La Audiencia Nacional investiga a la organización de autónomos afín a Podemos y a Trabajo por un presunto fraude en una subvención

La polémica envuelve al Ministerio de Trabajo en plena campaña electoral. La Audiencia Nacional investiga un presunto fraude en la concesión de subvenciones a la organización de autónomos Uatae, ligada a Podemos y CC OO, por parte del departamento que dirige Yolanda Díaz, que ha provocado que tanto la Justicia ordinaria como la directora general de Trabajo, Maravillas Espín Sáez, se hayan visto obligados a abrir una investigación para aclarar si la concesión de una subvención por gastos de funcionamiento a Uatae tuvo como consecuencia que se le adjudicara indebidamente un importe superior al que verdaderamente le hubiera correspondido, al presentar como suyos trabajadores que eran de otra entidad, por lo que la organización que dirige María José Landáburu podría ser acusada de falsedad documental y usurpación de identidad, y ser multada y obligada a devolver las cantidades mal entregadas.

Según las alegaciones presentadas, Uatae recibió una subvención de 133.211,84 euros, que presuntamente se habría concedido gracias a «una serie de hechos y actuaciones irregulares, en perjuicio patrimonial tanto de la Administración Pública como del resto de asociaciones de autónomos», ATA y UPTA, según consta en las alegaciones de la instrucción.

En las bases de acceso a esta subvención se determina que solo pueden concurrir a ella las organizaciones que cumplan unos requisitos previos: tener carácter estatal, ser intersectorial y ser representativa, requisitos que cumplen tanto ATA, como UPTA y Uatae. Hasta ahí, todo en orden. Sin embargo, la clave de las irregularidades tiene que ver con la fórmula por la que se concede esta subvención, que se tramita en régimen de «concurrencia competitiva», lo que significa que el importe de esta partida asignada, 555.001,253 euros, se distribuye entre las tres solicitantes en proporción a la valoración y puntuación que cada una obtenga.

Así, según el número de trabajadores que integran la plantilla de la entidad solicitante así será el cómputo final de la subvención. Cuanto más trabajadores, más dinero para una asociación y menos para las otras dos. Tras la presentación de la documentación, los técnicos de la Dirección General de Autónomos establecieron el reparto de los puntos correspondientes: ATA obtuvo 224,08, UPTA (85,25) y Uatae (102,58). En este punto, la Audiencia Nacional investiga si la documentación presentada por Uatae para alcanzar esta puntuación cumple con la legalidad, ya que para obtener una mayor valoración y, por tanto, intentar obtener un mayor importe en el marco de la subvención, Uatae incluyó en su solicitud como propia toda la plantilla de Pimec Autonóms y de Pimec Petita i Mitjana, ambas ligadas al independentismo catalán. Las bases exigen que es necesario que la entidad esté «inscrita en el registro autonómico de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos, lo que se acreditará mediante certificado expedido por dicho Registro». Y ahí nacen todas las dudas, ya que Pimec Petita es una organización empresarial –como consta en el registro autonómico-– sin que pueda considerarse una asociación de autónomos, por lo que Uatae no podía incluir «legítimamente a esos trabajadores para computarlos a efectos de calcular el importe que le corresponde en la subvención», como explica el texto de las alegaciones.

Según la documentación a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, existe un segundo punto irregular. Uatae presentó un certificado de inscripción de Pimec Autónoms en el Registro de Asociaciones Profesionales del Trabajo Autónomo de Cataluña que tiene el mismo número de expediente y de inscripción (1/2010) que la entidad patronal Pimec Petita, algo que no es posible legalmente, pero que sirvió para que pudieran computarse los trabajadores de la patronal Pimec en lugar de los trabajadores de la asociación de autónomos Pimec, y así elevar su número computable y la puntuación otorgada a Uatae que, de esta manera logró pasar de un empleado en Pimec Autónoms a cerca de 80 por Pimec Petita.

También se investiga si Uatae falseó presuntamente la fecha del certificado de inscripción en el Registro (Sección Laboral), ya que el que consta oficialmente fue expedido el 9/08/21, dos meses antes que el aportado por Uatae, presentado con fecha 10/10/21, además de no haber podido entregar ni tan siquiera la firma digital del certificado, ni el código seguro de verificación (CSV), lo que levanta aún más sospechas.

Finalmente, se examina si existe fraude documental al incluir a Pimec Petita como una asociación de autónomos integrada en Uatae, cuando queda demostrado de forma registral que Pimec Petita es una patronal empresarial, con asociados que son empresas, no personas físicas como deben ser los integrantes de las asociaciones de autónomos. Por tanto, esta asociación de corte independentista estaría implicada al mismo nivel que Uatae en este presunto fraude, ya que se necesita su colaboración para presentar y falsear la documentación presentada.

