Los consumidores sufrirán fuertes subidas en las facturas de la luz para financiar el tope al gas

La subvención a las empresas gasistas para que la tarifa eléctrica regulada -que representa el 10% de la demanda- sea menos costosa será pagada por orden del Gobierno por los consumidores de tarifa libre, que representa el 90% de la demanda. Estos ya comienzan a recibir facturas con incrementos significativos insostenibles para muchas familias y empresas. El culpable es el tope al gas, que irán pagando en sus recibos los clientes previsores que firmaron contratos a largo plazo. Tendrán que abonar, según vayan renovando sus contratos, la subvención al gas.

“Chapuza, ocurrencia, improvisación…” Son algunos de los calificativos que ha cosechado el Real Decreto del Gobierno por el que se topa el precio del gas para la producción de electricidad. “¡Se dijo que era para abaratar el precio”, señala un consumidor. Y efectivamente, abarata el precio de algunos consumidores, mientras encarece los de la mayoría, que ya está recibiendo fuertes incrementos impuestos por el Gobierno en la renovación de sus contratos con las comercializadoras.

El costoso tope del gas

El “tope al gas” es una medida que ha aplicado el Gobierno (RDL 10/2022), de manera temporal. Consiste en limitar el precio máximo del gas en las subastas de electricidad que utilizan las centrales de ciclo combinado. El objetivo era abaratar el precio de la luz para un 10% de la demanda, los consumidores de la tarifa regulada, pero los datos ponen de manifiesto, semana tras semana, que al Gobierno le ha salido el tiro por la culata.

Al poner el límite en el precio del gas, el Gobierno obligaba a realizar una compensación por la diferencia entre el precio real del gas y el precio “topado”. Pero, ¿quién paga esa diferencia del precio? El resto de consumidores.

El ahorro generado por el mecanismo es mayor cuanto menor sea el ajuste que tienen que pagar los consumidores. Y esto depende de la fracción de las compras de energía que soporta el recargo y contribuye, por tanto, a pagar la subvención al gas. Es decir, el recargo por MWh de electricidad que pagan los compradores de energía no exentos, que se calcula dividiendo el coste total de la subvención al gas entre la demanda sobre la que recae el coste del mecanismo. Pero el coste del gas ronda máximos históricos, en el entorno de los 300 euros el MWh según el mercado neerlandés TTF, y todo apunta a que el precio pool seguirá disparado. El incremento de los pagadores de la subvención no será, previsiblemente, suficiente para compensar la subida del precio del gas.

Lo que está consiguiendo el Gobierno es gasificar todo el mercado eléctrico español. El tope no se ha impuesto solo a los clientes de la tarifa PVPC, que ya lo están pagando, sino que se les cargará a los clientes del mercado libre que renueven su contrato entre el pasado 26 de abril y el próximo 31 de mayo, el día en que, en principio, caduca la medida. El efecto real es que se ha creado un problema donde no lo había: la tarifa libre, con precios más bajos que la regulada, se irá incrementando. La solución hubiera sido reformar la tarifa PVPC y ligarla al mercado de futuros o directamente eliminarla, como han hecho otros países de la UE, facilitando así que los clientes se fueran al mercado libre, más barato.

Hacienda, el otro beneficiado

Así, al dispararse el precio del gas en los mercados internacionales durante los últimos meses, se multiplica la subvención que hay que darles a las gasistas para controlar el precio de la regulada y eso ha supuesto que tal desproporción se cargue en las facturas del resto de consumidores, que ya están recibiendo el enorme disgusto y susto en sus buzones. Pero hay un beneficiado más: el Gobierno, que multiplica los ingresos del Estado a través de la recaudación del IVA en la medida en que mengua el bolsillo del contribuyente.

A pesar de las advertencias de la patronal eléctrica, AELEC, de organizaciones de consumidores y de medios de comunicación, el decreto entró en vigor el 26 de abril, aunque se empezó a aplicar desde el 15 de junio. Estará en vigor hasta el 31 de mayo de 2023. Desde el pasado 15 de junio, están afectados por la compensación al gas todos los contratos de PVPC.

Ahora, sin embargo, los grandes damnificados son los nuevos contratos del mercado libre firmados desde el 26 de abril, las renovaciones, las revisiones de precio y las prórrogas posteriores a dicha fecha. Un cargo que el Gobierno ha colocado en los recibos de luz, como ya se encargan de explicitar en las facturas las compañías comercializadoras.

Más que de un texto legislativo fruto de la reflexión, podría hablarse de una ocurrencia que va directamente del Boletín Oficial del Estado al recibo de la luz de los consumidores de tarifa libre. Y ya lo están empezando a pagar cada vez más ciudadanos. Nunca el BOE entró tan de lleno en el bolsillo de tantos consumidores en tan poco tiempo.