Encontrar una vivienda para alquilar empieza a ser una misión para osados en Madrid y Barcelona. Y no sólo por los precios, en tendencia ascendente ya desde hace varios meses, sino porque la oferta existente en ambas ciudades se ha reducido en casi un tercio en el último año.

Según los datos de idealista, el principal portal inmobiliario español, el «stock» de vivienda disponible para alquilar en la capital se ha reducido en un 32% en 2022, mientras que en la ciudad catalana lo ha hecho un 28%. Ambos porcentajes están muy por encima del 17% de media que se han reducido las unidades disponibles en toda España. Un descenso que, a pesar de ser abultado, es inferior al que se registró en el tercer trimestre del año pasado, cuando la oferta se contrajo un 25%.

El encogimiento del mercado de alquiler no es, sin embargo, exclusivo de Madrid y Barcelona. La mayoría de capitales de provincia españolas (32 de las 52) tiene ahora muchas menos viviendas en alquiler de las que tenía hace un año. La reducción es especialmente llamativa en Granada (48%) y se sitúa en el 41% en Málaga, en el 36% en Alicante y en el 35% en Valencia. Teruel, como Madrid, tiene ahora un 32% menos de alquileres, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria el retroceso se sitúa en el 31%. Les siguen Ciudad Real (-30%), Palma (-30%), Barcelona (-28%) y Oviedo (-21%). Con caídas superiores o iguales al 15% están las ciudades de Soria (-20%), Sevilla (-19%), Bilbao (17%), León (-16%) y Ávila (-16%).

En otras 18 capitales, sin embargo, la oferta ha subido. El mayor aumento se da en Cuenca, con un incremento del 127%; seguida por Ceuta, con un 68%; Jaén (65%) y Córdoba (62%). Por debajo del 50% de incremento se sitúan Girona (44%), Cádiz (32%), Vitoria (24%), Pamplona (22%), Lleida (21%) y Castellón (19%).

Motivos

Tras esta caída generalizada de la oferta de vivienda en alquiler hay para idealista una doble causa: el incremento de la demanda y una oferta menguante. En cuanto a los que buscan vivienda en alquiler, Francisco Iñareta, portavoz de idealista, asegura que «tras la pandemia, la demanda de vivienda en alquiler ha tenido un crecimiento exponencial. La vuelta a las aulas, el fin de los ERTE o el teletrabajo convertido en fórmulas híbridas en las que el trabajador acude a la oficina varios días a la semana y tiene que vivir en la misma ciudad de su puesto de trabajo han propiciado el incremento de la demanda». Además, añade, «en las zonas turísticas, la reactivación del turismo ha provocado que muchos trabajadores de esta industria hayan regresado tras dos años ausentes».

La reducción de la oferta tiene que ver con la inseguridad jurídica que, a juicio de idealista y el sector inmobiliario al completo, está propiciando la regulación del sector auspiciada por el Gobierno central y otros autonómicos como el de Cataluña. «Al crecimiento de la demanda, que ha ido drenando rápidamente la oferta disponible, se han unido unas políticas de vivienda que lejos de hacer aflorar nuevo producto en el mercado que pudiera satisfacer esa demanda han espantado a inversores y ahorradores y reducido el “stock” de vivienda en alquiler», según explica Iñareta.

El sector ha denunciado que medidas como el control de precios impuesto por Cataluña y que ahora quiere replicar en áreas de precios tensionados la Ley de Vivienda que se tramita en el Congreso no han hecho sino perjudicar al mercado. La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) recordaba hace un par de días que la medida ha reducido un 42% la oferta de viviendas en alquiler en Barcelona. La prórroga de contratos de alquiler y la limitación del 2% en el incremento de las rentas también generan, a su juicio, inseguridad jurídica.

Lo que el sector reclama desde hace tiempo, como asegura Asval, es crear un marco regulatorio estable que genere confianza para atraer a los inversores en vivienda; aumentar la vivienda pública en alquiler social, para lo que esta asociación ha puesto a disposición del Estado 30.000 viviendas sin que el Gobierno haya valorado todavía la iniciativa; y proteger el derecho a la propiedad actuando frente al incremento de las ocupaciones ilegales.