«¿Los andaluces de Cataluña se considerarán extranjeros?»

La Junta no va a reclamar competencias en inmigración ni en ninguna otra materia hasta que no se revise el modelo de financiación autonómico que lastra la prestación de servicios básicos como la sanidad, la educación o la dependencia. La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, repitió por activa y por pasiva que la comunidad ya ve condicionada su gestión por contar con 1.255 millones de euros menos al año, con respecto a la media de ingresos del resto de autonomías del país. Además, se alejó de los postulados de quienes quieren «romper España», en referencia al chantaje permanente de los independentistas catalanas al que el presidente Pedro Sánchez, accede para permanecer en el poder a toda costa.

«Cualquiera que lea el acuerdo firmado entre Junts y el PSOE, podría preguntarse si los 480.000 andaluces que residen en Cataluña, pero que no han nacido allí, van a ser tratados como extranjeros, porque eso es lo que dice el texto que han firmado», se cuestionó la consejera.

«¿Cuándo va a acabar esta locura?», se volvió a preguntar, asegurando que la cesión de competencias en materia de inmigración a Cataluña «pone los pelos de punta». Ante esto, la Junta de Andalucía asegura que no va a «colaborar en el desmantelamiento de España» pidiendo competencias que la Constitución Española establece como «exclusivas» del Estado.

El Ejecutivo de Juanma Moreno asegura estar «abochornado» por todo lo que está sucediendo «solo para que el señor Sánchez pueda sobrevivir» en la Moncloa. En esa línea, la titular de Economía y Hacienda calificó como un «auténtico disparate» y «humillación» esta “nueva cesión” del Ejecutivo central al independentismo catalán, y subrayó que, «hace tres días prácticamente, todo el Gobierno decía» que la cuestión migratoria «era una competencia exclusiva del Estado, según el artículo 149 de la Constitución, y ahora estamos viendo que ya han cambiado de opinión».

«Mienten descaradamente y ya no es una competencia exclusiva, ya quieren transferirla y quieren cederla», criticó la consejera en referencia a la posición del Gobierno de Pedro Sánchez, tras lo que aseguró que por parte de la Junta andaluza entienden que es «absolutamente inconstitucional» el acuerdo alcanzado con Junts.

La posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad no se descarta puesto que «hay numerosos juristas que avalan que esta cesión, esta transferencia o esta delegación es inconstitucional». Desde el Gabinete Jurídico de la Junta se está analizando, si bien «el PP a nivel nacional ya ha venido a avanzar que también estaba estudiando la posible interposición de un recurso de inconstitucionalidad».

Se está troceando a España

Según Carolina España, «las cesiones que se están produciendo al independentismo no tienen límites» y fruto de ellas «se están desmantelando todas las infraestructuras básicas del Estado». «Se está desmantelando, se está vendiendo, se está troceando España, y yo lo que me pregunto es a qué precio», continuó.

La realidad en la actualidad es que España continúa sin aprobar sus Presupuestos Generales del Estado y el Gobierno no tiene «cerrado el techo de gasto.

Además, aseguró que «en ningún país federal de Europa se ha cedido a las regiones ni la seguridad ni las fronteras», porque «son competencias exclusivas del Estado» que éste debe tener «para vertebrar el territorio», e insistió en alertar de la «auténtica locura» que, en su opinión, constituye «esta carrera que estamos viendo de cesión permanente al independentismo» que tiene como «objetivo» el «separarse de España».

Por otra parte, y como responsable de la atención de los migrantes en Andalucía, la consejera de Inclusión Social, Loles López, aseguró que el pacto afecta a Andalucía porque «Pedro Sánchez ha convertido la política migratoria en un mercado persa», todo se compra y todo se vende, «también a las personas». Según López, a diario se trasladan a Andalucía personas migrantes sin control ni coordinación ni financiación. «No sé si a los que Cataluña quiere expulsar les va a poner un autobús para traerlos a Andalucía», dijo. «Llevamos un año pidiendo que por nuestra ubicación geográfica nos considere frontera sur y no nos responde», añadió.

El Ministerio ha convocado una conferencia sectorial el próximo 17 de marzo y la consejera se preguntó para qué, puesto que en el orden del día no figura el debate del acuerdo con Cataluña. «Aquí pueden pedir Esquerra y Junts, los que llevan la voz cantante en este país, pero quienes somos considerados de segunda por Pedro Sánchez y María Jesús Montero no podemos hacerlo», concluyó.

Mientras, el PSOE-A ve constitucional el acuerdo con Junts e incluso «apuesta por abrir el debate» de pedir una Policía Autonómica andaluza. Y, por supuesto, Por Andalucía «no ve negativo a priori» que Cataluña «se implique en la gestión» migratoria. Sólo el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, criticó la medida al asegurar que «un Gobierno de izquierda o progresista no debería dejar nunca en manos de los xenófobos la gestión de la inmigración».

La emisión de deuda, muestra de músculo

►La Junta ha emitido 1.000 millones de deuda pública y recibido ofertas para la suscripción de 4.100 millones. En plena discusión sobre la condonación de deuda que plantea el Gobierno de España a las comunidades sorprende esta medida. Lejos de lo que pudiera parecer, el ejecutivo andaluz explica que se trata de una demostración de «solvencia financiera», una exhibición de «músculo», porque esa herramienta se emite para pagar «deuda que generó el PSOE-A». De 2008 a 2018 pasó de 8.000 a 35.000 millones. Algo que otras comunidades «no pueden hacer». Para explicar el rechazo a la condonación de la deuda se podría recurrir al símil futbolístico en el un entrenador pide un delantero por falta de gol, pero le ofrecen un defensa. ¿Podría mejorar la situación? Sí, pero no resolvería el gran problema. La condonación no supone «tener más recursos para salud, dependencia o educación» y, aunque mejoraría la solvencia financiera, ésta «ya es buena y salimos a los mercados”. A su juicio, María Jesús Montero hace «trilerismo político».