El juez del "caso Negreira" quiere saber desde cuándo declaró el Barça a Hacienda los pagos al entonces vicepresidente de los árbitros, José María Enríquez Negreira, que ascendieron a siete millones y medio de euros en casi veinte años.

Así lo ha acordado el magistrado Joaquín Aguirre en una resolución en la que reclama ese dato a la delegación en la ciudad condal de la Agencia Tributaria para esclarecer desde qué ejercicio se ha desgravado el club azulgrana en el Impuesto de Sociedades las facturas que giró a las sociedades del clan Negreira Dasnil SL, Nilsad SL y Soccercam SL, según la entidad que preside Joan Laporta -imputado recientemente por cohecho en esta causa- por la elaboración de informes arbitrales.

Por otro lado, el FC Barcelona ha contestado ya al requerimiento del instructor, que le solicitó "el listado de presidentes" de la entidad desde 2011 hasta 2018, "indicando la fecha de toma de posesión y cese", así como que precisase "las funciones exactas" que desarrollaban en la directiva azulgrana Albert Soler y Óscar Grau, también investigados en este procedimiento.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona mantiene imputados, además de Laporta, a dos expresidentes culés, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, por delitos de cohecho continuado, corrupción deportiva, administración desleal y falsedad documental. Además, también están investigados tanto Enríquez Negreira como su hijo, Javier Enríquez, y el propio FC Barcelona como persona jurídica. La instrucción dio un giro recientemente al atribuir el magistrado a Negreira la condición de funcionario, como directivo de un organismo, el Comité Técnico de Árbitros (CT), encuadrado dentro de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), una decisión en la que sustentó la imputación por cohecho continuado, que al contemplar penas más elevadas amplió el periodo investigado hasta los dos últimos años del primer mandato de Laporta, diez años antes del último pago del Barça a Negreira en julio de 2018. Un cómputo que en el caso de Negreira y su hijo se retrasa aún más, hasta el año 2003.

De 70.000 a 700.000 euros anuales

En la resolución en la que Aguirre imputó a Laporta en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, señalaba que esos pagos se podían considerar realizados "en atención al cargo que desempeñaba" Negreira dado que "se prolongaron aproximadamente durante unos 18 años" y fueron incrementándose -recordaba- "desde los 70.000 euros iniciales hasta los 700.000 euros anuales".

El instructor reiteraba que esos desembolsos provocaron "los efectos arbitrales deseados por el FC Barcelona, de tal manera que debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español", matizando que no eso no implica que "todos y cada uno de los árbitros fueran corruptos, pero sí un grupo de ellos".

De hecho, advirtió de que si se demuestra que el entonces número dos del CTA "influyó sobre ciertos árbitros para que tuvieran una actuación parcial favorable" al club azulgrana, estos rencillas "podrían ser acusados" de un delito de corrupción deportiva en concurso con otro de cohecho.

Y es que para el magistrado las actuaciones llevadas a cabo por Negreira "tuvieron por fuerza que beneficiar al FC Barcelona en detrimento del resto de clubes de la Liga de Primera División o de sus rivales en la Copa del Rey" a través de "designaciones arbitrales tendenciosas o bien a admoniciones realizadas a los árbitros normalmente designados".