Castilla y León sí cuenta con empresarios y sindicatos para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores

En el Gobierno de Castilla y León no salen de su asombro por la "hipocresía" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y especialmente la de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a cuenta del anteproyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, el registro de jornada y el derecho a la desconexión, que fija en 37,5 horas el tiempo de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.

Una iniciativa que se ha aprobado en el Consejo de Ministros solo con el acuerdo entre los sindicatos y el Ministerio de la dirigente de Sumar obviando a la patronal empresarial, y a pesar del titular de la cartera de Economía, Carlos Cuerpo, que ha tenido que "tragar" en este asunto cumpliendo las órdenes de Sánchez.

Aunque todavía queda el trámite parlamentario por delante antes de que sea efectiva la ley, donde podrían ocurrir muchas cosas.

Desde la Junta aseguran que no conocen cómo va a quedar este anteproyecto debido a las discusiones y discrepancias que ha habido entre los dos ministros implicadoss, y apelan a lo qu epueda ocurrir durante el debate en el Congreso de los Diputados.

“No sabemos cómo será, las posibles enmiendas y los apoyos que tenga por parte de los distintos grupos parlamentarios”, decía al respecto esta semana la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, quien, sin embargo, sí que ha dejado claro que en Castilla y León están del lado de los trabajadores y de mejorar sus condiciones laborales "como siempre lo hemos hecho". Y pone como ejemplo a los propios empleados públicos de la Junta de Castilla y León, que tienen una jornada de 35 horas.

Si bien, afirma que en este tipo de cuestiones que afectan a los trabajadores, en la comunidad castellano y leonesa siempre se ha contado con todas las partes implicadas, en alusión al Diálogo Social, seña de identidad en esta tierra, y no como ocurre a nivel nacional.

"Nosotros siempre hemos reivindicado la concertación social y que todo lo que afecte a los trabajadores se discuta en el seno del Diálogo Social", señala García, quien afea al Gobierno de España que presuma de Diálogo Social y luego "desprecie" a una de las partes, en este caso a los empresarios.

En este sentido, la consejera explica que los empresarios son quienes tienen que hacer frente a las distintas pérdidas y hacerse cargo de lo que supone el coste para las empresas de asumir la reducción de jornada, por lo que no entiende que se les deje de lado.

Por todo ello, insiste en que la mejor forma de defender a los trabajadores y sus intereses es en el seno del Diálogo Social.

El pñasado mes de septiembre se alcanzaron cuatro nuevos acuerdos, que movilizarán más de 980 millones de euros, sumando 17 acuerdos más los alcanzados desde que Mañueco asumió la Presidencia del Gobierno autonómico, en 2019.