Aunque en España, a raíz de los compromisos adquiridos por Pedro Sánchez con los nacionalistas catalanes, se ha tratado de rebajar el reproche penal de la malversación de fondos públicos, en Europa se considera un delito grave, más cuando se perpetra por funcionarios o cargos electos, obligados no sólo a hacer cumplir la ley, sino a cumplirla con mayor celo si cabe. Este es el trasfondo de la condena que ha sufrido la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, que no podrá presentar su candidatura a la presidencia de la República gala por haber sido inhabilitada para ejercer un cargo público por un periodo de cinco años. Puede recurrir en apelación, pero los hechos probados de la sentencia no permiten albergar muchas esperanzas. Sus partidarios podrán criticar a la Justicia y tildarla de arbitraria, ya están en ello, pero en la UE no está bien visto jugar con el dinero de todos los ciudadanos.