La realidad de Franco y los judíos

El pasado febrero, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, informaba sobre la concesión de la nacionalidad a 182.613 represaliados del franquismo y sefardíes de origen español. Resulta curioso que mezcle a los judíos sefardíes con los descendientes de los exiliados del Frente Popular, derrotado en la Guerra Civil.

La presencia religiosa de los judíos en España acabó cuando fueron expulsados en 1492, aunque un tercio de ellos se quedaron convertidos al catolicismo, y otra importante parte volvieron más tarde cumpliendo las mismas condiciones. España fue la última nación en dictar unas medidas presionada por la sociedad de entonces, después de que en el siglo XIV fuesen expulsados de Francia e Inglaterra, a la vez que fueran perseguidos por los «matadores de judíos» en el Sacro Imperio Romano Germánico. Aunque la memoria particular de algunos sólo recuerde el primer hecho. Sin embargo, en el museo Yad Vashem de Jerusalén se pueden encontrar a siete españoles entre los Justos entre las Naciones, aquellos que arriesgaron su vida para salvar judíos en el peor momento de su historia, el Holocausto. En su mayor parte son miembros del servicio diplomático español, honrados por el arriesgado esfuerzo humanitario que realizaron durante la Segunda Guerra Mundial. Las noticias sobre el Holocausto no fueron conocidas en los círculos diplomáticos hasta que el oficial polaco Witold Pilecki, internado voluntariamente en el campo de Auschwitz, se fugó, después de organizar la resistencia en su interior, para trasmitir al exterior las noticias de las que había sido testigo. Su informe sería divulgado por el Gobierno en el exilio polaco en 1943, siéndole negada su veracidad por el Ejecutivo de Winston Churchill.

Sin embargo, las deportaciones de las comunidades judías y el eco del informe Pilecki alarmó a algunos diplomáticos españoles que informaron al gobierno español. El general Franco ordenó la inmediata protección a los judíos de origen español, conocidos como sefardíes, valiéndose de una ley emitida durante el régimen del general Primo de Rivera en 1924, por la cual se les consideraba ciudadanos españoles a los judíos residentes en el Protectorado de Marruecos. Aquella medida se hacía siguiendo el ejemplo del decreto Crémieux de 1870, que había concedido la ciudadanía francesa a los judíos argelinos. Una de las comunidades sefardíes más numerosas era la de Salónica, en Grecia, donde en la temprana fecha de 4 de agosto de 1943 el Consejo de Ministros presidido por Franco, autorizó la repatriación de la comunidad. Parte de ellos fueron trasladados al campo de Bergen-Belsen, de donde finalmente fueron salvados por el embajador español, Sebastián Romero Radigales, que consiguió su traslado a Marruecos.

El general Francisco Gómez-Jordana Souza que ocupó el Ministerio de Asuntos Exteriores desde septiembre de 1942 hasta su fallecimiento en agosto del año siguiente, amigo personal del general Franco, fue el que dio las directrices al personal diplomático español para efectuar todas las medidas que fuesen necesarias para salvar al máximo número de judíos, evitando en todo lo posible cualquier prueba que pudiese ser usada por los alemanes como amenaza contra España. La documentación existente entre el ministro de exteriores español y el embajador de los EEUU en España así lo prueba. Su sucesor, el empresario vasco José Félix de Lequerica, mantendrá la misma línea de actuación. El 23 de octubre de 1944 José Félix Lequerica le transmitió al embajador estadounidense que España haría todo lo posible por salvar en primer lugar a los sefarditas de nacionalidad española, en segundo lugar a los de origen español y finalmente el mayor número posible de judíos.

A partir de entonces, el personal de las legaciones de Berlín, Vichy (Francia), Sofía, Bucarest, Budapest y Atenas, realizaron todos los operativos posibles para el salvamento, desde la entrega de documentación española, ocultamiento y negociación de traslados al norte de África o España. Sebastián Romero Radigales, embajador a la legación de Atenas; Eduardo Propper de Callejón, diplomático de alto rango en la embajada española de París y después cónsul en Burdeos; José Ruíz Santaella, agregado de Agricultura de la embajada de España en Berlín; Bernardo Roland de Miotta, cónsul general de España en París; José de Rojas y Moreno, embajador de España en Bucarest (Rumanía); Julio Palencia y Tubau, ministro plenipotenciario en Sofía (Bulgaria); Miguel Ángel Muguiro, ministro plenipotenciario en Budapest (Hungría), tras su expulsión, sustituido en su labor por Ángel Sanz Briz, encargado de negocios de la legación española en Budapest en el verano de 1944. Evidentemente, todos ellos recibieron órdenes y apoyo del jefe del Estado, Francisco Franco.

El profesor Haim Avni, de la Universidad Hebrea, especialista en el tema, ha evaluado como cifra mínima un total de al menos cuarenta mil judíos los que fueron salvados por iniciativa española. Otros, como Chaim Lipschitz en su libro Franco, Spain, the Jews and the Holocaust, afirma que Francisco Franco salvó a más de sesenta mil judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El historiador Shlomo Ben Ami, que ejerció de ministro de Asuntos Exteriores de Israel y de embajador de Israel en España, confirmó que España salvó más judíos que todas las democracias juntas.

Autores más recientes, como el estadounidense Lawrence H. Feldman sacó a la luz en su primer volumen de su obra Refugiados de Franco. Documentos de los judíos que llegaron a través de España y Portugal a la ciudad de Nueva York. 1940-1941, un listado de casi un millar de judíos europeos con su plena identificación. Pruebas irrefutables que confirman que España no se mantuvo de brazos cruzados, sino que a través de sus representantes oficiales demostró su espíritu «quijotesco», salvó el máximo de personas posibles, y miles de familias pudieron encontrar un segundo hogar al otro lado del atlántico.

Estas afirmaciones, están alejadas del rigor y la verdad histórica, bien pudiendo constituir una intromisión ilegítima en el honor de personas ya fallecidas, dando lugar, tal vez, a la comisión de delitos de injurias y calumnias.

Jesús Villanueva Jiménez.Presidente Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces