Nuevo capítulo en el "Caso Alves", cuyo juicio está previsto para el próximo mes de febrero. La víctima de la presunta agresión sexual del exfutbolista del FC Barcelona, Dani Alves, ha asegurado a través de un comunicado de su letrada, Ester García, que las conversaciones mantenidas hasta ahora con la defensa del futbolista, "a instancias de esta y que consideramos confidenciales", resultaron "en la imposibilidad de alcanzar entendimiento alguno", por las distintas posiciones de las partes "respecto a la extrema gravedad de los hechos y las penas a imponer".

En estas conversaciones, según adelanta El Periódico de Cataluña, la defensa barajó la posibilidad de indemnizar a la denunciante con una importante cantidad de dinero. En este sentido, la letrada señala en su comunicado que "cualquier delito contra la libertad sexual los daños morales y las secuelas son irreparables", dando a entender que el posible pacto es prácticamente imposible si se ciñe a una cuestión económica.

Tras el fracaso de los recursos de su excarcelación, la nueva letrada del futbolista Inés Guardiola se centró en perfilar un posible acuerdo con la justicia. Según el medio citado, la estrategia del brasileño pasaba por llegar a un acuerdo para reducir lo máximo posible su condena, pues se enfrenta ahora mismo a una pena de cárcel de entre ocho y diez años.

Un posible acuerdo que han estado negociando y cuyas propuestas principales eran unos 4 años de pena y una "jugosa" indemnización a la víctima. 

El comunicado se ha emitido este jueves después de que se difundiera que el pasado mes de agosto la víctima había enviado un escrito en el juzgado en la que revocaba su decisión expresada ante la juez instructora durante su declaración de no reclamar ninguna indemnización.

Reclama la indemnización que rechazó

Tras dejar claro en su primera declaración que renunciaba a cualquier tipo de indemnización económica, ahora está dispuesta a recibir la cantidad exigida por la Fiscalía de 150.000 euros y así lo ha solicitado su abogada en un escrito a la jueza. En sus declaraciones realizadas el 20 de enero, la joven de 23 años negó hasta en tres ocasiones cualquier voluntad de recibir una indemnización.

En un documento al que tuvo acceso 'La Vanguardia', la abogada de la presunta víctima explica cómo en un primer momento la víctima había rechazado la compensación por daños y perjuicios creyendo que así reforzaría sus argumentos, sin ser consciente de "las consecuencias plenas del delito ni de las circunstancias sobrevenidas que le impedirían, como así se reseñó en el informe médico forense, el desarrollo de una sintomatología ansioso-depresiva de intensidad globalmente moderada y, por tanto, un deterioro importante en diversas áreas del funcionamiento diario". Según la abogada, la supuesta víctima sigue manifestado síntomas de depresión que la mantienen en una situación de baja laboral y en tratamiento psicológico. La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual (ley del solo sí es sí) contempla que las víctimas de este tipo de delitos pueden cambiar de parecer en este sentido a lo largo del proceso judicial si las secuelas acaban siendo más graves de las que se preveían inicialmente.

Las dos nuevas decisiones de la víctima dejan a Alves sin salida de cara a evitar el juicio.