La intervención de precios de los alquileres a grandes tenedores no estará lista hasta 2024

Pedro Sánchez tendrá muy probablemente sus Presupuestos. Esos que le permitirán agotar casi con toda seguridad la legislatura porque pueda prorrogarlos sin rubor el año próximo si vienen curvas. Pero no le han salido gratis. El PSOE ha tenido que hacer concesiones para que su socio de coalición, Podemos, trague con las cuentas. Y lo ha hecho especialmente en la Ley de Vivienda, que la formación morada había apuntado como una de las líneas rojas para sacar adelante el acuerdo. Porque, al final, y a pesar de todo lo dicho, la nueva norma recogerá la tan deseada intervención de los precios del alquiler que ansiaba Podemos y que, a la postre, supone cargar sobre las espaldas de los propietarios el problema. No obstante, habrá que esperar al menos hasta el año 2024 para que esta intervención del mercado se materialice.

El pacto entre PSOE y Unidas Podemos sobre la Ley de Vivienda contempla la regulación del precio del alquiler para bajar las rentas a las viviendas en manos de grandes propietariosempresariales en zonas de mercado tensionado. No obstante, la intervención de precios no será ni automática ni generalizada, ya que serán las comunidades autónomas las que tengan que solicitar al Gobierno la declaración de zonas de mercado de alquiler tensionado, que serán aquellas en las que se aplicará a estos propietarios la regulación de precios, en función de los índices oficiales de referencia, según avanzó el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Fuentes de Moncloa aclararon que en la categoría de grandes propietarios afectados por esta medida sólo entrarán las personas jurídicas, es decir, las empresas que posean al menos diez propiedades; y no las físicas aunque su patrimonio en alquiler sobrepase esa cifra.

En cuanto a cuándo será efectivo ese control de rentas, las mismas fuentes explicaron que el Gobierno se tomará un periodo de 18 meses para elaborar un nuevo índice de precios al que referenciar las rentas en las zonas tensionadas una vez se apruebe la ley. Según explican fuentes del Ejecutivo, el sistema estatal de índices de referencia de precios de alquiler presentado en julio del año pasado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) no es el más adecuado porque sus datos tienen un año de retraso, lo que dificulta conocer el verdadero estado de los precios en los mercados. Cuando entre en funcionamiento, los afectados por la norma tendrán la opción de prorrogar los contratos de alquiler al mismo precio. Si firman otros nuevos, tendrán que ajustar el precio a la renta media que fije el índice oficial para esa zona, lo que presumiblemente supondrá que tengan que bajar los alquileres.

Para las personas físicas propietarias, y con independencia del número de inmuebles que tengan en alquiler, el pacto entre PSOE y Podemos contempla la congelación de los precios en las áreas tensionadas en caso de prórroga del alquiler, aunque si están dispuestos a bajarlos, se les aplicarán bonificaciones fiscales suficientes como para que les salga a cuenta esta rebaja. A este respecto, Bolaños aseguró que hay “un paquete muy potente de bonificaciones fiscales para los propietarios, para incentivar la reducciones de los precios”. Estas podrán llegar al 90% de la bonificación de las rentas que obtengan en caso de bajar precio respecto al contrato anterior, como propuso hace meses el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma). No obstante, para hacerse acreedor de estas bonificaciones, el propietario deberá rebajar aplicar la rebaja en los precios a todas las viviendas de su propiedad. En su propuesta inicial, el PSOE rechazó intervenir los precios y planteó como alternativa exenciones fiscales en el IRPF que partían con carácter general del 50% en el rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual y la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, donde las bonificaciones pueden oscilar entre el 70% y el 90% dependiendo de diferentes factores. A diferencia de la intervención de precios, estas deducciones se aplicarán en el mismo momento que se apruebe la ley al igual que otras medidas como el recargo del 150% del IBI.

Recargo del IBI

Para estimular la salida de más unidades al mercado de alquiler, el acuerdo alcanzado por PSOE y Unidas Podemos establece un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías que podrán aplicar los ayuntamientos. En un primer momento, el PSOE, en el anteproyecto de ley, había recogido un recargo del 50% para aquellas viviendas que permanezcan vacías al menos dos años y para aquellos propietarios que tuvieran al menos cuatro inmuebles en propiedad, con independencia de que fueran personas físicas o jurídicas. El documento establecía excepciones como el traslado temporal por razones laborales o de formación; el cambio de domicilio por razón de dependencia, salud o emergencia social; o el uso de la vivienda como segunda residencia con un máximo de 4 años de desocupación continuada.

La nueva Ley de Vivienda también mantiene la apuesta por el parque público de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida (de éste 30%, la mitad para alquiler social). Esta última medida no gusta dentro del sector porque, traslada el peso de la resolución del problema a los promotores. Además, según advierten desde idealista, esta medida se ha probado en Barcelona y el resultado ha sido “la desaparición de la obra nueva y las pocas promociones que se levantan lo hacen a precios muy elevados”.