La armonización fiscal divide ahora internamente a ERC

Desde que alcanzaron un pacto con los socialistas para aupar a Pedro Sánchez hasta La Moncloa, los independentistas catalanes han exigido por activa y por pasiva al Gobierno central que armonice los impuestos cedidos a las comunidades autónomas de régimen común. En toda esta larga travesía desde que se inicio la legislatura, Esquerra Republicana de Catalunya ha puesto el énfasis, en contra de sus propio anhelos, en disputar la plaza a Madrid, a la que ha acusado de «dumping fiscal». De hecho, fuentes del mundo independentista catalán consultadas por LA RAZÓN advierten contra una mano negra en el Estado español que ha ido tejiendo, con el paso del tiempo, una estrategia de acoso y derribo contra el independentismo, consistente en fortalecer a Madrid y convertirla en única plaza financiera del país.

Por eso, desde «el frustrado» referéndum ilegal del 1-O de 2017, entre las filas independentistas ha ido tomando cuerpo la idea de que para alcanzar la gloria, es decir, la independencia, Cataluña tiene que dejar de rendir cuentas financieramente a España. Los independentistas están absolutamente convencidos de que «el Estado español ha usado siempre toda su maquinaria para cercenar la posibilidad de que Cataluña gane peso económico». Como botón de muestra de lo dicho, recuerdan el polémico traslado a Barcelona de la extinta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, anulado por el Tribunal Supremo en 2006. En este contexto, también inscriben la marcha de las sedes sociales de CaixaBank y de Sabadell a Valencia y a Alicante, respectivamente, tras la consulta ilegal del 1-O.

Ante este escenario, comenzaron hace meses a confrontar con la Comunidad de Madrid, en un intento de arrebatarle poder económico, pero, sobre todo, según reconocen fuentes de ERC a LA RAZÓN, con el fin de evitar que la influencia del Partido Popular crezca, lo que sería contraproducente para la consecución de los objetivos marcados en su hoja de ruta hacia la independencia. En este contexto, se inscribe la exigencia del por entonces Ejecutivo de Quim Torra de «café para todos» en materia de tributos cedidos a las autonomías. Es decir, armonizar todos los impuestos cedidos para que los ciudadanos paguen en todas las comunidades exactamente lo mismo y, así, evitar los supuestos beneficios que obtiene Madrid por los efectos de ostentar la capitalidad del país.

Tributos cedidos

El Estado cedió, en su día, a las comunidades de régimen común, todas salvo el País Vasco y Navarra, la recaudación con capacidad normativa para fijar reducciones, tipos impositivos y bonificaciones de una cesta de impuestos, entre los que destacan Patrimonio y Sucesiones, figuras que ahora el Gobierno quiere armonizar en toda España, salvo País Vasco y Navarra, que se rigen por el concierto económico. Además, les transfirió parcialmente los ingresos y cierta capacidad de decisión sobre el IRPF y la recaudación, sin capacidad normativa, del IVA, Especiales y Sociedades. De ahí que, desde sus competencias, cada una adopte las medidas fiscales que le parezca más oportuno. Sus decisiones repercuten directamente en el bolsillo de sus contribuyentes. Así, las comunidades gobernadas por fuerzas de derechas, como la madrileña, andaluza, gallega, o vasca, son, por lo general, en las que menos impuestos se pagan. En este escenario, los de Quim Torra, que acusaban al Gobierno madrileño de practicar «dumping» fiscal, querían que se pagara lo mismo en Cataluña por Sucesiones que en Madrid, tributo que no existe en la mayoría de los países de la OCDE. Algo parecido ocurre con Patrimonio.

El requerimiento de Torra fue atendido no sólo por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sino también por el propio presidente del Gobierno. De hecho, el estudio de la armonización de los tributos cedidos se ha incluido en la reforma fiscal, que prepara el comité de experto encargado por Hacienda de analizar la estructura impositiva española. Este comité presentará su propuesta de reforma fiscal en febrero próximo. Además, el Ejecutivo quiere retocar el sistema de financiación autonómico, reforma para la que es inevitable saber si se armonizará o no los tributos cedidos, como Sucesiones o Patrimonio.

«Sinsentido»

A seis meses de que este comité de sabios publicite sus conclusiones y proponga las medidas a adoptar, en el seno de Esquerra Republicana de Catalunya se ha abierto un debate sobre la conveniencia o no de seguir reivindicando «café para todos». Los gurús que asesoran al president, Pere Aragonés, lo intentan convencer del «sinsentido» que supone esta exigencia. «Es una reivindicación antinatura. Va contra nuestra propia esencia como fuerza independentista que somos», advierten a LA RAZÓN asesores que forma parte de la guardia pretoriana de Aragonés. «Nosotros tenemos que luchar por conseguir que Cataluña se independice de España y cuente con su propio sistema tributario». De ahí que consideren estas mismas fuentes republicanas «absurda y contradictoria» esta demanda de armonización fiscal con su hoja de ruta hacia la independencia. De hecho, achacan esta desafortunada reivindicación a «una ocurrencia más» de Torra, pese a que Aragonés era por entonces su consejero de Economía y Hacienda. Por eso estas fuentes consultadas por este diario creen que, al final, la Generalitat aparcará esta exigencia en sus negociaciones con el Ejecutivo de Sánchez.

Algo similar ocurre con una eventual vuelta de las sociedades que trasladaron su sede fuera de Cataluña tras el 1-O. Esquerra quiere poner encima de la mesa de negociación con el Gabinete de Sánchez, cuya andadura comienza después del paréntesis estival, el regreso de las compañías que se marcharon tras el 1-O y la sucesión de actos vandálicos en los barrios más emblemáticos de las ciudades catalanas, especialmente de Barcelona. Para esta «vuelta a casa», esperan un empujón del Ejecutivo central en forma de incentivos fiscales, según confirman fuentes del Gobierno catalán a este diario.

Mientras, el núcleo más radical del independentismo catalán apuesta por romper amarras ya con España en el terreno económico. De ahí, de ese caldo de cultivo, nació el año pasado 11 Onze. Esta entidad, auspiciada por «Unidad por la Independencia», es fruto de la iniciativa privada, después de sopesar y llegar a la conclusión de que no es viable una entidad financiera impulsada por la Generalitat de Cataluña, porque seguiría estando a merced del Estado español. Así se gestó el primer banco catalán, que dispone de ficha bancaria en otro Estado miembro de la UE y, por tanto, escapa a la supervisión del Banco de España. El avance tecnológico ha permitido convertir este sueño independentista en realidad, al posibilitar un banco solo digital.