El CES pide cocinas «in situ» en los colegios para los menús

El Consejo Económico y Social de Andalucía ha elaborado un dictamen sobre el Proyecto de Decreto por el que se garantiza la oferta alimentaria saludable y sostenible, en centros docentes, sanitarios, sociales y dependencias del sector público radicado en Andalucía. El organismo que preside Juan Marín señala que el texto de la Consejería de Salud y Consumo es, en líneas generales, poco ambicioso. En concreto, considera «que podía haber ido más allá con relación a los centros docentes, dado que se limita a reproducir previsiones ya existentes en las normas y documentos que se mencionan tanto en la exposición de motivos como en la memoria justificativa».

Dice el dictamen que «sería recomendable desarrollar de forma más detallada la parte referente a la oferta alimentaria en centros sanitarios y sociales, y sobre todo en los que trabajan con personas mayores» porque «se aprecia una desproporción entre su regulación y las exigencias aplicables a los centros docentes, la segunda es excesivamente detallada y la primera no incide suficientemente en las necesidades de esta población».

Con respecto a la apreciación que hace sobre los centros docentes, el CES hace especial hincapié en los menús escolares teniendo en cuenta que proyecto de decreto persigue «garantizar la oferta alimentaria saludable y sostenible en los centros públicos, privados y privados concertados incluidos en su ámbito de aplicación, que comprende a los centros docentes que imparten las enseñanzas del sistema educativo, desde la educación infantil hasta la universitaria, las residencias escolares y escuelas-hogar, los centros que imparten acciones de formación profesional para el empleo autorizadas o financiadas por la consejería competente en la materia, los centros sanitarios, los centros de servicios sociales y otros centros y dependencias del sector público radicados en Andalucía».

Así, la observación quinta manifiesta que «atendiendo a los estudios y evaluación de calidad de los menús, consideramos que impulsar y fomentar la creación de las cocinas in situ, es decir, las cocinas ubicadas en el propio centro para la elaboración completa del menú, frente a los servicios de catering o similares, debería constituir una política de fomento por parte de la consejería competente, en el ámbito de la colaboración publico privada».

La posibilidad de que los colegios cuenten con cocina propia es una reivindicación que se ha tratado en distintos momentos por todos los partidos políticos. La realidad es que el coste es muy elevado, motivo por el que se impone el modelo de «catering» en la mayoría de los centros.

Esta realidad no es ajena para el CES que en el mismo dictamen admite que «no se puede obviar el impacto económico que tendrá la implementación de algunas de las medidas que se recogen en la norma y que afectan al sector productor y distribuidor de alimentos, así como al sector de los servicios de la restauración».

Por ese motivo, considera fundamental «contar con un presupuesto adecuado para su implementación» porque «las medidas contempladas en la norma requieren recursos económicos y necesitarán cobertura presupuestaria, que garanticen más y mejores recursos materiales y humanos, así como la formación permanente y continua de las personas involucradas en la promoción de la alimentación en estos centros».

Aunque el dictamen lamenta que no se recojan datos concretos sobre la obesidad y los problemas derivados de esta enfermedad en Andalucía, señala que «los últimos datos disponibles del estudio nacional sobre la Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad (Aladino 2019) realizado en escolares de 6 a 9 años de edad muestran que el exceso de peso infanto-juvenil en Andalucía presenta niveles más elevados que el conjunto de España».

El Consejo Económico y Social recuerda que el 2 de octubre de 2017, este organismo aprobó por unanimidad el Dictamen 13/2017 sobre el Anteproyecto de Ley para la promoción de una vida saludable y una alimentación equilibrada en Andalucía. El texto, elaborado por el último Gobierno socialista, era, a juicio del CES, «más ambicioso que la norma que ahora se somete a estudio y en aquel momento, y con las consideraciones y matizaciones contenidas en el mismo, se entendió, en términos generales, oportuna la regulación que se proponía».

Por último, señala que hay en trámite un Real Decreto sobre esta materia que, de aprobarse, sería legislación básica y la norma andaluza debería adaptarse a la misma.