Tribuna
Tres errores de una mala praxis continua
«El problema no son los menores sino que no se ha hecho nada con respecto a ellos de manera clara desde hace 25 años», señala José Carlos Cabrera Medina
Voy a intentar resumirles en tres razones fundamentales por lo que la cuestión de los menores que migran solos se ha convertido en un problema en nuestro país. Vaya por delante que todo lo referido a la migración es más complicado de lo que parece, pero podemos resumir, al menos lo importante, en tres grandes errores que se repiten continuamente.
La primera razón fundamental por la que llevamos hablando del fenómeno migratorio de los menores año tras año y con picos de atención mediática como el de este verano es porque, simplemente, nadie tiene un plan acerca de qué hacer con ellos.
Actualmente la política actual es básicamente almacenarlos, porque realmente plan de inclusión como tal para que tengan un futuro en nuestros países no lo hay, más allá de determinadas y bien estructuradas ONG que proponen planes integrales a pesar de las promesas de sus administraciones de que van a respetar el número de menores que deberían ser los convenientes en los diferentes recursos.
Y no hay un plan porque desde hace veinticinco años, sí, han oído bien, veinticinco años, sabemos por qué el fenómeno se produce e incluso de dónde vienen. Sí, lo sabemos, pero no hemos hecho nada y por eso los almacenamos o peor aún, esperamos a que se marchen a otras comunidades autónomas para que sea el problema de otro. De ahí la importancia del reparto, para tener más espacio para hacerlo, sin un verdadero plan de inclusión, pero esto tiene otro grave planteamiento que verán en la tercera de las razones.
Y digo vienen porque los menores migrantes no vienen de cualquier parte de su país, no, no es así. La localización está muy focalizada en una serie muy limitada de localidades (barrios periféricos y aldeas), donde curiosamente no sólo no trabajan los gobiernos locales, sino que ni nuestro Estado, ni ninguna comunidad se ha puesto manos a la obra para orientar el trabajo de sus agencias de cooperación en esos lugares, para minimizar el flujo de, insisto, localidades que cualquiera que haya trabajado con menores migrantes reconocería como Tingir o Beni Mellal en Marruecos.
Recuerden que no todos los que vienen son marroquíes, ahora por ejemplo hay un gran porcentaje que son de Gambia, un país pequeñísimo donde a la fuerza su origen está bien localizado. Por cierto, menores de Gambia, que previo paso por Canarias y traslado en un avión sin permiso de los padres por el Ministerio del Interior a la península con la complicidad de grandes ONG, se los encuentran después de repente determinadas comunidades autónomas de España.
La segunda razón por la que los menores emigran, es porque su condición de menores en nuestro país les permite no ser devueltos. Esta situación se produce porque el Estado no hace ningún esfuerzo en implicar al Gobierno de Marruecos o de otros países en localizar y estudiar la situación de las familias de donde salen estos menores y saber si deberían ser devueltos al seno de su familia por el interés superior de ese menor, tal como es que cualquier niño pueda vivir con su familia.
Sí, hemos conseguido que otros países colaboren en la lucha contra el yihadismo, (Marruecos) o contra la migración irregular (Mali), pero nunca hemos puesto en la agenda de las negociaciones a los menores. Y eso que el trasvase de dinero para estos acuerdos no ha sido pequeño.
Por lo tanto, esta realidad produce un doble efecto, uno, los jóvenes adolescentes y sus familias ven en la minoría de edad una posibilidad de migrar que a los 18 años desaparece. Es decir, queramos o no, la dejación de los países de aplicar el verdadero espíritu de la ley que salvaguarda el interés del menor, que seguramente unas veces pasará por permanecer en España y otra con su familia, hace que esto genere un efecto claro de llamada que satura los centros donde el flujo es más intenso, ahora Canarias, Andalucía en 2019 o quién sabe si Murcia en 2027.
Hay una tercera razón que hace de toda esta gestión se haya convertido en una mala praxis y es que, una vez que los menores son localizados en nuestro país se les atiende con una ley que en esencia es de 1983 y unos recursos no pensados para un menor transnacional con proyecto (o no) migratorio.
La ley actual prevé que los menores que por circunstancias familiares tienen que dejar su casa y ser atendidos en centros no tenían por qué abandonar los mismos, porque en ellos se les iba a procurar lo necesario para su buen desarrollo. Centros que se llaman de régimen abierto, es decir, sin medidas coercitivas para permanecer en ellos, porque esos menores no habían hecho nada para merecer estar en los centros. Esta perspectiva choca frontalmente con el otro perfil del menor migrante (ya de los años 90 hasta hoy en día) que primero sí ha hecho algo irregular como es atravesar la frontera por un punto no habilitado para ello y que utiliza ese régimen abierto para abandonar los centros y dirigirse a los lugares donde tienen sus conocidos o sus redes informales migratorias.
Esto se traduce en que el menor se marcha de los centros para ir a aquellas localidades donde ellos o sus familias, con ayuda en muchos casos de las mafias, eligen ser atendidos. Una autentica perversión del sistema en sí, si se fijan. Este es el caso paradigmático de Vizcaya, que estando en la otra parte del país está completamente saturada con más de 500 menores en un territorio tan pequeño.
Ahí lo tienen: tres razones, para comprender mejor, sin tanto ruido mediático, que el problema no son lo menores, sino que no se ha hecho nada con respecto a ellos de manera clara desde hace 25 años.
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