España ha sido a lo largo de la historia un país propenso a las crisis de deuda pública. Francisco Comín, en su libro «La crisis de la deuda soberana en España (1500-2015)», se detiene en algunos de los momentos más críticos de las finanzas españolas como consecuencia de la proclividad histórica del Estado a no respetar sus compromisos con los deudores, y del que es un claro ejemplo el rechazo de los Borbones a asumir la deuda heredada de los Austrias. Un problema que se extendió en el tiempo y que se agravó en la primera mitad del siglo XIX, cuando el Estado no solo no podía hacer frente a sus compromisos con los acreedores, sino que tampoco conocía a cuánto ascendía el monto de lo que debía el país. Aquello se zanjó con el llamado «arreglo de la deuda», llevado a cabo por el entonces ministro de Hacienda, Juan Bravo Murillo, que introdujo mejoras administrativas para que el Estado pudiera hacer frente al pago de sus gastos ordinarios (algo considerado por otros autores, como Gabriel Tortella Casares, como una «bancarrota mal camuflada»). Posteriormente, otros ministros de Hacienda ilustres, como Raimundo Fernández Villaverde, abordaron una serie de reformas también encaminadas a atajar este mal económico, ya convertido en endémico, como las conversiones de deuda flotante en consolidada. Sin embargo, lo que se consiguió fue la acumulación de enormes volúmenes de endeudamiento, que supusieron una auténtica losa para los Gobiernos obligados a pagarlos. Hasta tal punto llegó el desprestigio de la deuda española, que los extranjeros huyeron de ella hasta bien entrado en siglo XX, lo que provocó la práctica desaparición de este mercado (los tenedores de la deuda eran básicamente bancos y cajas). Ante esta realidad, no resulta extraño que uno de los principales retos a los que se enfrentaron los gobiernos de la Democracia fuera crear prácticamente de la nada un mercado de deuda moderno. Y lo consiguieron.

Los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI introdujeron un soplo de aire fresco, tanto que la deuda se fue reduciendo progresivamente (en porcentaje sobre PIB) hasta alcanzar su mínimo en 2007, cuando representó el 35,8%. Desde entonces, se ha producido un cambio de tendencia, que se inició como consecuencia de la crisis financiera, por la que el endeudamiento ha entrado en una dinámica en la que no ha hecho más que crecer. El pasado mes de septiembre rebasó el billón y medio de euros, moderándose ligeramente hasta alcanzar los 1.497.154 millones en octubre, un volumen, no obstante, ingente que ha hecho saltar las alarmas sobre la sostenibilidad de la misma. Así, atendiendo al volumen actual de la deuda pública, cada hogar español debe 78.261 euros, un endeudamiento que se ha incrementado sustancialmente desde 2018, cuando ascendía a 63.212 euros. Desde que Pedro Sánchez está al frente del Ejecutivo, la deuda por hogar se ha incrementado en más de 15.000 euros. En los últimos 20 años, el endeudamiento ha aumentado a un ritmo superior al crecimiento del PIB. Y es que mientras la primera magnitud se ha incrementado en 1,1 billones de euros, lo que representa un avance del 290% con respecto a 2002, la segunda lo hecho en 517.632 millones (un 69,05%), elevándose la deuda por hogar en casi 52.000 euros (un 194% más).

El Gobierno espera que la economía avance en el conjunto de 2022 un 5%, con lo que el PIB español se situaría en el entorno de los 1,26 billones en 2022. A tenor del estado actual de las finanzas públicas, la ratio Deuda/PIB superaría el 118%, tres puntos por encima del objetivo que el Gobierno ha planteado a Bruselas y que se sitúa en el 115,2%.

Unas cifras que plantean, aparte de un problema económico desde el punto de vista de la sostenibilidad, un dilema ético, ya que las generaciones actuales estamos viviendo a costa de las futuras. «La situación por la que estamos atravesando en la actualidad se agravará aún más en los próximos años. Si nos atenemos a la evolución de la pirámide demográfica, cada vez habrá menos individuos para hacer frente a las obligaciones que se están contrayendo hoy en día. Y es que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades», indica Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE).

