El denominado fraude de los carburantes, que esquilma anualmente 1.000 millones de euros a las arcas públicas, puede tener sus días contados. El PSOE y los partidos nacionalistas PNV, Junts y ERC han presentado sendas enmiendas al Proyecto de Ley que establece un mínimo global de imposición para multinacionales para poner coto a esta práctica delictiva.

Ambas propuestas, muy parecidas, proponen modificar el apartado undécimo del artículo 19.5º y el apartado undécimo del anexo de la Ley 27/1992 de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Y es que es en el pago de este impuesto en el que se comete la ilegalidad. Tanto los operadores mayoristas que cometen este delito como los que no compran el carburante ya refinado y lo guardan en depósitos fiscales. Cuando se saca de estos depósitos es cuando se devenga el IVA acumulado derivado de las sucesivas transacciones realizadas dentro del depósito fiscal de hidrocarburos en régimen suspensivo de impuestos. El operador que defrauda lo que hace entonces es repercutir esa gran cantidad de IVA a sus clientes y cobrárselo. Pero, al mismo tiempo, o bien no paga ese impuesto a Hacienda, o bien declarándolo, solicita aplazamientos de pago para ganar tiempo y desaparecer antes de que la Agencia Tributaria actúe contra él, liquidando la sociedad con la que opera o dejándola inactiva, por lo que ese agujero económico pasa a engrosar la lista de deudores de la Agencia Tributaria, sin posibilidad de recobrarlo, junto con las sanciones que devengan por ese incumplimiento.

"Solución italiana"

Para evitar esta fuga, los operadores, agrupados en torno a las asociaciones AOP, Aevecar, Ceees y UPI, han propuesto adoptar la conocida como «solución italiana», consistente, como ha hecho el país transalpino, en que se pague el IVA antes de extraer el producto del depósito. Y eso es, en esencia, lo que proponen las dos enmiendas presentadas.

La de los nacionalistas plantea exigir a quien extraiga carburantes de un depósito fiscal que demuestre que es un operador confiable para la Administración o que, antes de la extracción, garantice el pago del impuesto mediante un aval bancario a favor de la Agencia Tributaria, que garantice el 110% de la cuota del IVA correspondiente a la operación o con el pago a cuenta del 110% de la cuota del impuesto correspondiente a una entrega sujeta y no exenta que se haga posteriormente.

La enmienda también pide que el reconocimiento de la condición de operador confiable se supedite a cumplir unos requisitos de solvencia financiera y transparencia y formalidad. Dicha solvencia financiera deberá acreditarse de forma suficiente con el cumplimiento de criterios de solvencia previstos para los Operadores Económicos Autorizados en las Orientaciones publicadas por la Comisión Europea.

La propuesta socialista, por su parte, propone establecer a quien corresponde liquidar el IVA asimilado a la importación con ocasión de la extracción de los productos del depósito fiscal, que será el último depositante de los productos, o el titular del depósito fiscal, en caso de que sea este el propietario de dichos los productos.

El sector considera crucial esta medida para lograr arreglo estructural a esta práctica fraudulenta

Y en segundo lugar, plantea evitar el fraude mediante la exigencia, a quien extraiga los carburantes del depósito fiscal, de que demuestre que es un operador económico autorizado a efectos de la normativa aduanera, que tiene la condición de operador confiable reconocido por la Administración tributaria, o que, con carácter previo a la extracción, garantice el pago del impuesto correspondiente a la siguiente entrega sujeta y no exenta de IVA que efectúe, en la siguiente fase de la cadena.

La condición de operador confiable, según la enmienda, será reconocida a los sujetos pasivos inscritos en el Registro de Extractores que tengan un volumen mínimo de extracciones durante el año natural anterior de, al menos, 1 millón de litros de gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y hayan realizado operaciones al por mayor durante los 3 años anteriores, siempre que, además, quede acreditada su solvencia financiera.

Tanto una como otro enmienda se están tramitando ahora en el Congreso de los Diputados en el marco de la referida transposición de la directiva europea sobre fiscalidad a multinacionales, que debería estar aprobada antes de fin de año.

Para el sector, la aprobación de la «solución italiana» es fundamental. Como reconoció el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, tras la presentación de resultados hace un par de semanas, se trata de «una medida crucial para resolver el problema en términos estructurales».