El Gobierno advierte a los acreedores de Celsa de que necesitan su autorización para tomar el control de la compañía

Celsa no pasará de forma automática a manos de sus acreedores. A pesar de que una sentencia emitida por el titular del Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona ha homologado el plan de reestructuración propuesto por los acreedores de la empresa siderúrgica, por lo que da vía libre para que los fondos pasen a ser accionistas de la compañía y sustituyan a los actuales propietarios, la familia Rubiralta, el Ejecutivo ha explicado hoy que este paso requiere de su permiso.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha subrayado que la operación está sometida al control de inversiones extranjeras y, por tanto, la propiedad y el control efectivo de la empresa por parte de los acreedores financieros no se hará efectivo hasta que el Consejo de Ministros autorice la operación. Para ello, los inversores deben presentar la correspondiente consulta o solicitud de autorización.

Desde Industria han trasladado que se han comprometido a negociar con los nuevos propietarios para garantizar la viabilidad de Celsa, la integridad de sus unidades de negocio, el mantenimiento de todos los empleos, su continuidad en España, así como la puesta en marcha de una gobernanza corporativa "moderna, independiente y profesional". El Gobierno asegura que su prioridad es garantizar la estabilidad de los más de 10.000 profesionales que trabajan en el grupo siderúrgico. Algo a lo que, por su parte, se han comprometido los fondos acreedores.

Celsa, por su parte, ha asegurado también hoy que la sentencia "asegura" la continuidad de la compañía, pero que, como ha declarado Industria, su paso a manos de sus acreedores requiere de la autorización del Gobierno. La siderúrgica afirma que el plan de reestructuración homologado en la sentencia "significa la toma de control por parte de inversores extranjeros de una empresa estratégica española". Celsa considera que, según la ley 19/2003 del 4 de julio sobre el régimen jurídico de movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, esta toma de control "requiere de una autorización expresa del Gobierno".

Según la compañía, tanto partners como proveedores, administraciones públicas, gobiernos autonómicos, patronales y sindicatos "se han manifestado a favor de la continuidad del proyecto", que define como "un modelo único y de referencia" de producción de acero circular y de bajas emisiones.

Única alternativa

En una sentencia dada a conocer ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el magistrado Álvaro Lobato acuerda la homologación del plan de reestructuración presentado por los acreedores para Celsa al entender que reúne los requisitos legales para llevarse a cabo, ya que, en su opinión, el importe de la deuda supera al valor de la compañía. El juez sostiene que la propuesta de los acreedores asegura la viabilidad del grupo y califica su plan de "la única alternativa viable a medio plazo para la totalidad del grupo Celsa", aunque advierte al mismo tiempo de que deben cumplir "estrictamente" sus compromisos, entre ellos el de preservar el valor de la compañía, mantener su integridad y conservar los puestos de trabajo.

"En el escenario concreto del aquí y ahora, la única alternativa viable el grupo Celsa es el plan de los acreedores. Comprendo perfectamente que a los socios no les guste, pero, como ya he dicho antes, no son ellos, sino los acreedores quienes reparten las cartas", recoge la sentencia.

El fallo recuerda que el plan de los acreedores, entre ellos Deutsche Bank y fondos como SPV Global, Sculptor Investment o Anchorage Capital, es capitalizar la deuda vinculada al instrumento convertible (1.163 millones) para transformar el crédito en acciones del grupo Celsa. Durante el juicio, el abogado de Celsa admitió que el grupo tenía vencida por unos 2.433 millones.

Planes de los fondos

Tras hacerse pública la sentencia, los acreedores de Celsa ratificaron ayer mismo su "compromiso" con el mantenimiento de las operaciones de la empresa en España. Asimismo, reiteraron su intención de nombrar a un "nuevo consejo de administración integrado por perfiles muy respetados y de categoría mundial que ayudará a maximizar el potencial de la empresa", tal como dijeron en el juicio del pasado julio. "Algunas de las prioridades clave del nuevo consejo serán mejorar la gestión operativa de Celsa para convertirla en un líder europeo del sector, salvaguardar los puestos de trabajo y garantizar una sólida gestión financiera", añadieron los fondos.

Los nuevos propietarios de Celsa afirmaron también que en sus planes no entra pedir ayuda pública a la SEPI. "El plan reduce los niveles de endeudamiento por debajo de los propuestos anteriormente por la empresa, mejorando así la viabilidad del grupo. Esto permitirá al grupo centrarse en su gestión operativa en un momento muy delicado del ciclo económico. La decisión también refuerza el balance y sitúa a Celsa en una posición solvente, proporcionando seguridad a los empleados de la empresa", subrayaron.