Un «símbolo de la depredación inmobiliaria» que permitió el PSOE para tratar de relanzar la campaña socialista en Andalucía

María Jesús Montero tiene por delante menos de año y medio para darle la vuelta a las encuestas en Andalucía. Todos los sondeos pronostican una nueva victoria electoral del PP de Juanma Moreno, que revalidaría su mayoría absoluta de celebrarse los comicios en la actualidad. Hasta junio de 2026, salvo adelanto, no están previstas las elecciones autonómicas por lo que la nueva secretaria general del PSOE apuesta por incrementar su presencia en Andalucía y tocar asuntos con los que, considera, puede obtener rédito electoral. Para ello, no duda en aprovechar su condición de vicepresidenta primera del Gobierno y utilizar un arma poderosa: el Consejo de Ministros y el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Está previsto que el Consejo de Ministros apruebe hoy la declaración de utilidad pública de los terrenos donde se ubica el hotel ilegal construido por la empresa Azata del Sol en la playa del Algarrobico, del municipio almeriense de Carboneras. Según el Gobierno, es el primer paso para la expropiación de esta edificación construida en terreno protegido del Parque Natural Cabo de Gata tras la acumulación durante dos décadas de numerosas sentencias que determinan que se encuentra en suelo no urbanizable. De hecho, supondría el inicio del «fin al mayor atentado medioambiental que ha sufrido nuestro país», como anunció la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, a los pies de este «símbolo de la depredación inmobiliaria». Un «paso previo administrativo antes de la demolición y la inmediata reconstrucción ambiental de este paraje», que podría tener lugar «en un plazo de cinco meses», siempre y cuando «la Junta de Andalucía siga los mismos pasos» del Ejecutivo Central, «expropiando los terrenos de su área de influencia». Hay que recordar que el hotel se construyó gracias a la licencia de obras que otorgó en 2003 un gobierno municipal del PSOE, con la inacción de la administración autonómica socialista.

De esta forma, la ministra de Hacienda explicó que la declaración de utilidad pública afectaría a los terrenos y bienes incluidos en la zona de servidumbre de protección para la defensa y el uso del dominio público marítimo-terrestre en el término de Carboneras. Sin embargo, el hotel engloba también «suelo de competencia autonómica», por lo que Montero invitó a la Junta a que «siga los mismos pasos del Gobierno de España, expropiando los terrenos de su área de influencia», porque una vez completados estos trámites, «podremos llevar a cabo la demolición», asegurando que esta «será financiada» por el Estado.

Así, la candidata andaluza del PSOE instó a «trabajar conjuntamente» para que la administración autonómica realice el mismo proceso y que, «de forma coordinada», pueda llevarse a cabo la operación de «recuperación medioambiental». En este sentido, se convocará la Comisión de Seguimiento para la recuperación de la playa de El Algarrobico, en la que están representadas la Administración Central y la Junta de Andalucía, para un «impulso definitivo» a la desaparición del edificio y la reconstrucción del paisaje. No obstante, Montero quiso dejar claro que «si la Junta no cumple con su parte y no quiere colaborar, el Gobierno buscará alternativas para llevar a cabo la demolición del hotel y la restauración del paraje natural». «Se trata de un acto de justicia medioambiental y para los almerienses, los andaluces y el conjunto de los españoles», señaló, puntualizando que «si hay voluntad política, que por nuestra parta la hay, nadie ni nada va a poder evitar que se derribe».

La estrategia parece clara: si el proceso se acelera, Montero tratará de apuntarse políticamente el tanto de la demolición y, en el caso de que no sea viable o se eternice como ha sucedido en otras ocasiones, el PSOE tratará de responsabilizar al presidente Juanma Moreno.

Sobre los posibles movimientos legales que podría iniciar la empresa promotora tras esta decisión, María Jesús Montero, aseguró que el Ejecutivo «no tiene miedo» y que hay que «terminar con años de litigios, recursos y burocracia legal».

Por su parte, desde la Junta matizaron que «no hace falta expropiar para demoler el edificio: basta que el Ayuntamiento de Carboneras cumpla con lo que mandó el TSJA y declare nula la licencia de obras que otorgó en su día».

Además, el Ejecutivo autonómico insistió en que este «atentado medioambiental» fue «perpetrado durante los gobiernos del PSOE» y puntualizaron estar «preparados para cumplir con su obligación de manera inmediata». Asimismo, la administración regional estimó que «la expropiación no es la mejor fórmula, porque eternizaría el proceso en caso de recurso judicial» y que «este anuncio demuestra falta de lealtad con la Junta de Andalucía adelantando una decisión que no sólo no se ha tratado en la comisión mixta de seguimiento, sino que va en otro sentido a los últimos acuerdos».

En esta línea, recuerdan las palabras de la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro, plasmadas en la última acta de la comisión, coincidiendo en «la necesidad de que recaiga nulidad de la licencia urbanística otorgada por el Ayuntamiento de Carboneras» e incidiendo en «el cumplimiento de las disposiciones judiciales para poder continuar en el sentido encaminado a la demolición del edificio».

"Falta de lealtad"

Más allá de la viabilidad del anuncio sobre el futuro del Algarrobico de María Jesús Montero, la actitud de la vicepresidenta demuestra que perseguía más un efecto político que práctico. Solo así se entiende que la ministra de Hacienda acudiera ayer a Carboneras y no avisara previamente ni al Ayuntamiento de la localidad ni a la Junta de Andalucía. Precisamente, existe desde 2011 un protocolo general de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Junta de Andalucía, para la recuperación de la playa de El Algarrobico, en el término municipal de Carboneras. El texto tiene como finalidad «garantizar la actuación coordinada de ambas administraciones en orden a la demolición del edificio destinado a hotel situado en la playa de El Algarrobico».

En este sentido, desde el Gobierno andaluz consideraron que la actitud de Montero «demuestra falta de lealtad con la Junta de Andalucía adelantando una decisión que no sólo no se ha tratado en la comisión mixta de seguimiento, sino que va en otro sentido a los últimos acuerdos».

Por su parte, el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, lamentó que Montero fuera al municipio «a utilizar el hotel con fines partidistas, anunciando medidas unilaterales que ya veremos a dónde llevan». «Nos encontramos con una visita improvisada de la vicepresidenta primera, y con un uso partidista de un tema tan delicado y judicializado aún como es el del hotel», insistió

La licencia de obras del hotel construido por Azata del Sol se aprobó en enero de 2003. Casi veinte años después, en diciembre de 2022 el Tribunal Supremo consideró que todavía era «plenamente legal» de acuerdo al planeamiento urbanístico vigente, aunque determinó que el Ayuntamiento procediera a su revisión.

Las obras comenzaron en mayo de 2003 y fueron paralizadas en febrero de 2006 por un juzgado de Almería, en respuesta a una demanda presentada contra su edificación por la asociación ecologista Salvemos Mojácar. Al final de esta historia aún le queda algún capítulo.