Investigado un empresario por gestión irregular de 2.000 toneladas de residuos peligrosos en Ávila

La Guardia Civil investiga al propietario y gerente de una empresa abulense por la supuesta gestión irregular desde 2018 de más de 2.000 toneladas de residuos peligrosos procedentes de cultivos en la provincia de Ávila, cuyo valor aproximado ronda los 200.000 euros.

Se le considera presunto autor de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como contra los derechos de los trabajadores, al haber gestionado y almacenado residuos peligrosos sin contar con las instalaciones adecuadas, ni la autorización precisa, ha informado en nota de prensa el instituto armado.

Las diligencias del caso han sido remitidas a la autoridad judicial competente para que continúe adelante con el proceso legal correspondiente, una vez llevada a cabo la investigación en el marco de la operación "Fito Plastic", desarrollada por el Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.

Dicha operación comenzó tras un servicio de vigilancia y prevención por parte del SEPRONA y la Unidad de Helicópteros del instituto armado, que llevó a cabo un vuelo rutinario durante el cual se detectó una "acumulación anormal" de plásticos en una parcela adyacente a una empresa dedicada al tratamiento de residuos.

Ante esta circunstancia, la Guardia Civil decidió realizar una inspección a la empresa y a la parcela, gracias a la cual se constató que los residuos plásticos con restos de productos fitosanitarios peligrosos, se almacenaban directamente sobre suelo permeable y a la intemperie, "sin cumplir con las medidas de prevención requeridas".

Las muestras, que fueron recogidas de plásticos, suelo y líquidos remitidos al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid para su estudio y análisis, revelaron la presencia de un "fungicida sistémico" autorizado para el tratamiento de diversas enfermedades causadas por hongos en los cultivos.

Según el instituto armado, esta sustancia puede permanecer en el suelo durante hasta 11 años, afectando su calidad, así como la fertilidad, con riesgo de infiltrarse en aguas subterráneas, comprometiendo su uso y dañando ecosistemas acuáticos.

Asimismo, fue solicitado el apoyo de la Unidad Técnica de la Unidad Central Operativa del Servicio de Protección a la Naturaleza (UCOMA), que efectuó un informe pericial que determinó que el almacenamiento incontrolado de estos residuos suponía "un riesgo significativo para el medioambiente y la salud de las personas".

Por ello, el propietario y gerente de esa empresa ha sido investigado por gestionar supuestamente residuos peligrosos "sin contar con las instalaciones adecuadas y la autorización necesaria" para ello.

Desde el 2018, esta empresa había recibido más de 2.000 toneladas de plásticos contaminados, con un valor aproximado de 200.000 euros.

Según la Guardia Civil, gracias a la colaboración entre el SEPRONA, la UCOMA y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, se ha logrado identificar una "grave irregularidad medioambiental y de salud pública", evitando una posible contaminación que pudiera afectar al medio ambiente y a las personas.E