Si bien es cierto que la deuda se disparó hasta el 120% en 2020 como consecuencia de la COVID-19, desde entonces y, pese a los vientos de cola, no se ha tomado ninguna iniciativa para reducir el déficit público y rebajar esta presión, con unos Presupuestos Generales del Estado que baten récord de gasto y con una serie de medidas marcadamente electoralistas que no harán más que incrementar los desequilibrios, alimentado aún más el agujero negro en que se ha convertido la deuda española. No hay más que fijarse en el incremento del 8,5% de las pensiones y la subida salarial acordada para los empleados públicos de hasta el 9,5%, por no hablar de otras iniciativas que aún no han sido contabilizadas, como el cheque-familia de 200 euros. Una fiesta de gasto que, de momento, está sin pagar y que será uno de los legados que Pedro Sánchez deje a su sucesor en caso de que no resulte vencedor en comicios que se celebrarán a final de año.

En el último lustro, la deuda pública en términos absolutos ha engordado en 323.804 millones de euros, creciendo cinco veces más que el PIB. Por este motivo, los expertos consultados lamentan que el Gobierno no haya aprovechado el momento de «vacas gordas» (con un crecimiento robusto, por encima del PIB potencial, una recaudación tributaria en máximos y unos tipos de interés históricamente bajos) para hacer un esfuerzo de reducción del déficit y la deuda, algo que, inevitablemente, impactará en el crecimiento y en el bienestar de los ciudadanos cuando las reglas de consolidación fiscal (actualmente, suspendidas) se vuelvan a imponer, obligando a «sacrificar» partidas importantes de gasto social. «Vamos a tener que consolidar (ajustar nuestras finanzas) en el momento en que estamos peor», señala Izquierdo. Y es que España es actualmente el segundo país de la UE con mayor déficit (solo superado por Malta) y el cuarto con una ratio más elevada de deuda, por detrás de Grecia, Italia y Portugal.

Daniel Lacalle, economista jefe de Tressis, considera que España ha perdido una oportunidad de oro para ajustar sus finanzas. «España es el país que más ha aumentado la deuda pública desde la pandemia. El Tesoro ha extendido los vencimientos de la deuda, por lo que el impacto de la subida de tipos será bajo. Sin embargo, a medida que se vaya refinanciando, se encontrará con tasas más altas, lo que sí va a tener un fuerte impacto. España ha despilfarrado el mayor estímulo monetario y fiscal de su historia, ya que no ha habido ningún mecanismo que controlase el aumento de la deuda y de los gastos. Toda una oportunidad perdida», destaca.

Refinanciaciones

El Tesoro se encuentra este año ante el reto de colocar un cuarto de billón de euros en los mercados, de los que 70.000 millones está previsto que se destinen a cubrir el déficit (emisión neta) y el resto a refinanciaciones, en un contexto de desaceleración, que puede cambiar a peor las cifras de déficit, y en un momento de normalización de la política monetaria del BCE, con subida de tipos de interés y con compras limitadas de bonos por parte del BCE, lo que encarece el coste de la financiación. La AIReF ha calculado en su «Observatorio de Deuda» que un incremento de los tipos de interés de 100 puntos básicos supone un aumento de la carga financiera equivalente al 0,5% del PIB. El Banco de España, también en esta línea, estima el impacto en cuatro décimas. Así, teniendo en cuenta que el precio del dinero en la eurozona se sitúa hoy en día en el 2,5% (y la perspectiva es que siga subiendo), el gasto adicional por los intereses de la deuda superaría los 15.000 millones de euros.

Consecuencias

Los expertos apuntan a que un incremento de deuda está justificado en situaciones excepcionales y transitorias, ya que la acumulación de la misma resulta perjudicial. Un elevado apalancamiento por parte del sector público vuelve la economía más vulnerable ante shocks adversos, reduce el margen para llevar a cabo una política fiscal anticíclica, aumenta la incertidumbre sobre su pago y detrae recursos al sector privado por el aumento de los costes de financiación. Hasta este momento, España, al igual que el resto de países de la eurozona, ha vivido una situación de «anestesia» monetaria que ha enmascarado estos riesgos y ha llevado a la economía española a caer en la autocomplacencia, evitando reformas de calado. Ahora, ante los movimientos del BCE, toca despertar, y quizá se tenga que hacer de forma más abrupta de lo que se había previsto inicialmente.

