El pasado 28 de junio publiqué en La Razón un artículo titulado ¿Se va la OMT de España?, que planteaba, en forma de interrogante, la posibilidad de que la Organización Mundial del Turismo (OMT) abandonara España para asentar su sede en otro país. Con la información adicional ahora disponible se podría, desgraciadamente, prescindir del interrogante.

He dudado en titular este artículo “España y la OMT” o, invirtiendo los términos, “la OMT y España”. Me ha parecido que el primero era el más adecuado para resaltar que España, a lo largo de cuatro décadas, ha sido leal con la Organización, ha atendido a sus necesidades, ha respaldado a la Organización en sus políticas y estrategias y ha cooperado en sus iniciativas en favor de la investigación, la promoción del turismo mundial, y la gestión de las numerosas crisis que han afectado a este sector fundamental de la economía mundial. Hay quienes opinan que España no ha sabido obtener beneficios apreciables del hecho de que la sede de la OMT estuviera en nuestro país, pero esta apreciación sirve para poner de relieve que España ha sabido mantener una posición neutral y elegante respecto de la Organización. Lo menos que se podría esperar es que la Organización correspondiera a esta actitud del país anfitrión con la misma lealtad.

La operación para llevarse la sede de una Organización Internacional a otro país requiere, en primer término, el ofrecimiento de un país con grandes recursos que le permita ejercer una decisiva influencia en numerosos miembros de la Organización, que han de expresar su conformidad al cambio de sede. Necesita, también, la complicidad de la cúpula de la propia Organización, ya que sin ella sería impensable el diseño, el planteamiento y la ejecución de una operación de este tipo. Este requisito plantea una pregunta inquietante: ¿Los españoles que prestan o han prestado recientemente servicios como funcionarios de la Organización Mundial del Turismo desconocían esta operación o, por el contrario, tenían indicios de la misma y alertaron oportunamente a las autoridades, turísticas y diplomáticas, españolas?

Y esta pregunta conduce directamente a otra: ¿Cuál está siendo la respuesta del Gobierno español, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y del Ministerio de Asuntos Exteriores? A raíz de publicarse el artículo del 28 de junio, y ante las demandas de diversos medios de comunicación, la Secretaría de Estado de Turismo les anunció la inmediata emisión de una nota informativa. Tal comunicación no se ha producido desde esa fecha. Ante este silencio sólo cabe una doble interpretación. O bien las autoridades ministeriales y diplomáticas españolas están haciendo gestiones discretas y eficaces para abortar estos intentos de cambio de sede de la OMT o bien han optado por dar por perdida la partida. Esperemos que sea la primera la que se corresponda con la realidad. En todo caso, el sector turístico español y la opinión pública española se merecen una aclaración sobre un tema que puede suponer la pérdida de la única agencia del sistema de las Naciones Unidas que tiene su sede en España.

No sería razonable suponer que el escaso aprecio manifestado por el actual Gobierno español por la actividad turística como factor de la economía nacional impidiera ver lo que supondría perder la sede de la OMT no ya para el sector turístico español y para su prestigio, sino para la imagen general de España. El Gobierno debería contemplar esta pérdida de la sede la OMT, si llega a producirse, como un grave fracaso, al reflejar el auténtico peso que tiene el país y su acción diplomática en la geopolítica mundial.