Memoria histórica
Las excavaciones arqueológicas promovidas en la fosa común de Pico Reja del cementerio municipal de Sevilla, donde descansarían los restos de 1.103 personas represaliadas por las tropas sublevadas desde el comienzo del alzamiento militar hasta el 31 de agosto de 1936, avanzan con la “hipótesis” que barajan los investigadores respecto a que en dicho espacio fuesen enterrados “presos políticos de la prisión provincial fallecidos por enfermedad”, extremo que ha propiciado indagaciones en el ámbito documental.
Cuando se cumple un año del comienzo de los trabajos de exhumación de esta fosa común del cementerio de San Fernando a manos de la empresa Aranzadi Sociedad de Ciencias tras su contratación por parte del Ayuntamiento de Sevilla, con la colaboración económica de la Diputación, la Junta de Andalucía y ahora del Estado; un informe técnico correspondiente a las actuaciones acometidas hasta el pasado mes de diciembre expone que “la localización durante la exhumación de grupos demográficos sin signos de violencia pero arrojados a la fosa sin respeto ritual obliga a pensar en la hipótesis de que en este espacio fueran enterrados presos políticos de la prisión provincial de Sevilla, fallecidos por enfermedad”.
Merced al libro de María Victoria Fernández Luceño titulado ‘La Ranilla. Prisión de presos políticos del franquismo’, según dicho informe recogido por Europa Press, los miembros de Aranzadi Sociedad de Ciencias han investigado así “la relación de los prisioneros cuyos restos fueron conducidos al cementerio desde la cárcel durante la segunda mitad del año 1936 y durante los años 1937 a 1943”, así como “la edad y la estatura de los reclusos fallecidos en la Prisión Provincial de Sevilla y enterrados en la mencionada fosa”, con especial atención a 1941, “año de mayor número de fallecidos en la prisión”, y 1943, la fecha extrema hipotética del uso de la fosa.
INVESTIGACIÓN EN ARCHIVOS
Igualmente, la labor documental incluye “una investigación en archivos para continuar con la identificación de las personas, que procedentes de la Beneficencia Municipal, fueron enterradas en la fosacomún, abarcando las fechas de julio de 1936 hasta julio de 1938”.
Y mientras según historiadores en la fosa de Pico Reja podrían haber sido inhumados miembros de la corporación municipal hispalense de la época, algunos alcaldes e incluso diputados, acogiendo quizá los restos de Blas Infante, reconocido como padre de la Patria Andaluza, otro de los aspectos de la investigación documental abarca la posible “ubicación de fallecidos del bando golpista” en dicho espacio.
“La base de estos datos es el trabajo de Fernando Sígler (2020) en el Archivo Municipal de Sevilla”, con borradores de actas de la Comisión Gestora del Ayuntamiento datadas en 1936, que “reflejan cómo desde agosto de 1936 existen disposiciones para conceder espacios (en el cementerio) a militares e integrantes del bando golpista”, dudando los investigadores “de la presencia de esas decenas de fallecidos, sugerida” por el historiador José Díaz Arriaza respecto a la fosa de Pico Reja.
LAS DISPOSICIONES
Y es que en una de tales disposiciones, por ejemplo, se acuerda en concreto “ceder a perpetuidad una sepultura para inhumación del cadáver del capitán de la Guarida Civil Cipriano Heredero Rábano, inhumado el 4 de agosto en la sepultura a perpetuidad número 8 de la calle Virgen María, cuarta cuartelada, apreciando las circunstancias de haber dado su vida por la Patria (...) al combatir las hordas marxistas, con el fin de librar a España de la ominosa dictadura roja”.
Otro de los documentos localizados en ese sentido es una “comunicación” del general Gonzalo Queipo de Llano, --cuyos restos descansan en la basílica de la Macarena frente al acuerdo municipal que reclama su salida de dicho templo--, “acogiendo con entusiasmo el acuerdo del Ayuntamiento de construir un panteón ‘donde reposen los restos de los que dieron su vida por la Patria en el movimiento salvador de España’, (...) dando las gracias por exceptuar de derechos la inhumación de los muertos en la actual campaña, tanto del Ejército como del Requetés y Milicias Nacionales”.
La investigación documental, así, va a “continuar con la identificación de las personas que procedentes de la Beneficencia Municipal fueron enterradas en la fosa común”, además de profundizar en “la edad y la estatura de los reclusos fallecidos en la Prisión Provincial de Sevilla y enterrados en la mencionada fosa común”, o la “consulta de los Consejos de Guerra y Causas en el Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla”, figurando en este apartado los juicios a los que fueron sometidos los miembros de la Columna Minera de Riotinto.