Mañueco destaca la inversión de 180 millones de la Junta en ayudas directas para más de 3.000 proyectos empresariales en Castilla y León

El presidente del Gobierno regional, Alfonso Fernández Mañueco, ha recibido hoy en la sede de la Presidencia a la Junta Directiva de la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL), donde ha reiterado el apoyo del Ejecutivo autonómico a los empresarios y ha destacado el éxito de la colaboración público-privada para seguir generando riqueza y empleo.

En la presente legislatura, la Junta de Castilla y León ha destinado más de 180 millones de euros en ayudas directas para más de 3.000 proyectos empresariales en la Comunidad. Asimismo, Fernández Mañueco ha recordado que ya hay existe una línea abierta de ayudas para proyectos de inversión de 10.000 a 150.000 euros a la que se pueden acoger autónomos y pequeñas y medianas empresas.

En cuanto a apoyos a la financiación, el Ejecutivo autonómico ha atendido casi 12.000 solicitudes, por un importe de 1.945 millones de euros, a través de la Plataforma Financiera. Igualmente, la Junta prevé alcanzar los 260 millones de euros a través del Plan de Crecimiento Innovador que gestiona de la mano de las empresas.

Fernández Mañueco también ha destacado la importancia de favorecer la incorporación de nuevos titulados universitarios a las empresas. Con este fin, la Junta ha creado un nuevo programa junto a las universidades públicas de Castilla y León, dotado de 8,6 millones, para la retención y la orientación del talento. Con esta iniciativa se prevé ayudar a 4.000 jóvenes a formar parte del tejido empresarial de la Comunidad.

Por otro lado, el Ejecutivo autonómico está consolidando Castilla y León como un lugar atractivo para que las empresas inviertan y se asienten. Con este objetivo, está desarrollando 1.400 hectáreas de suelo industrial de calidad, asequible y abastecido con energías verdes, mediante una inversión total de 250 millones de euros.

Respecto a medidas para favorecer el relevo generacional, la Junta dará ayudas de hasta 20.000 euros a los autónomos que se hagan cargo de un negocio cuyo titular se haya jubilado o esté próximo de su jubilación. Además, este año se convocará una línea de ayudas para apoyar a la sucesión en la empresa familiar.

El presidente ha recordado que la Comunidad cuenta con la fiscalidad más baja de su historia y la Junta sigue trabajando en nuevas rebajas, que se sumarán a otras ya realizadas como la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Asimismo, ha señalado que el Gobierno autonómico comparte con los empresarios de Castilla y León su preocupación ante la amenaza de los aranceles y cómo la situación internacional pude afectar a las exportaciones de la Comunidad. En este contexto, ha asegurado que la Junta seguirá ayudando a las empresas a su internacionalización y a abrirse a nuevos mercados.

Finalmente, ha valorado el esfuerzo que realizan las empresas para lograr que tanto el PIB, como la producción industrial, las exportaciones y el empleo de Castilla y León crezcan por encima de la media de España. Del mismo modo, ha agradecido la labor que realiza la Asociación Empresa Familiar en beneficio del tejido empresarial.

Peticiones de la Empresa Familiar

Por su parte, la Junta Directiva de Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) encabezada por su presidente, Isidoro Alanís, ha trasladado a Fernández Mañueco una serie de propuestas concretas dirigidas a incrementar la competitividad empresarial y facilitar con ello la continuidad de la actividad de las empresas familiares.

En el informe que han entregado al presidente de la Junta, los empresarios familiares instan al Ejecutivo autonómico a adoptar medidas urgentes para reducir la burocracia, frenar la despoblación, rebajar la presión fiscal que sufren las empresas, paliar el absentismo laboral y favorecer la atracción y retención del talento, cuestiones que son prioritarias para EFCL, según se puso de manifiesto en la última encuesta realizada a sus asociados.

De hecho, la burocracia se alza como la principal preocupación para los socios de EFCL, que consideran que resta competitividad a sus empresas y representa una carga significativa que afecta a su operativa diaria.

