Ecologistas aprietan para bloquear la mina de Aznalcóllar

En la mente de muchos todavía perduran las nefastas imágenes de aquel lejano 25 de abril de 1998, cuando la balsa minera de la empresa Boliden se rompió provocando uno de los mayores desastres naturales de la historia de España. Se vertieron 5,5 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y cerca de 1,9 de aguas ácidas. Según la Universidad de Granada, el vertido se desbordó sobre las riberas de los ríos Agrio y Guadiamar a lo largo de 40 kilómetros para los lodos y 10 más para las aguas, con una anchura media de unos 400 metros. En total, se vieron afectadas alrededor de 4.600 hectáreas a las mismas puertas del Parque Nacional de Doñana.

El temor a que esas imágenes se puedan repetir es lo que ha impulsado a los ecologistas a intentar bloquear por todos los medios la reapertura de la mina de Aznalcóllar, un proyecto liderado por el conglomerado empresarial Grupo México y Minorbis. Tanto el Ayuntamiento de la localidad sevillana como la Junta de Andalucía ven con buenos ojos la iniciativa, que crearía 2.000 empleos entre directos e indirectos.

De esta manera, Ecologistas en Acción presentó un recurso contencioso administrativo contra la autorización ambiental unificada (AAU) que debe emitir la Junta para dar vía libre a las extracciones. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) había reclamado esta documentación, por lo que la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente acaba de ordenar su remisión a la autoridad judicial. La Consejería ya subrayó su «compromiso con la transparencia y el cumplimiento estricto de la normativa ambiental en el marco del proyecto de reapertura de la mina Los Frailes», asegurando que la tramitación de este expediente «se ha llevado a cabo con el máximo rigor técnico y jurídico, garantizando la evaluación de los posibles impactos ambientales y la aplicación de medidas preventivas necesarias para la protección del medio ambiente y la biodiversidad».

Es el último paso que queda para que se reanude la actividad en la mina: la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, es decir, cobre, zinc y plomo. Estos trabajos durarían al menos 17 años tras los tres primeros años de reacondicionamiento de la corta, pesando las insistentes advertencias de las organizaciones ecologistas sobre su impacto en el medio ambiente y en especial sobre los recursos hídricos.

En este sentido, Isidoro Albarreal, portavoz de Ecologistas en Acción, asegura a LA RAZÓN que la Junta ha tardado mucho en trasladar esta información al TSJA. «Presentamos el contencioso en septiembre y en octubre ya se le hizo el primer requerimiento». Con todo, señala que el asunto se dilatará todavía más «conociendo los tiempos de la Justicia». «El expediente es muy voluminoso y no es un proceso fácil».

Albarreal recuerda que la Junta debe dar una autorización ambiental y otra minera. Respecto a esta última, todavía no se ha emitido y puntualiza que el Defensor del Pueblo instó a que se creara un comité de expertos para estudiar cómo se harían los vertidos al Guadalquivir. Este es, a juicio del portavoz ecologista, el extremo más peligroso desde el punto de vista ambiental. «Se va a construir una tubería de 30 kilómetros desde Aznalcóllar hasta el Guadalquivir, a la altura del estadio de la Cartuja, que va a verter miles de millones de litros de agua contaminada».

No obstante, desde el desastre de 1998 la regulación ambiental ha cambiado mucho y las administraciones toman más cautelas en este ámbito. ¿Desconfían los ecologistas? «La experiencia nos dice que ninguna empresa minera cumple con las autorizaciones ambientales. En definitiva, no se van a cumplir los parámetros de vertidos y, cuando los pilles, se les abrirá un expediente sancionador que ya contemplan en sus cuentas de resultados».

Según Albarreal, la consecuencia es que «se va a envenenar el Guadalquivir, con un impacto en las actividades económicas que hay en el río, como los arroceros, la pesquería y la marisquería en la desembocadura». «Pensamos que no se ha hecho ese estudio que compare los beneficios laborales y económicos de la actividad minera con las consecuencias en el medio ambiente», apunta. En este punto, señala que en el municipio hay muchas escombreras vinculadas a la antigua mina que se pueden aprovechar. «Antes se desperdiciaba mucho mineral en la extracción. Ese material está depositado y se puede aprovechar».