La Junta vincula el fraude de UGT al «descontrol» socialista

La cronología de los hechos es clara: el caso de las facturas falsas de UGT se produjo y se conoció durante los Gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía. Eso es lo que quiere aprovechar el Ejecutivo actual que preside Juanma Moreno para contraponer la gestión de la etapa anterior con la actual, más aún cuando el PSOE ha llevado a los tribunales los contratos del SAS por trámite de urgencia en la etapa post Covid.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, fue el encargado de verbalizar esta estrategia: «Ahora Andalucía, por iniciativa del gobierno de Juanma Moreno, tiene controles e iniciativas legislativa y política que nos permiten garantizar que este tipo de hechos no se pueden volver a repetir» ya que ahora «la lucha contra la corrupción y la prevención de este tipo de casos son ejes fundamentales» en la acción de la Junta.

Hay que recordar que en el auto de procedimiento abreviado que dio origen al juicio del que se conoció la sentencia, el juez relataba que entre 2009 y 2013, mediaron «procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores, a fin de que de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias», incurriendo en ello en «la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos al destino que dichos fondos deberían haber tenido», que eran «la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado».

Por tanto, establecido el horizonte temporal, la realidad es que ya hay una sentencia que condena al exvicesecretario de Organización de UGT-A y exsecretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla a tres años de cárcel y una multa de 50 millones de euros por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de fraude de subvenciones, con la atenuante de dilaciones indebidas; y por destinar «de forma consciente y fraudulenta» más de 40,6 millones de euros de ayudas de la Junta para cursos de formación, «para financiar actividades propias del sindicato ajenas al fin social» de las subvenciones.

Además, el tribunal impone la misma pena por los mismos delitos al que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Charpín, y el consejero delegado de la entidad satélite del sindicato Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea.

Y, además, la sentencia condena a Fernández Sevilla, Fresneda, Charpín y Goicoechea a que indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta con el 99% de la cuantía de 40.620.256 euros; y a Dolores Sánchez al pago del uno por ciento de dicha cantidad, cuota correspondiente como cómplice; y subsidiariamente con los condenados como autores hasta el límite de 4.288.707 euros; declarando al sindicato UGT-A como responsable civil subsidiario por el total importe de 40.620.256,43 euros a UGT-A.

El actual Gobierno andaluz será el encargado de buscar una solución para que se cumpla esta condena. Ya lo ha hecho en el pasado con otros expedientes de reintegro que tenía abiertos UGT. Así, el 20 de diciembre de 2022, el Consejo de Gobierno que presidía Moreno autorizó el aplazamiento de unos 36 millones en 25 años y el fraccionamiento de pago de las deudas de UGT-A derivadas de subvenciones recibidas entre 2008 y 2018. El acuerdo contemplaba el pago de 99 cuotas, que comenzaron a abonarse el 5 de abril de 2023 y terminarán el 5 de octubre de 2047.

En cualquier caso, el consejero de Presidencia no se atrevió ayer «a vislumbrar qué va a ocurrir» y abogó por «esperar a los acontecimientos pero evidentemente respeto a la justicia y una fotografía más de la época pasada de los gobiernos socialistas que no tiene que ver con lo que hoy son los gobiernos de Juan Moreno».

El que sí tiene claro lo que debería hacerse es Vox, que reclamó ayer a la Junta que corte la «financiación» a un sindicato «mafioso» como UGT-A y le exija que devuelva el dinero «robado» a los andaluces.

Por su parte, el PSOE prefirió no pronunciarse sobre el asunto y se desligó de su sindicato «hermano»: «Respeto todas las decisiones judiciales y, en este caso, creo que el que se tiene que pronunciar es el sindicato UGT, no nosotros», manifestó la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, Ángeles Férriz.