Cataluña: del «España nos roba» al «Madrid nos roba»

«Necesitan votos y huevos.Por eso lo están vendiendo como una estrategia progresista, frente al neoliberalismo salvaje que favorece a los ricos. Los ricos de Madrid, frente a los trabajadores de toda España» De esta manera tan gráfica, resume un alto cargo de un Gobierno autonómico la declaración de guerra realizada por los Ejecutivos central y catalán al madrileño. Defensor a ultranza de las lindes más allá de la autonomía, este máximo responsable autonómico advierte de las consecuencias políticas que tendrá para los socialistas retroceder en una competencia cedida a las comunidades en 2002, fecha en la que se les transfirió una cesta de tributos cedidos con su capacidad normativa, si es que al final «tienen huevos y votos».

Pero, ¿entonces es constitucional quitar a las comunidades la capacidad normativa cedida sobre esa cesta de impuestos? Todas las fuentes consultadas por LA RAZÓN coinciden en señalar que no es inconstitucional. Otra cosa es que atente contra la propia naturaleza del modelo autonómico. La LOFCA es la norma que regula la financiación autonómica de las comunidades de régimen común, todas salvo las Haciendas forales vasca y navarra. Por tratarse de una ley orgánica sólo se puede retocar por mayoría absoluta en el Parlamento, consenso que se antoja complicado de conseguir, sobre todo, si se tiene en cuenta que hay dos autonomías, País Vasco y Navarra, a las que le es indiferente este duelo de titanes.

De hecho, fuentes del Ejecutivo vasco recuerdan a este diario que sus representantes en el Congreso de los Diputados se han abstenido tradicionalmente en las votaciones de los sucesivos cambios decididos hasta la fecha por los diferentes Gobiernos sobre la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Por tanto, es más que previsible que los nacionalistas vascos se abstengan en una eventual votación de una armonización fiscal entre autonomías. No obstante, otro ilustre dirigente político nacional avisa de que «todo es posible» en la actual inestabilidad política que padece el país.

Pero si el Ejecutivo conoce las dificultades de modificar esta ley, ¿por qué respalda a ERC en su cara a cara contra Madrid? ¿Qué pretenden socialistas e independentistas? ¿Cambiarán el «España nos roba» por «Madrid nos roba» en busca de réditos electorales ante la cercanía de la cita con las urnas en Cataluña? ¿Es verdad esa afirmación? La realidad es que en una gran parte de la sociedad catalana ha calado el mensaje lanzado durante décadas por el nacionalismo y el independentismo catalán de que todos los gobiernos democráticos han beneficiado a Madrid en detrimento del resto del país y, por supuesto, de Cataluña. El independentismo catalán ha advertido a propios y extraños contra «una mano negra, mecida por el Estado español», que se dedica a «estrangular la más mínima salida digna» para su causa. En su opinión, el Estado español ha ido tejiendo, con el paso del tiempo, una estrategia de acoso y derribo contra el independentismo, consistente en fortalecer a Madrid y convertirla en única plaza financiera del país. Por eso, desde el «frustrado» referéndum ilegal del 1-O de 2017, entre las filas independentistas ha ido tomando cuerpo la idea de que para alcanzar la independencia, Cataluña tiene que dejar de rendir cuentas financieras a España.

En este contexto, fuentes independentistas advierten de que «el Estado español ha usado siempre toda su maquinaria para cercenar la posibilidad de que Cataluña ganara peso económico». Como botón de muestra de lo dicho, recuerdan el polémico traslado a Barcelona de la extinta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, anulado por el Tribunal Supremo en 2006. En este contexto, también inscriben la marcha de las sedes sociales de CaixaBank y de Sabadell a Valencia y a Alicante, respectivamente, tras la consulta ilegal del 1-O. Sin embargo, si realmente Madrid fuera un paraíso fiscal estas sociedades se hubieran instalado en la «city», asegura Cristóbal Montoro en declaraciones a LA RAZÓN. Pero ninguna lo ha hecho, tampoco en el territorios de las Haciendas forales. «No hay una competencia desleal que justifique esta deslocalización», puntualiza el ex ministro de Hacienda. Pero el sentimiento de «Madrid nos roba está ahí», asegura un dirigente nacionalista catalán. Por eso ahora toca invertir esta situación. Si el independentismo consigue una mayoría holgada en las urnas, será un paso de gigante en su afán por independizarse económica y financieramente del país.

Pero ¿realmente es cierto que Madrid se beneficia de su capitalidad? Los números son tozudos. La recaudación por las grandes figuras tributarias (renta, IVA y Especiales) en la Comunidad de Madrid en 2018 se elevó a 84.431 millones. Sin embargo, a las arcas autonómicas sólo fueron a parar 19.110 millones. Los restantes 65.000 millones se destinaron a financiar a otras administraciones autonómicas, incluida Cataluña, en cumplimiento del modelo de financiación autonómica. Es decir, Madrid sólo recibe el 22,6% de lo que recauda. En el periodo 2009-2018, su aportación se elevó a 31.672 millones de euros, casi tres veces la de Cataluña, con 11.169 millones. Además, solo en los últimos años desde que ostenta la capitalidad de España, en 1561, ha liderado el crecimiento económico del país, con una aportación al producto interior bruto del 19,3% y con el mayor PIB per cápita con 35.876 euros, un 35,7% más que la media española.

En este debate otra incógnita a despejar es a quién afectará la armonización fiscal defendida por el Gobierno central y por ERC. En realidad, esta armonización «se da de bruces contra el estado de las autonomías y contra la autonomía fiscal», insiste Montoro. Además, supondría de facto un alza de los impuestos para las clases medias y bajas que viven en Madrid. Una familia madrileña de clase media necesitaría el sueldo de un mes para pagar este aumento tributario. Por ejemplo, con el modelo fiscal catalán, los hogares madrileños pagarían 2.001 euros más al año. En este contexto, parece que de la bajada impositiva en Madrid se ha beneficiado todos los contribuyentes y, especialmente, las clases bajas y medias desde 2004. Un contribuyente medio, con rentas de 20.000 euros anuales, se ha ahorrado en estos 16 años el equivalente a más de tres años de sueldo.