«Se hizo lo que se debía hacer y siempre avalado por la legalidad»

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, explicó ayer en el Parlamento andaluz que «se hizo lo se debía hacer y siempre avalados por la legalidad» para explicar la contratación de emergencia realizada por la Junta de Andalucía durante la pandemia y que el PSOE-A ha llevado a los tribunales, provocando que hasta tres gerentes del SAS estén siendo investigados.

Hernández, y no el presidente de la Junta, Juanma Moreno, o la consejera de Hacienda, Carolina España, como solicitaban los grupo de la oposiciones, quien detalló que esta práctica de contratación terminó antes de que se decretara por el Gobierno de España el fin de las restricciones sanitarias el pasado 4 de julio de 2023 y, con mucho énfasis, incidió en que el uso de este procedimiento fue «una obligación» ante un «desastre humanitario» y antes las dificultades administrativas que acarreó el Covid. De hecho, llegó a lanzar una pregunta: «¿Qué habría pasado si no se hubieran hecho esos contratos cuántas personas habrían fallecidos? ¿Cuántas miles no habrían podido ni ser diagnosticadas ni operadas?». E insistió en que este «mecanismo se torno en absolutamente imprescindible para hacer frente a los estragos del coronavirus en todos los sistemas sanitarios de España». Hernández, testigo directo de la situación vivida durante el Covid por su condición de personal del SAS, sí admitió «imperfecciones administrativas en el proceso» por la «premura y la emergencia en las contrataciones» pero «ajustándose de menera escrupulosa a la ley».

Rocío Hernández remarcó que «la asesoría jurídica del SAS avaló, mediante dos informes –uno del 28 de diciembre de 2021 y otro del 10 de agosto de 2022–, las prórrogas de los contratos de emergencia que el SAS realizó con motivo de la pandemia», y puntualizó que «se realizaron en total tres ampliaciones de la llamada Declaración de Emergencia Única, aquella que facultaba al Servicio Andaluz de Salud para recurrir al procedimiento de contratación de emergencia para dar soporte legal a estos contratos».

La consejera añadió que, «una vez ya controlada la pandemia» el empleo de este procedimiento fue «prácticamente residual» y no se recurre a él desde el 17 de mayo de 2023.

En 2020, la contratación de emergencia supuso «el 26,56% del total de la contratación pública», cifra que «disminuyó al 11,17% en 2021 y continuó bajando hasta el 3,41% en 2022», mientras que, en 2023, «el empleo de este mecanismo fue meramente anecdótico, con apenas un 0,9% del total de la contratación pública, única y exclusivamente para el tratamiento de pacientes oncológicos», aclaró. La consejera defendió también que la Cámara de Cuentas, «otro de los organismos de fiscalización de que dispone esta comunidad, avaló en su momento la política de contratación de emergencia que realizó la Junta para gestionar la crisis sanitaria», y subrayó que «todos estos contratos están publicados en el portal de transparencia de la Junta».

Pidió "respeto" para los tres gerentes investigados y a su gestión y, principalmente, a la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud que «es una mujer ejemplar y admirada en el sector de la salud». «La doctora Valle García cuenta con toda mi confianza», añadió.

Rocío Hernández ha cerrado su intervención enfatizando que «todos los contratos de emergencia realizados por el SAS están dentro del periodo de la crisis sanitaria que decretó el Gobierno de España» y «están avalados por informes jurídicos», y ha subrayado que «el Gobierno de España declaró el fin de la crisis el 4 de julio de 2023, y la contratación de emergencia del SAS de Salud finalizó el 17 de mayo de 2023, es decir, un mes y medio antes» de esa otra fecha.

Para la oposición, la consejera «justifica lo injustificable», la izquierda habla de «prácticas corruptas», de «saqueo» y «desvergüenza política». «A lo mejor están esperando un amigo con toga», llegó a decir Inma Nieto. Según la líder de Por Andalucía, sin esos contratos de emergencia «no habría pasado nada».