Bruselas podrá expedientar a los países a partir del año 2024 si superan el 3% de déficit público

La bula que ha permitido que los países europeos hayan inyectado dinero público sin cortapisas desde el año 2020 para hacer frente a los estragos de la pandemia toca su fin. Las normas fiscales europeas se reactivarán en el año 2024 y la Comisión Europea ha emitido este miércoles su recomendación sobre la política presupuestaria que deberán seguir los países europeos para preparar sus cuentas públicas de cara a ese año. Aunque Bruselas no ahoga, comienza a apretar. La "cláusula de escape" activada por primera y única vez en 2020 expirará a finales de 2023 y ahora la Comisión Europea busca un aterrizaje lo menos doloroso posible para las economías europeas que deben enfrentarse a la inflación, la subida de los tipos de interés y la crisis energética.

Según la recomendación presentada este miércoles, durante la primavera del año 2024, la Comisión Europea podrá abrir procedimientos de infracción a aquellos países cuyo déficit público supere el 3% que fija el Pacto de Estabilidad y Crecimiento según los datos del otoño de 2023, aunque fuentes diplomáticas europeas reconocen que Bruselas tendrá algo de manga ancha ya que, en plenos esfuerzos para desembarazarse de los hidrocarburos rusos, el veredicto será diferente según la desviación y si esta es o no temporal.

Según las últimas previsiones del Gobierno de Pedro Sánchez, España deberá esperar hasta el año 2025 para situarse por debajo del 3% en 2025 (2,9%) y en el año 2024 esta cifra será del 3,3%. Con los números en la mano, todo indica que el año 2024 puede convertirse en una nueva avalancha de procedimiento sancionadores ya que hasta una quincena de países europeos podrían entrar en la lista negra, si bien la Comisión Europea no quiere hacer predicciones.

Estas orientaciones se producen en pleno debate sobre la reforma de las normas fiscales europeas. Unos cambios que deberán estar listos antes de que termine la legislatura y comenzar a aplicarse en su integridad en 2026. A pesar de esto, Bruselas considera que ya existe cierto consenso entre los países europeos sobre un nuevo enfoque y por eso va a comenzar ya a analizar los planes de reforma que los Estados europeos deben enviar en el mes de abril a la luz de esta nueva realidad. “Se trata de una fase transitoria y debemos trabajar con celeridad para que el conjunto de las normas reformadas se apruebe lo antes posible”, ha explicado el comisario de Economía Paolo Gentiloni en rueda de prensa.

Dentro de este nuevo enfoque, Bruselas analizará de manera cuantitativa el plan de reducción de deuda a medio plazo “creíble y continua” de cada país teniendo en cuenta la situación específica de las finanzas públicas. La Comisión Europea pretende que las políticas fiscales sean “prudentes” en cuanto al gasto corriente y se proteja la inversión, sobre todo la relacionada con la doble transición energética y digital. Aunque el umbral de que la deuda pública no sobrepase el 60% permanece invariable, el consenso generalizado reside en que la reducción da una veinteava parte anual de la deuda que propugnan las actuales normas fiscales resulta completamente irrealizable y puede estrangular a las economías europeas en esta coyuntura de guerra y crisis energética.

La Comisión presentó ya en el mes de noviembre un documento orientativo sobre la reforma de las normas fiscales que, a cambio de estas sendas de ajuste de deuda personalizadas según las necesidades de cada país, propugna sanciones casi automáticas a aquellos Estados que no cumplan lo prometido. Este próximo martes los ministros de Asuntos Económicos de los Veintisiete firmarán un texto de conclusiones sobre la reforma de las normas fiscales que, si bien apoya la idea de estas sendas de reducción de deuda a la carta según las necesidades de cada país, también pide una metodología común para establecer el ajuste fiscal con criterios objetivos. Esto último es una petición de Holanda y Alemania, países que recelan de que, al final, el nuevo enfoque propugnado por la Comisión deje en papel mojado el respeto a la sostenibilidad de la deuda pública.