El Estado se va de Cataluña

Tras el fracaso del procés para que Cataluña se fuera de España, el independentismo ha adoptado una nueva estrategia más posibiliista que consiste en que sea el Estado quien se vaya de Cataluña. Para conseguirlo se están sirviendo de un partido, el PSOE, y un personaje, Sánchez, convertidos en el instrumento ideal e inimaginable, a cambio de poder seguir viajando en Falcon y residir en la Moncloa. Y así contentar a sus queridos Alex Soros y Bill Gates. En cuanto a sus sumisos militantes -progresistas, feministas y socialistas-, cuando menos parecen conformarse con progresar ellos, viviendo confortablemente del erario público sin excluir eventuales nuevas y mejores oportunidades. Ahora ya se preanuncia la última claudicación sanchista ante quienes promovieron y ejecutaron un auténtico golpe de Estado contra el mismo fundamento del orden constitucional. Y en un ámbito de gran sensibilidad para la soberanía nacional como es el control de fronteras y la inmigración, hoy además de una singular importancia incluso para la misma identidad nacional española ante la creciente inmigración irregular no hispana. Es el pago exigido a cambio de renunciar, de momento, al último ultimátum del residente en Waterloo y no someter a Sánchez a una cuestión de confianza en el Congreso. Y que pueda aprobar sus primeros presupuestos de la legislatura, lo que significaría de hecho garantizarle la legislatura hasta 2027, por lo que el pago está a la altura de tal concesión. Sánchez comparte con Junts y ERC los pagos a cuenta y así, mientras a uno le entrega para su explotación política la gestión de las Cercanías ferroviarias y una condonación de más de 17 mil millones de euros de su deuda, al otro le concede una herramienta idónea para competir con la ultraderechista y separatista Aliança catalana. Que hace del rechazo a la inmigración irregular su gran ariete de combate dada la masiva presencia musulmana en su feudo gironí. El artículo 150.2 de la Constitución permite que mediante ley orgánica se delegue la gestión de competencias de titularidad estatal «que por su propia naturaleza sean susceptibles de tal delegación». La cuestión por tanto es considerar si darle (entre otras) al secesionismo la capacidad de intervenir sobre a quién se le acepta o se rechaza su acceso al territorio nacional, tiene tal naturaleza. Las consecuencias que tal decisión generaría en el resto de España son de una naturaleza similar a considerar que de hecho haya dos fronteras cual dos estados en España. Y con su proyección en la UE donde la política migratoria es considerada de singular importancia y los Estados son los únicos interlocutores legitimados para debatir sobre ello.