han acumulado mayores niveles de deuda y subiendo impuestos, mientras que aquellas que han mantenido una gestión más disciplinada podrían verse menos beneficiadas». Y generar tensiones territoriales porque «podría agravar las rivalidades entre comunidades autónomas, al percibirse como un trato preferencial hacia ciertas regiones en detrimento del resto».

Además, desde el organismo cuestionan la sostenibilidad a largo plazo, ya que la quita no resuelve los problemas estructurales de financiación de las comunidades autónomas, sino que los pospone, aumentando la dependencia de la financiación estatal y comprometiendo la estabilidad presupuestaria del país.

El rechazo no ha sido solo evidente en España, sino que reputados organismos internacionales también han advertido al Gobierno de los negativos efectos de la aprobación de esta operación, sobre todo en los mercados financieros. Los analistas de la agencia de calificación de riesgos S&P Global Ratings señalan que, sin una reforma estructural del sistema de financiación regional, la absorción de la deuda autonómica por parte del Estado «solo aborda las consecuencias de anteriores desequilibrios presupuestarios. Sin una reforma estructural del sistema de financiación regional, la absorción de la deuda solo puede mejorar temporalmente la situación de las regiones, pero no evitaría nuevos déficits».

Además, S&P ha alertado de que esta medida también puede generar «riesgo moral» al disminuir los incentivos para que las comunidades pongan freno al crecimiento de la deuda, en previsión de posibles medidas similares en el futuro. En caso de que se aplique la condonación, S&P ve «probable» que evalúe su impacto como «neutro o positivo» en las calificaciones crediticias de las comunidades que la acepten, aunque esto será función de las circunstancias individuales de cada región.

En el mismo sentido, el «plan Montero» no ha sido bien acogido por Moody’s, que ha advertido en un informe del posible «riesgo moral» que podría suponer la propuesta. Pese a que señala que la quita no afectará directamente a la deuda soberana española porque la deuda de las regiones ya se contabiliza como parte del «stock» de deuda de las administraciones públicas, sí alerta del «riesgo moral», porque podría «desalentar las políticas fiscales prudentes» a nivel regional, lo que «pesaría sobre las finanzas del Gobierno central y tendría un impacto adverso en la fortaleza fiscal». La agencia considera que esta quita no tendrá un impacto a largo plazo porque estos gobiernos tendrán que seguir endeudándose por no tener suficiente financiación.