Los pequeños propietarios podrán subir el alquiler en las zonas tensionadas hasta un 10%

La nueva Ley de Vivienda permitirá a los pequeños propietarios incrementar hasta un 10% las rentas de los alquileres en las zonas que sean declaradas de precios tensionados. Aunque, por defecto, mientras se mantenga en vigor esta medida los alquileres del área afectada que se prorroguen se mantendrán congelados, los propietarios particulares podrán incrementar las rentas siempre que firmen un nuevo contrato para arrendar una vivienda que haya sido rehabilitada y mejorada. Estas reformas deberán contribuir a mejorar su accesibilidad o su eficiencia energética y también deben contemplar que la vigencia del contrato se extienda por un periodo de diez años, según explican fuentes conocedoras de la norma.

La ley, que será presentada en el Congreso de los Diputados el próximo día 26, tal y como adelantó la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, la pasada semana, contempla así una vía para que los propietarios que hayan realizado una inversión para actualizar su vivienda puedan recuperarla a través de su alquiler sin verse afectados por la posible declaración de zona tensionada. Una protección que tendrá que requerir el visto bueno del Gobierno por cuestiones fiscales, según aseguran las mismas fuentes. Lo lógico, explican, es que el Ministerio de Hacienda tenga conocimiento y control de la identidad de aquellos propietarios se van a beneficiar de las bonificaciones fiscales aplicables a los que rebajen las rentas en las zonas de precios tensionados en base al índice de referencia que preparará el Gobierno, y en cuyo diseño está trabajando en estos momentos.

Bonificaciones

En principio, el plan de desgravaciones que incluirá la ley es el que presentó en marzo -o uno muy parecido- José Luis Ábalos a Unidas Podemos mientras negociaban la ley. El documentoproponía establecer, en los nuevos contratos de arrendamiento, un porcentaje de reducción general del 50%, ampliable en un 10% para el alquiler de viviendas de protección sujetas a algún régimen de calificación o norma jurídica que fije el precio máximo de alquiler y para los arrendamientos de viviendas recientemente rehabilitadas cuando se hayan realizado obras de rehabilitación o mejora en la vivienda en los últimos tres años que impliquen un desembolso de más de seis meses de renta. La reducción alcanzaría el 70% si se alquila la vivienda a jóvenes de entre 18 y 35 años. Transportes también planteaba bonificaciones si el inmueble se alquila a inquilinos con ingresos reducidos, aunque todavía no ha establecido el porcentaje.

Zonas tensionadas

En el caso de las zonas tensionadas, proponía una exención adicional del 20% sobre el 50% que establecía con carácter general en los rendimientos que da una vivienda alquilada para las residencias que se incorporen al mercado con alquileres inferiores a una renta máxima en estos lugares. También proponía una bonificación adicional del 40% para aquellos alquileres de estas zonas que mejoren sus condiciones del contrato del inquilino existente en más de un 10%, de tal forma que la bonificación del IRPF alcanzaría el 90%. Asimismo, Transportes ofrecía establecer un porcentaje de reducción del 70% para viviendas acogidas a programas públicos de alquiler social o a precio asequible (vivienda asequible incentivada) y para la cesión o alquiler de vivienda a entidades sin ánimo de lucro especializadas en la atención a hogares o colectivos vulnerables.

Las bonificaciones de los propietarios particulares no serán las únicas que se modifiquen en un futuro. El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 reduce del 85% al 40% la bonificación fiscal para las entidades que se dedican al alquiler de vivienda. Desde Unidas Podemos han subrayado que, con esta medida, se retiran los “privilegios fiscales” a estas entidades, que generalmente entran dentro de la categoría de grandes propietarios. Con ello, además, se podrán precisamente sufragar los incentivos fiscales para los pequeños propietarios para reducir los alquileres en las zonas tensionadas.

Las compañías de alquiler son las grandes damnificadas de la nueva Ley de Vivienda. El pacto entre PSOE y Unidas Podemos sobre la Ley de Vivienda contempla la regulación del precio del alquiler para bajar las rentas a las viviendas en manos de grandes propietariosempresariales en zonas de mercado tensionado. Una medida que, no obstante, no entrará seguramente en vigor hasta el año 2024 dado que no será hasta entonces cuando el Gobierno tenga configurado el nuevo índice de precios para referenciar los precios en estas áreas.