La Generalitat plantea volver a bonificar a los jueces que redacten sentencias en catalán

La Generalitat plantea volver a bonificar a los jueces y funcionarios judiciales que redacten sentencias en catalán, ya que éstas solo suponen ahora el 5,3 %, mientras que a principios de los años 2000 este porcentaje subía hasta el 20 % gracias a un programa de incentivos económicos. Esta es una de las medidas que ha planteado el Govern en la reunión de este lunes de la Mesa del Pacto Nacional para la Justicia, presidida por el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, en la que se ha presentado una paquete de medidas para impulsar el uso del catalán en la justicia, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

En la cumbre, el conseller de Política Lingüística, F. Xavier Vila, y la secretaria general de Justicia, Maite Casado, han detallado que en 2024 las sentencias redactadas en catalán se situaron en el 5,3 % del total y que solo el 5,6 % de los documentos de inicio de los procedimientos estaban en este idioma.

Además, según Vila, en el 80 % de los casos en que se pide explícitamente la tramitación en catalán de un procedimiento judicial esta opción se incumple, lo que el conseller considera que demuestra la "profunda irregularidad lingüística" del sistema judicial en Cataluña.

Ante esta situación, el Generalitat se ha comprometido a trabajar para que los jueces y funcionarios judiciales perciban una bonificación económica cada vez que escriban en catalán una sentencia o documentos de tramitación judicial como las notificaciones.

Con esta medida se busca incrementar el nivel de uso del catalán en sentencias, como ocurrió a principios de los años 2000, cuando era del 20 % gracias a un programa de incentivos económicos que retribuía el uso de esta lengua por parte de jueces, fiscales y funcionarios judiciales.

De hecho, actualmente los abogados del turno de oficio ya perciben una bonificación de 25 euros cada vez que inician actuaciones judiciales en catalán, gracias a un acuerdo entre la conselleria de Justicia y el Colegio de Abogados Catalanes (CICAC), por el cual la Generalitat destinará este año 500.000 euros al impulso de este idioma en la asistencia jurídica gratuita.

En la reunión de hoy también se ha planteado impulsar que esta bonificación a los letrados de oficio que inicien procedimientos en catalán se pueda ampliar a los abogados privados.

Otra de las medidas que se ha puesto hoy encima de la mesa ha sido trasladar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, mediante el avance de la Inteligencia Artificial (IA), su centro de documentación judicial pueda traducirse automáticamente al catalán, gracias a un traductor jurídico que está desarrollando la Generalitat.

En la reunión también se ha planteado la posibilidad de impulsar que el conocimiento del catalán pase a ser un mérito en el proceso de selección de los miembros de la carrera judicial, ya que actualmente lo es en la fase de elegir destino.

De hecho, una de las primeras propuestas que la administración catalana hace a los nuevos profesionales que se incorporan a los juzgados catalanes es ofrecerles formación lingüística especializada, una propuesta que también se plantea a los fiscales del Estado a petición de la Fiscalía General del Estado.

A la reunión de hoy han acudido también los consellers de Salud, Olga Pané, de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, y de Igualdad, Eva Menor, así como representantes de los grupos parlamentarios PSC-Units per Avançar, Junts, ERC, CUP y los Comuns, de los colegios de abogados, procuradores y notarios, patronales, sindicatos y las entidades municipalistas.