El saqueo de las cajas deja 200 directivos encausados

El pasado jueves, cuatro ex altos cargos de Caja Penedès hicieron historia al convertirse en los primeros condenados por la Justicia por haber percibido de forma ilegal unas jubilaciones millonarias cuando abandonaron sus cargos. Acusados de un delito societario continuado de administración desleal, fueron condenados a dos años de cárcel (Ricard Pàges, ex director general de la entidad) y un año, respectivamente (Santiago Abella, Joan Caellas y José María Vázquez Honrubia). El que todos ellos reconocieran los hechos y la devolución de los 27 millones de euros que percibieron les ha librado de ir a prisión. El proceso de transformación de las cajas de ahorros en bancos, del que sólo se libraron las dos entidades más pequeñas (Caja Onteniente y Caja Pollença), y el posterior proceso de concentración pusieron al descubierto numerosas irregularidades contables en su administración, que han afectado a dos centenares de directivos de cerca de una veintena de entidades, que se encuentran investigados, acusados o imputados por diferentes delitos que abarcan desde apropiación indebida a administración desleal, pasando por estafa, falsedad contable o adjudicación de indemnizaciones o prejubilaciones millonarias. Tres de ellos visitaron en algún momento la cárcel (Miguel Blesa, Roberto López Abad y Daniel Gil), de la que salieron mediante el pago de cuantiosas fianzas. El resto está a la espera del comienzo de los correspondientes juicios. Veinticinco políticos están también imputados en la crisis de estas entidades, que se ha saldado con inyecciones millonarias de dinero público, que obligaron al Gobierno a solicitar ayudas puntuales para el sector de la Unión Europea.

Directivos y consejeros de cerca de la mitad de las cajas de ahorros que funcionaban en España hace cuatro años se han visto implicados en diferentes irregularidades, aunque sólo en un caso, el de Caixa Penedès, se ha llegado al final del proceso judicial. En todos los demás se está pendiente de la fijación de una fecha para la vista de la causa, por lo que la resolución judicial de la mayoría de los casos puede tardar varios meses más.

Preferentes

Mejor suerte han corrido los titulares de participaciones preferentes, un producto que la mayoría de las cajas de ahorros comercializaron a destajo sin que sus compradores conocieran a ciencia cierta los riesgos en los que incurrían. La presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, destacó esta misma semana que alrededor del 80% de las solicitudes de arbitraje presentadas por los titulares minoristas y deuda subordinada de las cajas nacionalizadas. Del total de las solicitudes de arbitraje aceptadas, 303.525, se han dictado 244.724 laudos positivos, el 57% del conjunto. En el caso de Novagalicia Banco, el proceso de arbitraje ya ha finalizado por completo, mientras que el de Bankia lo hará a mediados de este mes de junio, y el de Catalunya Banc, en el segundo semestre del presente año.

BANKIA

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu imputó a un total de 33 ex consejeros de la entidad y de su matriz, BFA. Entre los principales nombres figuran Rodrigo Rato, presidente de Bankia desde enero de 2010 hasta mayo de 2012, y ex vicepresidente del Gobierno; José Luis Olivas, presidente de Bancaja y Banco de Valencia (cargo del que dimitió un mes antes de que fuera intervenido por el FROB), además de presidente de la Generalitat valenciana en su momento; Ángel Acebes, ex ministro del Interior; Francisco Verdú, consejero delegado; Arturo Fernández, presidente de Ceim; y José Manuel Fernández Norniella.

Por la causa de la participaciones preferentes están acusados Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid, Gerardo Díaz Ferrán, ex presidente de la CEOE, Jesús Pedroche (asamblea de Madrid), Rodolfo Benito (CC OO) y Gonzalo Martín Pascual (UGT).

BANCO DE VALENCIA

El juez Santiago Pedraz acusa a trece antiguos miembros del consejo de administración de delitos de falsedad contable derivados de numerosas deficiencias en la gestión del riesgo, que se extiende a las cuentas del año 2009 también. José Luis Olivas, ex presidente, y Domingo Parra, ex consejero delegado están entre ellos.

BANCAJA

Dos de sus directores generales, Fernando García Checa y Aurelio Izquierdo, declararon hace un par de meses ante el juez Andreu por la mala comercialización de participaciones preferentes.

