Yo tampoco lo entiendo, Su Señoría

A ver, queridos niños, resulta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tumba por unanimidad la querella del presidente del Gobierno y marido de Begoña Gómez contra el juez Juan Carlos Peinado con un auto de esos a conservar en bronce y en términos incontestables –«adolece de fundamento, es especulativa, responde a prejuicios y aúna finalidad espuria»– y aquí no pasa nada. Los mismos magistrados que concluyen la existencia de una maniobra torticera, urdida por un abogado del Estado y amparada por la propia Fiscalía, sector «de-quién-depende-pues eso», para apartar al juez Juan Carlos Peinado, rechazan la consecuencia lógica, la que expone con absoluta nitidez el voto particular del magistrado José María Santos Vijande, –que es para grabar en piedra con cincel de plata– y se niegan a deducir testimonio y abrir una pieza separada para restaurar la legalidad. Porque es de cajón de madera de pino que, si nos hallamos ante un uso abusivo de la acción penal, es decir, del derecho a querellarse, y se infiere la existencia de mala fe procesal, lo que toca es empapelar al presunto autor, juzgarle y, si toca, aplicarle la sanción correspondiente: multa de entre 180 y 6.000 euros. Ya me inclino por la última, el viejo millón de pesetas, que no es mucho para los emolumentos del presidente y, además, puede pagarla a escote con el fiscal y el abogado del Estado, de los que callo sus nombres porque Pedro Sánchez pasará más tarde o más temprano, pero ellos tendrán que afrontar una, espero, larga y fructífera carrera al servicio de los ciudadanos y de la Justicia, convenientemente pagados con los impuestos de todos, incluso, los del juez Juan Carlos Peinado al que han intentado joder, llamándole prevaricador, que es muy feo cuando se trata de un magistrado. Y es que, desde que la podemia sacó la cabeza del fango y tomó aire, los insultos más terribles están a la orden del día. Tildar a un juez de prevaricador es como acusar de pedófilo al profesor de una guardería, de violador de sus hijos a un padre o de asesino de ancianos al geriatra de una residencia de viejos. Demuestra, cuando menos, bajeza moral y una absoluta falta de empatía. Ahí tenemos al juez retirado Manuel García-Castellón –cincuenta años de servicio os contemplan– obligado a querellarse con la diputada de Podemos y portavoz parlamentaria, Ione Belarra, que despachó la carrera y el honor de un magistrado sin la menor tacha con un tuit de este cariz: «Lo dijimos hace meses y ahora se confirma, este y otros jueces corruptos, que ha prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se van a ir de rositas sin sanción alguna gracias al PSOE. Vergüenza». Corrupto y prevaricador, con un par. Que conste, que a las Belarras las tengo en una alta estima, aunque sólo sea porque han conseguido hundir a la extrema izquierda española justo cuando se daban las condiciones sociales y ambientales precisas para su resurgir. Su labor de demolición, como la de Pablo Iglesias o Yolanda Díaz, es impagable y baste con imaginar que hubieran estado al mando, en el Gobierno, Juan Carlos Monedero o Íñigo Errejón –con cabezas bien amuebladas de marxismo teórico, aunque sea del Ikea–, para calibrar el riesgo que habría corrido la democracia en nuestro país. Porque la suerte para nosotros es que las Belarras dicen las cosas sin ningún filtro y, así, sabemos qué tipo de jueces son de su agrado. Se parecen a los de la Alemania Oriental.