Gracias a esta esta presunta manipulación de documentación, el Ministerio de Yolanda Díaz otorgó a la asociación ligada a Podemos una subvención de prácticamente el triple de lo que le hubiera correspondido con sus propios trabajadores, además de haber perjudicado a las otras dos asociaciones, ATA y UPTA, que recibieron menores cuantías de las que les hubiera correspondido,. Además, Pimec habría logrado la representación que pretendía a través de la asociación podemita.

Desde ATA exigen que se tomen medidas inmediatas si se confirman las irregularidades y señalan «la grave responsabilidad en la que habría incurrido la Comisión de Evaluación ministerial, ya que no se puede justificar como error un aumento de trabajadores como el reseñado en la documentación». Por ello, exigen tanto «rectificar la resolución de concesión de la subvención, adaptando la misma a la valoración y puntuación correcta, como la restitución de las cantidades correspondientes otorgadas de forma errónea».

Fuentes de UPTA manifestaron que esperan «que la documentación sea válida pero, si no es así, se deben tomar en consecuencia todas las medidas necesarias».

Por su parte, el Ministerio de Trabajo ha reconocido a LA RAZÓN que existe una investigación en marcha, pero aseguran que «se ha seguido escrupulosamente la normativa vigente y se ha actuado según la información aportada por todas las asociaciones, avalada por las diferentes Administraciones públicas». Las mismas fuentes también advierten de que «si durante la investigación se detectara alguna irregularidad, se obligaría a la asociación correspondiente a la devolución de las cantidades asignadas de forma errónea y a redistribuir los correspondientes importes».

La asociación independentista y la de autónomos ligada a Podemos decidieron unir fuerzas ya antes de la pandemia, cuando lanzaron juntas la «Plataforma Pymes», con el objetivo de ganar representatividad a nivel nacional entre las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, y restar influencia y capacidad a las patronales CEOE, Cepyme y a las propias ATA –integrada en CEOE– y UPTA –ligada a UGT–, algo que hasta el momento no han conseguido. Tampoco su incorporación a Conpymes –la última patronal creada– le ha valido alguna relevancia, ya que apenas ha logrado implantación en todo el territorio, pese a su mayor incidencia en Cataluña, máxime cuando ni tan siquiera han logrado que sean tenidos en cuenta como nuevo actor del diálogo social pese a sus reiteradas reclamaciones.

Según defiende en su página web, Uatae es la organización que «más crece desde 2017, llegando a triplicar sus resultados de hace dos años», con una expansión del 24%, y «sube hasta la segunda posición en cuanto a estructuras», algo que estas irregularidades ponen seriamente en duda. Además, recuerda que la subvención puesta en entredicho «no tiene nada que ver con el número de trabajadores por cuenta propia a quienes representan las asociaciones, sino que responden únicamente al número de trabajadoras y trabajadores contratados por cada una de las asociaciones en sus distintas sedes en el conjunto del territorio del Estado». De ahí que la investigación puesta en marcha cobre aún más importancia, ya que la propia organización reconoce implícitamente el aumento de su estructura para poder acceder a un mayor porcentaje de esta ayuda.

Uatae también ha recibido otras subvenciones junto al resto de asociaciones de autónomos, como la entregada para promover el Kit Digital –un programa financiado con fondos europeos cuyo objetivo es digitalizar a un millón de pymes en España– tras ser aprobada en un real decreto por el Consejo de Ministros que regulaba la concesión directa de las subvenciones el pasado mes de diciembre. En su caso se le concedieron 600.000 euros, de los que recibió un 10% por adelantado y el resto se entregará trimestralmente a medida que vayan acreditando el cumplimiento de los objetivos del programa de difusión del Kit Digital. Con la investigación abierta, el Ministerio de Asuntos Económicos –del que depende su distribución– podría congelar los pagos hasta que haya una resolución al respecto.

El Ministerio de Trabajo ha ido reduciendo las subvenciones a ATA y a UPTA en la misma proporción que se la ha ido aumentando tanto a Uatae como a sus filiales, como la Confederación Nacional de Autónomos del Comercio (CNAC), que ha recibido miles de euros ligados a estudios y proyectos de dudosa aplicación real, como el ‘Estudio para activación comercial de los mercados de abastos de España, Mercado Central’ o el ‘Relevo generacional y emprendimiento para la promoción del mercado autónomo’, por los que recibió más de 30.000 euros.

Tanto ATA como UPTA han denunciado en reiteradas ocasiones el trato de favor recibido por Uatae por parte de la ministra Yolanda Díaz. Pese a que su implantación no llega a las 17 comunidades autónomas, como sí hacen ATA y UPTA, las cantidades recibidas prácticamente igualan a la de las principales organizaciones nacionales.