Abusos a menores, el «delito» de mirar hacia otro lado

El silencio de unos padres, la inacción de un colegio y la falta de inspección por parte de la administración han disparado las alarmas sobre los fallos en los protocolos ante presuntos abusos a menores y han instaurando entre la opinión pública un nuevo 'delito': el de mirar hacia otro lado.

Andrés Díez fue detenido el martes de la semana pasada acusado por la Policía de una quincena de delitos de abusos sexuales, uno de violación y otro de exhibicionismo, supuestamente cometidos desde 2006 contra alumnas de entre 12 y 17 años del Colegio Valdeluz de Madrid y de la academia de música Melodía Siglo XXI, aneja al colegio.

El juez decretó su ingreso en prisión provisional por siete delitos de abusos sexuales (eliminó las acusaciones por violación y exhibicionismo), y desde el viernes el docente se encuentra en la prisión de Soto del Real.

Los presuntos hechos se hubieran quedado en un suceso deleznable de no ser porque durante la investigación ha trascendido que tanto el colegio como la Comunidad de Madrid tuvieron constancia ya en 2007 de algún posible caso de abusos a una menor por parte de este profesor.

¿Qué pasó desde 2007? Ese año unos padres acudieron con su hija, menor de edad, al Centro Especializado de Intervención en Abuso Sexual Infantil (Ciasi) de la Comunidad de Madrid, donde afirmaron que la niña había sufrido abusos sexuales por parte del profesor.

No quisieron poner una denuncia, y el Ciasi se limitó a recomendarles que sí lo hicieran, pero sin darlo a conocer a la Fiscalía, ni a la dirección del colegio ni a la Consejería de Educación para que enviara una inspección al centro educativo.

El Gobierno madrileño ha defendido la actuación del Ciasi tirando de legislación: el Código Penal limita la posibilidad de denunciar un delito contra un derecho de carácter "privado"(como lo son el de la libertad sexual, el derecho al honor o a la propia imagen, por ejemplo) a la víctima o, en el caso de ser menor, a sus padres.

Pero el hecho de que el Ciasi cumpliera la ley no ha evitado una tormenta de críticas sobre el protocolo a seguir en un caso así.

La propia consejera madrileña de Educación, Lucía Figar, llegó a admitir a título personal que aunque se hubiera respetado la ley en su opinión se debería haber dado traslado de los hechos a la Fiscalía por "sentido común", y apuntó que quizá sería necesario revisar los protocolos de actuación.

También tuvieron responsabilidad, según la investigación, el director y el jefe de estudios del colegio Valdeluz, que llegaron a ser detenidos (y luego puestos en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando les requiera) porque supuestamente conocían los hechos y no denunciaron al profesor.

Otra persona que estaba al tanto de los hechos era, también de acuerdo con la investigación, el psicólogo del colegio, que al parecer atendió a alumnas que decían haber sido víctimas de abusos pero se limitó a hablar los casos con los padres.

Una respuesta que, según el Colegio de Psicólogos de Madrid, no es la adecuada, ya que cuando un psicólogo tiene conocimiento e indicios suficientes de que un menor puede estar siendo objeto de abusos sexuales por parte de un adulto debe transmitirlo al equipo directivo del centro educativo.

Y en primera instancia también los padres de las víctimas que no denunciaron deben responder por no poner en conocimiento de la Policía y de la Justicia los presuntos delitos cometidos contra sus hijas.

Un cúmulo de fallos en los protocolos o de miradas hacia otro lado que, según Javier Urra, psicólogo y exdefensor del Menor de la Comunidad de Madrid, deberían haberse evitado desde cualquiera de las partes implicadas porque tanto el Código Penal como la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la de protección del menor dicen "claramente"que hay que comunicar los casos de abusos.

Porque, ante todo, hay que defender el interés de los menores.