En sus respectivos cargos comunitarios, Teresa Ribera y Nadia Calviño, ambas exministras de Pedro Sánchez, favorecen con ayudas y créditos muy generosos, la prolongación de la vida útil de dos centrales nucleares belgas y la prospección de nuevos yacimientos de uranio para la industria francesa. En el caso de Ribera, hablamos de más de 20.000 millones de euros de fondos comunitarios, lo que no deja de ser notable para una activista antinuclear que se ha negado a recibir en Bruselas a una delegación española que demandaba la prolongación de la vida activa de la central de Almaraz. Sólo desde la cerrazón ideológica puede explicarse el doble lenguaje de esta izquierda patria, que fomenta la energía nuclear en Europa –como, por cierto, también hace ahora el Banco Mundial– y mantiene el programa de cierre de los siete reactores que operan en España a partir de 2027.