CAJA SEGOVIA

El titular del Juzgado número 2 de lo Mercantil de Segovia tomó declaración a los integrantes de la comisión de retribuciones de la antigua Caja de Segovia, que aprobaron la concesión de prejubilaciones millonarias. Entre ellos figuran el ex presidente Atilano Soto, el ex director general, Manuel Escribano, y el secretario general, Antonio Tapia.

CAJA CANARIAS

La acusación se concreta sobre el presidente de la caja, Álvaro Arvelo, por el proceso de salida a bolsa de Banca Cívica, grupo en el que se integró, y la correspondiente pérdida de valor para sus accionistas.

CAJA BURGOS

Su integración en Banca Cívica y la salida a Bolsa son también la base de las acusaciones de la Audiencia Nacional por la querella presentada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD).

CCM

En la que fuera la primera caja de ahorros que fue intervenida en España, Caja Castilla-La Mancha (23 marzo del año 2009), hasta nueve altos cargos han sido imputados por su responsabilidad en la quiebra de la entidad. Entre ellos se encuentran el ex presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, así como el ex director general, Ildefonso Ortega.

CAN

El ex presidente de Caja Navarra, Enrique Goñi, fue imputado por cobrar dietas irregulares al frente de la entidad. Junto a él también fueron imputados el ex presidente de Navarra, Miguel Sanz, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, o el ex consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda.

CAJASOL

El ex presidente de Cajasol, Antonio Pulido, y otros cinco directivos de la caja fueron imputados por presunta estafa en la venta a un grupo inmobiliario de unos activos tóxicos con un sobreprecio de 5,2 millones de euros a una constructora, como condición para concederle la financiación.

CAI

En Caja Inmaculada, ahora integrada dentro del grupo Ibercaja, han sido imputados por apropiación indebida y administración desleal los antiguos altos cargos Tomás García Montes (ex director general) y Javier Alfaro (ex director de inmuebles de la entidad).

CAJASUR

La entidad se querelló en 2008 contra su ex director general, Francisco Jurado Núñez, por un delito societario de administración desleal en su etapa al frente de la caja.

CAJA DUERO

La cúpula de la caja está imputada por administración desleal por la compra ruinosa de un edificio en Madrid, así como por un préstamo de 34,5 millones a la constructora Nozar. La acusación afecta, además de a cuatro ex consejeros, a los ex directores generales Lucas Hernández y José María de la Vega, y al ex presiente de la caja, Julio Fermoso.

CAM

Pendientes de que se dicte apertura de juicio están el ex director general de CAM, Roberto López Abad, y el ex presidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés por irregularidades en el cobro de dietas y en la concesión de 17 millones en créditos al último. La Fiscalía ha pedido para el primero cuatro años de prisión por apropiación indebida agravada y para Avilés rebaja la pena a dos años y medio. López Abad y Daniel Gil (ex director de empresas) saben lo que es dormir en prisión por haber desviado presuntamente 247 millones a un paraíso fiscal en el Caribe a través de la sociedad Valfensal. El primero salió con una fianza de 1,5 millones y el segundo, con otra de 400.000 euros. Según Anticorrupción, la cúpula de la entidad creó una sociedad pantalla con el único objetivo de lucrarse. Y se duplicaron las dietas por asistir a sus reuniones.

NOVAGALICIA

La ex cúpula resultante de la tercera peor fusión de cajas en España (que dejó un agujero de 8.200 millones) se enfrenta a entre uno y seis años de prisión por otorgarse casi 19 millones de euros en indemnizaciones (el 10% del patrimonio de la entidad).

CATALUNYA BANC

Narcís Serra (ex presidente) y Adolf Todó (ex director general) figuran entre los 54 principales responsables de aprobar sobresueldos de hasta el 50% más para la cúpula de la entidad pese a su delicada situación. Además, se ha incluido en la querella la financiación por un importe de 50 millones del Palacio de Congresos de Lérida. La entidad también está siendo investigada por la venta de productos considerados «tóxicos», como preferentes, deuda subordinada, cláusulas de suelo o «swaps».

LIBERBANK

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía investiga al presidente de Liberbank, Manuel Menéndez, y al ex director general de Cajastur, Felipe Fernández, para esclarecer un presunto fraude societarios de más de 47 millones.