Protección Civil y Emergencias exigen la derogación de la ley de estados de alarma y condenas para las autoridades tras la DANA de la Comunidad Valenciana

La gestión de la DANA que ha asolado la Comunidad Valenciana y que ha provocado centenares de muertos, de desaparecidos y miles de millones en pérdidas económicas sigue generando controversia. Desde la gestión de la alerta a la población -que llegó tarde-, la falta de ayudas durante los primeros días hasta la actuación de los políticos e instituciones. Una de las instituciones más criticadas en las primeras horas fue Protección Civil. Cinco días después de las lluvias torrenciales, la Asociación Nacional de Especialistas Profesionales en Protección Civil y Emergencias (Aneppce) ha emitido duro un comunicado, en el que hace indica que la responsabilidad en catástrofes de este tipo es de todos, desde ciudadanos, empresas a instituciones y que es urgente la modificación de la legislación para evitar que se produzcan situaciones como estas. Entre las medidas que proponen van desde la eliminación de la ley de estados de alarma, excepción y sitio, a la reforma del código penal para establecer condenas para los responsables políticos que no hayan actuado de manera preventiva.

Así, el comunicado de los profesionales de Protección Civil y Emergencias establece una relación directa entre lo sucedido y el cambio climático e indica la necesidad de "modificar los actuales modelos de respuesta ante emergencias" por otros "basados en la planificación en todos los ámbitos que afectan a la sociedad y en la respuesta preventiva profesionalizada de los municipios, el refuerzo de los sistemas cibernéticos, el desarrollo del sistema de emergencias psicosanitario y la necesaria apuesta por la cultura preventiva y la autoprotección".

La ANEPPCE indica que "sólo puede estar junto a las víctimas, asumiendo su dolor y su justa reclamación de necesidades" y advierte que "el Sistema Nacional de Protección Civil cuenta con una fase de Evaluación que obligará a auditar los protocolos y decisiones adoptadas".

En este sentido, explican que la Protección Civil es una cuestión de todos: "De los ciudadanos, que deben adoptarla debida cautela; de las grandes empresas, a través de planes de autoprotección que deben contemplar qué hacer en industrias y grandes centros ante inundaciones; de los ayuntamientos, en especial los de más de 20.000 habitantes, que deben prestar el servicio técnico de protección civil para adoptar medidas preventivas coherentes y anticipadas para salvar vidas". Pero también de las comunidades autónomas, "que le corresponde el mando y control del riesgo de inundación y, finalmente, del Estado que ha de dar apoyo a las Comunidades Autónomas y, en su caso, decretar la emergencia nacional ante las consecuencias devastadoras de una inundación".

Por ello, son conscientes de que "el Sistema Nacional de Protección Civil necesita una reorientación y cambio de paradigma, pues esa estructura ha demostrado no haber servido a sus fines". La ANEPPCE insiste en una de sus peticiones recurrentes como es "la necesidad de potenciar el papel preventivo de los municipios, dotando a las entidades locales de técnicos en coordinación de emergencias y protección civil cualificados, con un claro objetivo preventivo y de educación en los riesgos de la población". "Defendemos la regulación profesional de los servicios de emergencia al contar ya con suficientes promociones de titulados de formación profesional altamente cualificados y, a su vez, defendemos la incorporación de profesionales para generar grupos de expertos en inteligencia de riesgos y de apoyo psicológico. Exigimos la adecuación de las plantillas de los servicios de respuesta ante emergencias a los incrementos de población del territorio y que esta protección se extienda adecuadamente a las zonas de bajo ratio de población financiándose con fondos de solidaridad de los núcleos más densos al mundo rural".

Por todo ello, los profesionales de Protección Civil y Emergencias reclaman medidas urgentes como la de establecer un nuevo marco normativo más adecuado a la realidad de hoy en día: "Exigimos la derogación de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio y su sustitución por otra acorde a los tiempos actuales; la derogación del Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, por el que se regula el acceso, mediante redes de telecomunicaciones, el servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico 112 sustituyéndolo por una directriz básica de protección civil, adaptada al mundo actual, dando capacidades de gestión a los municipios de más de 20.000 habitantes".

También reclaman que se depuren las responsabilidades políticas. Por ello, consideran que es urgente la "modificación de Código Penal para sancionar a las autoridades que no implanten los planes de protección civil en su territorio, con las mismas penas que tienen los empresarios por no implantar la prevención de riesgos en sus negocios".

Respecto a las viviendas, consideran fundamental "la puesta en marcha de un certificado obligatorio en la compraventa de viviendas donde se refleje el riesgo que carga la misma y su entorno". En este sentido, apoyan "la creación de un mecanismo, gestionado por el Consorcio de Compensación de Seguros, que incorpore el saldo vivo de todas las operaciones de préstamo sobre bienes declarados en siniestro total y que haya una dotación económica inmediata, "con cuantías suficientes, del Fondo de Prevención de Emergencias establecido en el artículo 11 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil".

Finalmente abogan por el desarrollo de "una normativa mínima aplicable en todo el territorio nacional con las obligaciones fundamentales y estandarizadas relacionadas con la información pública que debe llegar a la ciudadanía, sus criterios de calidad, utilidad, veracidad y transparencia en consonancia con el desarrollo del artículo 6 sobre “Derecho a la información” de la Ley 17/2015 de 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil".

El comunicado concluye que "ponemos nuestras capacidades técnicas y de peritaje judicial, al servicio de las instituciones, organizaciones y las personas afectadas por este desastre así como todo nuestro conocimiento para la formación y asesoramiento, en materia de emergencias y protección civil, a todas las administraciones públicas, organismos y organizaciones que así lo requieran, como única asociación nacional que agrupa a los técnicos profesionales de protección civil.