La asfixia burocrática le cuesta 4.660 euros a cada hogar español

La asfixia burocrática creciente y el exceso de prohibiciones es un lastre para España. Para empezar, los obstáculos para el mercado único europeo tienen un impacto cercano al 3,5% del PIB para España, mientras que la ruptura del mercado nacional propiciada por la fragmentación normativa autonómica tiene otro impacto del 3,5% del PIB.

En total, el coste de estos obstáculos para que las empresas puedan operar en la UE y dentro de España asciende a 90.000 millones de euros, una cifra que equivale a 4.660 euros por hogar. Ese es el golpe para los españoles del creciente intervencionismo del Estado en la economía.

Esto ocurre hoy, pero al actual ritmo de creación de normas, España perderá 100.000 empleos en la próxima década por la acumulación de «nuevos requisitos, restricciones y prohibiciones regulatorias», según un extenso estudio sobre «Asfixia empresarial» elaborado por el Instituto Juan de Mariana en colaboración con el Aula José Ramón García.

El estudio avanza que solo reducir a la mitad los niveles de congestión judicial apreciados en la jurisdicción civil permitiría elevar inmediatamente la inversión privada en unos 1.500 millones.

La realidad es que España está en el puesto 97 del último ranking del Banco Mundial dedicado a medir las facilidades para hacer negocios. En plena crisis de vivienda, respecto a las licencias de obra y construcción estamos el lugar 79 del ranking.

Incluso cuando ya se pone en marcha un negocio, el régimen de restricciones es asfixiante, como para los grandes establecimientos comerciales, que ven limitada en un 80% su capacidad de apertura en domingos y festivos, a lo que hay que sumar múltiples cargas adicionales.

La normativa fiscal no se queda atrás y, además de aumentar la presión impositiva, conduce a una sobrecarga procedimental para las empresas. Por ejemplo, el manual del Impuesto sobre la Renta de la Agencia Tributaria alcanzó en la campaña de 2023 una extensión de 1.921 páginas. En el caso del IVA, su extensión en el último ejercicio asciende a 360 páginas. Esta misma rúbrica llega a 796 folios en el caso del Impuesto de Sociedades.

Así, en vez de dedicar su tiempo y recursos a innovar, las empresas españolas se ven forzadas a realizar cada día más y más trámites de todo tipo. Normal que cuatro de cada diez empresarios consideren que el problema de sobrerregulación y burocracia es una de las cuestiones más críticas a la hora de invertir en España.

La situación es tan preocupante que las empresas dan a esta cuestión una importancia similar a la que asignan a los impuestos, de modo que la presión normativa ya tiene una trascendencia comparable a la fiscal.

Siete de cada diez empresarios consideran que la excesiva carga regulatoria es uno de los factores que más está afectando a los niveles de inversión, que de hecho llegaron a finales de 2024 por debajo de las cotas alcanzadas en 2019.

Se trata, además, de un mal endémico europeo, como hemos visto con el desarrollo de la inteligencia artificial: Europa ha sido la primera en regular sin tan siquiera disponer de una tecnología de IA propia. La automoción es otro buen ejemplo de cómo las normas y exigencias normativas fabricadas por políticos y burócratas pueden acabar lastrando a un sector líder a nivel global.

Todo esto se traduce en una debilidad de inversión productiva. A finales de 2023, la inversión real seguía un 5% por debajo de los niveles previos a la pandemia y su peso en el PIB se encontraba en cotas parecidas a las de la crisis que estalló en 2007-2008 y se prolongó hasta 2012-2013. Este crecimiento sin inversión provoca pérdidas de productividad y compromete la sostenibilidad de la economía española.

De hecho, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que ahora dirige Nadia Calviño, ha señalado que una de las razones detrás de este déficit inversor es el decepcionante clima político y regulatorio de España, donde el 73% de las empresas considera que la regulación laboral y empresarial es un obstáculo para la inversión, 12 puntos más que la media comunitaria.

Cataluña frente a Madrid

El propio Ministerio de Economía reconoció en septiembre pasado en la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios que el 36% de la economía española se ve afectada por el lastre del exceso normativo, que golpea a 1.930.000 empresas y 9.750.000 trabajadores, especialmente en las regiones con mayor sobrerregulación, como Cataluña.

Y es que las regiones son responsables del 75% de las normas que se aprueban anualmente en el territorio nacional, lo que genera diferencias muy significativas en el marco regulatorio de unas y otras regiones. Por ejemplo, la carga regulatoria efectiva en Cataluña duplica la de Madrid, lo que reduce la renta de la primera comunidad en 1.141 euros por persona, destruyendo asimismo unos 52.400 puestos de trabajo.

10.300 normas laborales

El informe repasa la creciente ambición regulatoria en España, donde las leyes medioambientales multiplican a las europeas. Entre 2000 y 2022, se aprobaron 9.489 regulaciones «verdes», lo que equivale a que por cada norma de este tipo aprobada en Francia, España ha puesto en marcha al menos seis, con resultados discutibles en los niveles de protección del medio ambiente. Sobre «igualdad de género», entre 1996 y 2022 se aprobaron 22.337 normas, más de un 80% por las regiones.

Asimismo, España tiene en vigor unas 10.300 regulaciones laborales, de modo que el principal coste de empresa está también sujeto a una hiperregulación que contribuye a que España sea el país con más paro de la UE.