Sostenibilidad

Si bien es cierto que la inflación ayuda a reducir la deuda a corto plazo, no lo es menos que también alimenta el déficit público. Al final, es una pescadilla que se muerde la cola, ya que la deuda no deja de ser una herramienta con las que el Gobierno trata de diferir sus gastos en el tiempo, con la que tapa los «agujeros» abiertos por el desequilibrio entre gastos e ingresos. Por tanto, no resulta descabellado decir que la deuda es el gran reto pendiente de la economía española. Su sostenibilidad, según apuntan desde el Instituto de Estudios Económicos (IEE), depende fundamentalmente de tres factores: el crecimiento potencial, el superávit fiscal estructural y de la prima de riesgos. Si se analizan estos elementos por separado, nos podemos hacer una idea de los riesgos que afronta la economía española con un nivel de deuda como el actual.

Pese a que Pedro Sánchez sacó pecho adelantando un crecimiento del PIB del 5% para 2022, lo cierto es que si nos fijamos el crecimiento potencial (la tasa a la que avanzará la economía en el medio plazo), el futuro no se presenta tan optimista, dibujándose en el horizonte un crecimiento débil. El Programa de Estabilidad 2022-2025, que el propio Gobierno remitió a Bruselas, sitúa el crecimiento del PIB potencial en el 1,6% para los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

En cuanto al segundo apartado, el Ejecutivo confiaba en que la evolución cíclica de la economía mejoraría el saldo público. Así, como también recoge en el Plan de Estabilidad, la economía española cerrará 2022 con un saldo estructural -3,4% del PIB. Con un crecimiento del PIB del 5% como el previsto por el Ejecutivo y con unos ingresos tributarios en récord, lo lógico es que las cuentas públicas arrojaran superávit. Lejos de eso, cerrarán 2022 con un déficit en el entorno del 4,5%. Situación que puede ir a peor, teniendo en cuenta que, cuando el crecimiento se modere, el saldo estructural se ensanchará, lo que se traducirá en más endeudamiento.

Pero hay otro factor del que depende la sostenibilidad de la deuda: la prima de riesgo. Ésta muestra la confianza que terceros tienen en un país. Actualmente, la prima de riesgo española se encuentra en el entorno de los 100 puntos básicos (107, concretamente), pese a que se trata de un nivel relativamente bajo, es una de las más altas actualmente de la UE. Este parámetro se ha visto muy favorecido por las compras de bonos del BCE. Sin embargo, la autoridad monetaria va a ir dejando de reinvertir la deuda en balance que le vence, lo que propiciará un incremento de las primas de riesgo y una mayor exigencia de rentabilidad por parte de los acreedores privados, introduciendo una tensión adicional.

En resumen y, atendiendo a estos factores, los tres principales riesgos a los que se enfrenta la economía española son un crecimiento potencial moderado, un alto déficit público y una prima de riesgo en ascenso.

«Hemos expandido excesivamente la deuda pública por la suspensión de las reglas fiscales como consecuencia de la pandemia. Una vez que ha pasado este momento, el crecimiento y la recaudación deberían haber servido para reducir el déficit, porque cuando se vuelva a un escenario de consolidación fiscal, al que ya se está apuntado desde Bruselas, van a ser necesario ajustes muy importantes», subraya Gregorio Izquierdo, director general del IEE. España ha creado un gasto público estructural que se puede agravar si tenemos en cuenta las obligaciones contraídas a futuro y que no se contabilizan como deuda. Y como muestra, un botón. El valor del pasivo del sistema de pensiones supera en 3,6 veces el PIB. Y es que las pensiones, sin duda, van a condicionar el gasto en los próximos años. «Hasta ahora, hemos contado con una demografía favorable, mucho mejor que la del resto de países de la UE. Esto se ha acabado, ya que los “boomers” han comenzado a jubilase. En lugar de tener en cuenta esta situación para equilibrar las finanzas, lo que el Gobierno ha hecho es aumentar el gasto estructural», añade Izquierdo.

Pero también se han quemado otros cartuchos, ya que se ha agotando las posibilidades del sistema tributario, con una presión fiscal normativa y un esfuerzo fiscal que se encuentra por encima de la media europea, lo que deja un escaso margen de maniobra de cara al futuro para corregir desequilibrios por la vía de los ingresos.

Ante esta coyuntura, los ajustes inevitablemente se deberán acometer por el lado del gasto.

Un situación financiera que exige un nuevo «arreglo de la deuda» como ya hizo Bravo Murillo, aunque quizá la deuda española, como ha quedado patente no pocas veces a lo largo de la historia, no tiene arreglo.