Frente a esta situación, EFCL aboga por simplificar la relación de las empresas con la Administración y para ello piden a la Junta de Castilla y León que continúe con el plan de trabajo establecido con ese fin con la Dirección General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios de la Consejería de Presidencia.

En este sentido, la asociación reitera a Mañueco algunas de las propuestas que ya presentó hace un año y que pasan por limitar el teletrabajo, suprimir la cita previa, establecer el silencio positivo administrativo y plazos máximos de respuesta, hacer un seguimiento en tiempo real del estado de los trámites, potenciar la declaración responsable e impulsar una ley medioambiental autonómica.

Asimismo, proponen que la creación de riqueza y empleo sea valorable como “interés general”.

La retención y captación de talento es otra de las grandes preocupaciones de los socios de EFCL, tal y como reflejó la citada encuesta, en la que la práctica totalidad de los empresarios aseguró no encontrar perfiles adecuados para cubrir los puestos de trabajo que necesitan, lo que podía afectar a la sostenibilidad de sus compañías.

Para paliar esta escasez de profesionales, EFCL aboga por una mayor cooperación con las Universidades de la región y propone establecer en todas ellas un programa específico de universidad y empresa, similar al proyecto Alumni que ya tiene en marcha la Universidad de Salamanca, así como la implementación de créditos para los alumnos que asistan a las actividades relacionadas con el mundo empresarial.

También sugiere extender al ámbito universitario el Programa “Empresa familiar en las aulas” de charlas de empresarios, visitas a empresas y concursos de emprendimiento que la asociación ya está desarrollando con la Consejería de Educación en colegios e institutos, y por potenciar el trabajo con los jóvenes a nivel de Formación Profesional, que ya viene realizando a través de su Fundación.

EFCL destaca además que las empresas localizadas en zonas rurales, que son mayoría en la asociación, tienen un especial problema para la contratación de personas, por lo que urge a la Junta de Castilla y León a adoptar medidas que impidan la despoblación, como son bonificaciones fiscales a empresas que se localicen en municipios de menos de 5.000 habitantes, facilitar el acceso a la vivienda de los trabajadores simplificación de los procedimientos urbanísticos y el establecimiento de centros que combinen servicios administrativos con espacios de coworking y formación.

Los empresarios familiares también reclaman al Gobierno regional medidas para paliar el índice de absentismo laboral que registran las empresas, dado que contribuye a una falta de productividad que reduce la competitividad, llegando en algunos casos a poner en riesgo la continuidad de la actividad económica.

Así, aunque reconocen que actualmente no es competencia directa de la Junta de Castilla y León, proponen la creación de un sistema regional de control a través de la implementación de un equipo especializado contra el fraude.

También piden al Gobierno regional que traslade a Ministerio de Trabajo la necesidad de dotar de mayores competencias a las mutuas de trabajo y reforzar el control de las bajas médicas.

Asimismo, abogan por potenciar el programa de subvenciones para la prevención y reducción del absentismo laboral y ayudas a las empresas para gestionar el control horario y las ausencias al trabajo.

El sondeo de EFCL también reflejó que la mitad de sus empresas tenía abierta una inspección fiscal en estos momentos, lo que genera desconfianza e implica que deben dedicar excesivos recursos para atender los requerimientos administrativos.

Por ello, los empresarios familiares solicita a la Junta de Castilla y León que abra un diálogo con la Agencia Tributaria para conseguir un trato equilibrado e igualitario a las empresas de la Comunidad, en comparación con otros territorios.

También reiteran su petición de supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, ya que su recaudación no es significativa en relación a otros tributos, supone un agravio comparativo con otros territorios que ya lo han suprimido y puede favorecer la deslocalización de inversiones.

En este sentido, EFCL recuerda que la empresa familiar quiere permanecer en Castilla y León, por lo que es preciso mejorar las condiciones fiscales y laborales que lo hagan posible.